Quienes laboran en condición asalariada para el sector Público del país, esperan con ansias la definición del monto del reajuste por costo de vida a sus respectivos salarios, mismo que debe aplicarse, retroactivamente, a partir del pasado 1 de julio. La discusión al respecto, la primera para este conglomerado laboral del país en el gobierno que encabeza don Luis Guillermo Solís Rivera, ha quedado abierta y nos da oportunidad de plantear una visión sindical al respecto. No la única.
Hemos adversado y lo seguiremos haciendo, la tesis neoliberal reiterada por los círculos político-económicos de la hegemonía dominante en el país, la del capital financiero, de que los salarios del personal del sector Público son los responsables del déficit fiscal.
Ha habido una intensa campaña mediática en los últimos años para culpabilizar ante la ciudadanía a los empleados públicos de que sus salarios y sus pluses son la base del problema fiscal del país.
Es evidente que las generalizaciones de todo tipo llevan a la formulación de juicios de valor que no solamente conducen a cometer injusticias, sino a impedir que emerjan las verdaderas causas del problema, lo que nos ayudará a encontrar las soluciones más apropiadas.
En este aspecto de los salarios y las remuneraciones que se pagan en sector Público y el problema del déficit fiscal, debemos definir cinco grandes ámbitos que deben conjuntarse para que el abordaje del asunto sea integral.
PRIMERO: La naturaleza perversa del sistema tributario costarricense por su injusto carácter regresivo: pagan más, proporcionalmente hablando, los que ganan menos. Muchas veces lo hemos planteado y lo seguiremos haciendo. El país requiere una “revolución tributaria”, una transformación tributaria estructural y los sectores sociales y sindicales tenemos propuesta al respecto.
SEGUNDO: En el entretanto, mientras llegan las condiciones político-estratégicas para esa “revolución tributaria”, se necesita una férrea decisión gubernativa para entrarle durísimo a captar esos 12 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), que andan dando vueltas en la calle: aproximadamente 6 puntos por concepto de evasión y elusión tributarias en todas sus formas, que no es más que el vulgar robo de impuestos con ropaje legal o sin él; y otros 6 puntos por concepto de exenciones y exoneraciones de todo tipo.
Hemos notado que el señor Ministro de Hacienda, el distinguido ciudadano don Helio Fallas Venegas, viene planteando algunas cosas en tal sentido pero se requiere de gran potencia política y aguerrida cruzada que todavía no la vemos en su necesaria dimensión.
TERCERO: En este tema de las remuneraciones salariales del sector Público hay ya diferenciaciones de clase que no se pueden seguir negando. Aunque ambos trabajan para el Estado, no es lo mismo hablar del salario del gerente general del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), que hablar del salario del servidor público que cuida las instalaciones de una escuela en una zona urbano-marginal.
No es lo mismo hablar del salario del regulador general que el salario de la compañera cocinera de una cárcel o de un CEN-CINAI.
No es lo mismo hablar del salario del policía (penitenciario, Fuerza Pública, de Migración), porque un aumento digno para él podría significarle cuatro veces más al médico de 18 millones de colones mensuales.
Entonces, deben cuidarse mucho “los del otro lado de la acera”, porque necesariamente la relación entre salarios del sector Público y déficit fiscal no es “mecánica”, como vemos.
CUARTO: Es preciso derribar los muros ideológicos neoliberales que pretenden enfocar el tema del déficit fiscal como un asunto “técnico”. Debemos ensayar, o al menos debatir, nuevas formas de medición del déficit fiscal, hablando de la globalidad del sector Público. Hay que liberarnos de la “satanización” del déficit fiscal considerando solamente “el debe y el haber” en el Gobierno Central.
Por otra parte, debemos debatir cuál es la cifra correcta, saber con cuánto déficit podemos vivir como país y como sociedad, para también abolir la mítica barrera neoliberal del 3% como el límite fatalista “antes del caer al precipicio”.
Y, finalmente, cuál son las necesidades vitales de hoy en materia de empleo público, habida cuenta de ese escenario perverso que parece haber llegado para quedarse, el de la desigualdad. El congelamiento fundamentalista del empleo público en ámbitos donde el servicio público es, en esencia, salario social, está causando graves estragos precisamente en ámbitos de población ya no solamente pobre, sino vulnerable; e, incluso, en algunos sectores de las capas medias.
QUINTO: Evidentemente, es necesario que haya una redefinición estratégica de lo que significa en la Costa Rica hoy, la de la desigualdad creciente, ser servidor público. Hay que prestigiar la función pública dedicada al bien común y generar un profundo acercamiento del servicio público y de quien lo presta al ciudadano. Efectivamente, habrá que impulsar algunas reformas legales y algunas podrían ser dolorosas.
Pero, estamos convencidos de que haciendo las necesarias discriminaciones que eviten las desafortunadas generalizaciones, necesitamos nuevos modelos de evaluación del desempeño para potenciar la eficiencia y la eficacia, reconociendo la alta productividad y “castigando” la mediocridad, erradicando esas calificaciones anuales de trámite que, en términos generales, han perdido sentido.
Pero estas necesarias transformaciones no serán posibles si la clase dominante y gobernante no dan el ejemplo; de ellos dos son clave: por un lado, la modificación tributaria por el lado de las rentas del capital; y, por otro, modificaciones legales profundas para las pensiones de lujo y para los regímenes salariales abusivos de ciertos cárteles gremiales-corporativos.
Acometer la histórica tarea anterior, requiere de gran voluntad política que desafíe el poder de la hegemonía dominante. Sabemos de sobra que quien llega a la Presidencia de la República tiene (o debería tener) el control del Gobierno, no necesariamente tiene el poder. La acción gubernativa tiene que definirse.
Es de tal calibre el crecimiento de la desigualdad en el país que, desde nuestra perspectiva, tal definición tiene que darse hacia la promoción del bien común, de nuevas oportunidades de movilidad social, de transformación del empleo público para entroncarlo con la ciudadanía y de la necesaria transformación tributaria estructural.
El Gobierno del Presidente Solís debe comprenderlo en toda su dimensión y saber que si se decide por este lado, generará una furiosa reacción del capital hegemónico y de sus correspondientes latifundios mediáticos; pero, también, deberíamos entenderlo quienes nos desenvolvemos en el lado de los movimientos sociales y, particularmente, sindicales; entendiendo que la acción sindical de nuevo tipo debe acercarse a la ciudadanía y darle más integralidad a nuestro accionar, oxigenándolo un poco para limpiar la atmósfera del corporativismo-gremialista excesivo en la cual estamos sumidos.
