Más o menos lo que ustedes conocen, públicamente, del debate sobre la cuestionada concesión de la cárcel de Pococí, fue lo que se reprodujo en esa sesión del lunes 25 de noviembre. Asistieron los ministros Javier Chaves (MOPT), Jorge Wálter Bolaños (Hacienda) y Danilo Chaverri (Planificación); junto a la señora Rocío Aguilar, Secretaria (interina) del Consejo Nacional de Concesiones.
Entre los aspectos debatidos estuvo el de la constitucionalidad o no de dar en concesión una cárcel pública; el carácter de esa concesión (¿no es que las concesiones son, más bien, para que el Estado reciba plata en vez de tener que ponerla?); la responsabilidad dada a una sola comunidad para “albergar” a privados de libertad de tan “alta peligrosidad”; el costo de esta concesión en momentos de crisis fiscal; el futuro de las concesiones si a juzgar por las últimas, los cuestionamientos sobran (aeropuerto, revisión técnica y ahora esta cárcel). Además, las consecuencias de rescindir (unilateralmente, o intermediando mandato constitucional); si la cárcel de Pococí es realidad es un empréstito que debió ser del conocimiento de la Asamblea Legislativa (nosotros sostenemos que así debió ser).
En lo que a nosotros respecta, aprovechamos la oportunidad para plantear interrogantes como: Tasa de interés por el préstamo de los 72 millones de dólares para financiar la construcción (se confirmó que es del 10.9 % anual), esto hará que al término de plazo, el país habrá pagado ¡166 millones de dólares!
Otras interrogantes fueron: nombres de los jerarcas que aprobaron la concesión (don Danilo Chaverri estaba entre ellos); monto mensual pagado al consultor encargado de esta concesión (un señor de apellido Valverde, a razón de 8 mil dólares mensuales, durante casi tres años); entidad financiadora de esa consultoría; cómo se cuantificó el valor diario de estadía del privado de libertad en esa cárcel (34 dólares diarios si la ocupación no supera el 80 %; 29 al día si es superior a dicha cifra); fuente de ingresos para hacerle frente a tal erogación (Ministerio de Hacienda tendrá que buscarlos, no aparece nada presupuestado para el 2003). También solicitamos que se nos indicara el nombre de todas las personas y/o empresas, ya fueran de abogados, consultoras, constructoras que, de una manera u otra, tuvieron, tienen y tendrán relación con esta concesión. La respuesta vino del señor Ministro del MOPT, don Javier Chaves, prometiéndonos hacernos llegar por escrito la información indicada. Aquí estamos esperando.
Decimos esto porque, presuntamente, el Consejo Nacional de Concesiones habría contratado a una consultora privada para que le ayudase a determinar si era posible o no, concesionar una cárcel pública. Esa consultora, a su vez, habría subcontratado a un bufete jurídico para el efecto apuntado; bufete que, al final, habría terminado y/o brindado asesoría a la firma favorecida con la concesión. Si todo esto fuera cierto, qué tipo de conclusiones podríamos sacar, aunque sabemos que todo es legal.
Por lo menos, este debate arrojó, entre otras, las siguientes conclusiones: a) Se trata de una concesión onerosa, así reconocido por el propio Gobierno; b) hay bastante controversia jurídica sobre su legalidad-constitucionalidad; c) Gobierno no firmará el contrato hasta que la Sala IV diga la “última palabra”; d) no se sabe cómo se financiará si al final hay que aceptar tal concesión; e) quedó en evidencia el deplorable estado de las cárceles públicas y las deterioradas condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras del Sistema Penitenciario Nacional; e) el sistema de concesiones está sufriendo serios problemas de credibilidad y transparencia; f) el tema de la cárcel de Pococí saltó del “anonimato” para convertirse en un problema de Estado (hasta cayó un ministro por ello); g) no podría haber rompimiento unilateral de contrato (según el Gobierno), porque se enviaría una pésima señal de inseguridad jurídica a la inversión foránea. Pareciera que el Gobierno sí se preocupa por el riesgo país cuando se trata de romper unilateralmente un contrato indemnizando conforme a la ley a la empresa adjudicataria, pero no le preocupa el riesgo país cuando el déficit fiscal se incremente desmedidamente por cumplir con este contrato a todas luces inconveniente (nótese que la suma que por ley habría que indemnizar a la empresa, en el supuesto de la Sala Constitucional no declare inconstitucional el proceso, es infinitamente inferior a la estrafalaria suma de dinero que habría que pagar si se sigue con la concesión).
Por cierto que en estos días, como seguramente se habrán enterado, la Sala IV admitió la Acción de Inconstitucionalidad que, a solicitud de ANEP y de la Asociación Costarricense para la Defensa Pública y con el apoyo de la maestría de criminología de la UNED, interpuso la Defensoría de los Habitantes de la República, contra esta concesión. Al menos tendremos un respiro, no solamente para preparar varias coadyuvancias, sino para una reorganización de la lucha que hemos venido dando contra esta vergonzosa concesión.
Por otra parte, la CMPF tenía previsto para este jueves 28 entrar a analizar las definiciones que el Gobierno elaboró, en materia de racionalización de gasto, comprendidas dentro del proyecto de contingencia fiscal. Al respecto, el Ministerio de Hacienda, hizo entrega de un documento, conteniendo varios borradores de decretos ejecutivos para ser aplicados en el 2003. Este análisis lo estamos haciendo y les comunicaremos cuestiones importantes al respecto.
También se tiene previsto en las sesiones venideras la exposición, por sectores y por fracciones parlamentarias, de propuestas sobre la reactivación económica, según las visiones respectivas. En el caso nuestro, esperamos hacerlo en el marco de la Tercera República, para lo cual se ha estado trabajando, intensamente, en las distintas mesas que hay previstas dentro de este proceso de alianza sociopolítica (mesas de Producción, de Redistribución de Oportunidades y de Generación de Conocimiento).
Una vez más, disculpen nuestra tardanza. Esperamos no volver a incurrir en este tipo de errores. Nos pondremos al día, comentando lo que pudiera suceder hoy por la noche, lunes 2 de diciembre del 2002.
Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del
Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Mesa Nacional Campesina (MNC)
Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos
Grupo Indígena IETSAY
