En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como en su Seccional ANEP-INS hay gran consternación ante las revelaciones periodísticas de los últimos días, específicamente aparecidas en La Prensa Libre; con respecto al comportamiento del actual Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS), don Guillermo Constenla Umaña, a partir de una denuncia que esta organización presentó en el seno de la Procuraduría de la Ética.
Tal denuncia indica que (entre otros aspectos que consideramos graves), dicho jerarca laboró estando incapacitado médicamente hablando y que durante tal lapso se le mintió a un juez para eludir una presencia física en un proceso laboral dada su condición de patrono, alegando enfermedad cuando, repetimos, estaba trabajando.
La Procuraduría de la Ética ha indicado que esta situación, trabajar estando incapacitado, es violatoria de la ley y desnaturaliza el derecho que le da nuestro sistema de Seguridad Social a una persona trabajadora para que, mediando incapacidad, recobre plenamente su salud y se reinserte a su trabajo en condiciones óptimas.
Aunado a lo anterior tenemos que la circunstancia de que dicho jerarca haya amenazado de muerte a colegas suyo de la directiva del INS, es un asunto de extrema gravedad; como también lo es el que una trabajadora de esta institución haya perdido su empleo por, precisamente, trabajar estando incapacitada.
Indigna, preocupa y consterna que la propia Presidenta de la República celebre que el señor Constela trabaje de manera incapacitada, en clara contravención a decisiones judiciales contundentes que lo prohíben y que dejan el despido como la sanción correspondiente.
De la misma forma, esta indignación, esta preocupación y esta consternación es la misma al enterarnos de la descalificación presidencial al informe de la Procuraduría de la Ética en los casos del Segundo Vicepresidente de la República, Luis Liberman Ginsburg; así como del Ministro de Educación Pública, Leonardo Garnier Rímolo; altos personeros de gobierno a los que se les imputa haber infringido normas “_Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública_”, aprobada en el año 2004, contando con el voto de la hoy Presidenta que en ese entonces era diputada.
Por todo ello creemos que la Presidente debe ordenar la destitución del Presidente Ejecutivo del INS; o bien, pedirle que presente su renuncia; ó, que el señor Constela la presente él mismo por su propia decisión.
Si la señora Presidenta ha decidido ya convivir, tolerar, avalar las transgresiones a la ética y a la transparencia en el ejercicio de la función pública de parte de su equipo de Gobierno al más alto nivel, las consecuencias pueden ser gravísimas. Desde la sociedad civil debemos decir lo contrario, manifestarlo una y otra vez, aunque nada pase.
El deterioro de la credibilidad de la Presidenta de la República asume características peligrosas para la institucionalidad democrática.
