Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP
La Costa Rica de la actualidad, ubicada en la deshonrosa posición de ser uno de los diez países más desiguales del planeta, sigue avanzando en la peligrosa senda de la polarización social extrema, vista desde la concentración de la riqueza y de la exclusión social y económica.
El grupo de gobierno de Carlos Alvarado Quesada, con la estafa política cometida entregándose a la plutocracia reinante, solamente ha agravado tal situación. La circunstancia de la crisis sanitaria de la pandemia llegó en un momento en el cual tal polarización se había vuelto inobjetable.
Con ocasión de las elecciones presidenciales del próximo 6 de febrero de 2022, vista esta circunstancia con lente obrero-social y sindical no alineado, surgen varios temas de gran profundidad para el impulso de políticas públicas en la dirección contraria que le ha impuesto al país esa plutocracia reinante, la alta tecnocracia de la institucionalidad que le es funcional, sus matrices mediáticas principales y las repetidoras sumisas; así como la acción ejecutiva del grupo gubernativo que encabeza Carlos Alvarado Quesada y los partidos representados en la actual Asamblea Legislativa: Liberación, Unidad, Acción Ciudadana y los “religiosos”.
De tales temas, hoy vamos a citar cinco (aunque hay más). El orden en que se exponen no indica prioridad de uno sobre otro; sino que, se conciben como articulaciones necesarias entre sí de política pública contrarias al orden ideológico-político y hegemónico que nos está imponiendo la plutocracia reinante.
Uno: Acabar con ese “sacrosanto” precepto neoliberal de la independencia del Banco Central. Hay que quitarle esa soberbia política de considerarse “república independiente”. Hasta un destacado economista que se define a sí mismo como socialdemócrata, don Guillermo Zúñiga Chaves, ligado al partido Liberación Nacional, es de la tesis de que al Banco Central se le deben dar estratégicas tareas como promocionar políticas de empleo.
Dos: Se requiere una revisión sustancial del concepto de salario mínimo, de forma tal que se introduzca en su fijación contenidos fundamentales que lo conciban como parte estratégica de una reactivación económica real; al tomar en cuenta que vivimos en un país cuyo costo de vida es altísimo, por un lado. Por otro, que la mayoría del parque productivo nacional está compuesto por micro-pequeñas y medianas empresas ligadas al mercado interno. A éstas, en tal sentido, hay que darles un trato diferenciado en materia de responsabilidades tributarias y para con la Seguridad Social.
Tres: Proceder a impulsar transformaciones tributarias estructurales en dos sentidos. Atacando la naturaleza perversa del sistema tributario actual, el cual presenta dos problemas fundamentales: es regresivo y es corrupto. Se requieren impulsos desafiantes para que, en el seno de la plutocracia reinante, por ejemplo, se establezca un impuesto solidario a la riqueza exorbitante, un impuesto solidario a las zonas francas, así como un impuesto-tasa Tobin a las transacciones financiero-bancarias de diez o quince mil o más dólares, que no golpee a los sectores medios que todavía conservan cierto poder de ingreso. Además, hay que establecer la eliminación del secreto bancario y en sede administrativa, para combatir el delito del fraude tributario.
Cuatro: Atacar el obsceno y socialmente criminal pago diario de intereses de la deuda pública, el cual está ya en las escandalosas cantidades de 4 millones de colones por minuto, 242 millones de colones por hora; y, prácticamente, 6 mil millones de colones al día. Creemos que es imposible impulsar políticas públicas de reactivación económica con semejante carga fiscal. Pero, lo que es peor es que este pago diario está recayendo sobre las espaldas, mayoritariamente, de la gente que sí tributa pues no tiene “escapatoria” para no hacerlo: la clase trabajadora asalariada y no asalariada, tanto como el micro-pequeño y mediano empresariado (impuestos al valor agregado y rentas -especialmente, la salarial).
Cinco: Rechazar el convenio que Carlos Alvarado Quesada y su plutocracia reinante le quiere imponer al país con el Fondo Monetario Internacional (FMI); convenio que Costa Rica no necesita y que, si se trata, en realidad, de ordenar las finanzas públicas, han surgido diversas alternativas, sólidamente fundamentadas. Otro economista, actualmente diputado oficialista pero que se define, también, como socialdemócrata, afirmó que “la agenda del FMI es una agenda injusta, inequitativa y recesiva desde la perspectiva económica». Aunque él, don Welmer Ramos González, lo indica de manera indirecta, es muy contundente que el costo del ajuste que impone ese convenio con FMI, no caerá sobre las espaldas de los sectores económicamente más fuertes que están ganando con la pandemia.
No vemos otra alternativa para que nuestro país restaure el imperio del bien común y de la inclusión social, en beneficio de la alicaída Democracia, que se desafíe el orden que la plutocracia reinante ha venido imponiendo mediando sus partidos políticos: Liberación, Unidad, PAC y los “religiosos”. A unos 256 días de las elecciones del 6 de febrero de 2002, estos temas buscan una candidatura presidencial que los asuma. En el entretanto, seguimos alentando nuestra campaña de PASAR FACTURA.
