En el año 2003 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de la República No.8364, consistente en una reforma constitucional a la Carta Magna del país, para que en adelante el artículo 9 de esta se leyera de la siguiente forma: “Artículo 9. El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres poderes distintos e independientes entre sí: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”.
Si consideramos la tramitación atropellada, opaca, carente de transparencia, con graves riesgos de violaciones constitucionales al procedimiento parlamentario y con contenidos de potenciales incongruencias e inconexidades jurídicas que está teniendo el expediente legislativo 20.580, conocido popularmente como combo fiscal o paquetazo de impuestos, resulta muy conveniente que relacionemos tal tramitación atropellada con el contenido del mencionado artículo 9 constitucional.
Efectivamente, tomemos nota de lo siguiente. “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable”. Resaltemos los conceptos “popular” y “participativo”.
Es evidente que el actual gobierno no está siendo nada “popular” con su tesis neoliberal de imponer el paquetazo de impuestos-combo fiscal. Es más, seguros estamos de que quienes le votaron, especialmente en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, jamás pensaron tener que enfrentarse a un desafío de tal calibre que, sin duda, representa más desigualdad, más inequidad y, especialmente, más robo de impuestos, habida cuenta de lo desastrosa que son tanto la administración tributaria como la aduanera, pese a que en ambas la abrumadora mayoría de su debilitado cuerpo laboral-profesional en cada caso intenta sacar la tarea en medio de grandes dificultades y de saboteadores especializados en evasión y elusión fiscales.
Por otra parte, el proceso parlamentario que se está imponiendo para forzar, a como dé lugar, la aprobación del expediente legislativo-paquetazo de impuestos 20.580, es cualquier cosa menos “participativo”.
El actual parlamento, que sepamos, no ha escuchado a ningún sector organizado de nuestra sociedad en relación con emitir criterio sobre las consecuencias de una ley de tal calibre que, como se debe repetir hasta la saciedad y de manera incansable, solamente ha de incrementar las fortunas mal habidas vía concentración de la riqueza por procedimientos innobles, como es el robo de impuestos.
Con las honrosas excepciones de rigor, el parlamento está “atrincherado” en sus cuatro paredes, tramitando el texto final de dicho proyecto en cuya elaboración se da una coordinación política abierta entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, en contradicción a la filosofía política del artículo 9 constitucional, que proclama que ambos son “distintos” e “independientes” entre sí; pues con descaro sabemos que es en el propio despacho ministerial de Hacienda donde se “cocinan” las estipulaciones finales del contenido del paquetazo de impuestos contra la gente, negociándose con algunas fracciones parlamentarias, excluyéndose a las demás.
En tal sentido, si es la opacidad, si es la oscuridad, si es la ausencia de transparencia y la carencia participativa lo que está marcando la tramitación del indicado paquetazo de impuestos, está más que legitimada la acción, ojalá concertada, de todas cuantos han sido excluidos e invisibilizados de decir su palabra y de expresar sus posiciones, a la hora de indicar las razones que tienen para rechazar, tajantemente, de manera radical, dicho proyecto 20.580.
Porque es esta una realidad contundente: estamos hablando de un proyecto de impuestos de rechazo popular y ciudadano generalizado, de repulsa multisectorial; un proyecto que hace mucho daño a mucha gente y, especialmente, a la gente trabajadora que nada tiene que ver con el déficit fiscal.
Además un proyecto que no aborda este grave problema con profundidad, con seria responsabilidad, con visión de mediano y largo plazos, tan solo para que el presente gobierno “sobreviva” su periodo de gestión, dejándole al próximo un problema realmente catastrófico.
Es en este marco de condiciones que lo llevan a uno a pensar en la necesidad del pronunciamiento civil organizado y pacífico que hemos venido conceptuando como la democracia de la calle. Aunque ya ha habido dos episodios cívicos y obrero en tal sentido, el 25 de abril y el 25 de junio, ahora se necesita una intensidad sumamente grande, extendida y prolongada de este ejercicio cívico de democracia de la calle.
Si el gobierno dejó de ser popular (dado el amplio rechazo ciudadano que tiene el expediente 20.580), si el proceso parlamentario que tramite el combo fiscal no es participativo, si la condición de distintos e independientes entre sí de los poderes Legislativo y Ejecutivo desapareció con el proceso legislativo del paquetazo de impuestos (al “cocinarse” en el despacho de la cartera ministerial de Hacienda), no hay duda de la legitimidad cívica que significará apelar a la democracia de la calle para derrotar el combo fiscal.
