Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
El presidente de la República y la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), señor Rodrigo Chaves Robles y señora Martha Rodríguez Esquivel, respectivamente, acaban de consumar el Golpe de Estado institucional que representó la ilegal destitución de las anteriores personas representantes de los sectores Cooperativo, Solidarista y Sindical como integrantes de la Junta Directiva de la CCSS (junto a otros directivos). Él y ella, profundamente molestos porque al personal trabajador de la Caja le fue honrada una deuda salarial por reajuste por costo de vida, la cual databa desde el 2019, se sacaron el clavo, cortándole la cabeza a quienes se encontraron como directivos de la Caja cuando asumieron el Gobierno y no hicieron caso de la directriz presidencial de traerse abajo ese pago salarial; pago salarial cargado de una profunda fortaleza jurídico-legal que, al final, se impuso y la clase laboral de la CCSS recibió lo que en pleno Derecho les correspondía.
Confesamos nosotros que varias de las personas directivas que, de manera ilegal, soberbia, prepotencia y autoritaria fueron destituidas por la dupla Chaves-Rodríguez, no eran gratas a nuestra propia visión sociolaboral de los desafíos de la Caja en las actuales circunstancias. Mucho más cuando las tres representativas de sectores sociales se opusieron a que en la CCSS se respetara, sin miramientos, el Derecho Humano y Constitucional al Salario Mínimo Inembargable. Particularmente, la persona destituida procedente del sector sindical había logrado su asiento en la Junta Directiva de la CCSS (para completar el período de nombramiento del respetado don Mario Devandas Brenes -q.d.D.g.-), en el nefasto gobierno de Carlos Alvarado Quesada; y, con sobrados argumentos, tenemos la convicción de que logró ese escaño directivo mediando una componenda con este señor.
Todas estas situaciones pasan a segundo plano ante la gravedad del Golpe de Estado presidencial a la Caja Costarricense de Seguro Social, con los nombramientos de facto que don Rodrigo y doña Marta han impuesto para sustituir a los ilegalmente destituidos representantes del Cooperativismo, del Solidarismo y del Sindicalismo.
En este último caso, el “ungido” para ser el nuevo representante del sector sindical es una persona de nombre José Luis Castro Vásquez, cuya trayectoria de defensa laboral es bastante “controversial” a juzgar por quienes le conocen de su presunta labor en favor de la clase obrera bananero-piñera. Lo que sí queda claro es que él no puede exhibir apoyo de ninguna corriente sindical del país, incluso, de las que entre sí mantienen fuertes discrepancias. Es decir, para todo el sindicalismo del país, el señor Castro Vásquez se sentará en el seno de la Junta Directiva de la CCSS de manera espuria. Sumamos nuestra voz a la amplia corriente de opinión en desarrollo de condena al errático proceder de la dupla Chaves-Rodríguez con relación a la intromisión abusiva, peligrosamente ilegal e inconstitucional, en contra de la autonomía de la más venerada institución por parte del pueblo costarricense. La actual directiva de la CCSS está sesionando en una profunda ilegalidad y son impredecibles las consecuencias de ello.
La Caja está sufriendo el más feroz ataque ideológico-político de toda su historia; ataque que se marca con toda crudeza desde el período constitucional anterior, 2018-2022, cuando los neoliberales del grupo de Carlos Alvarado Quesada impusieron la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP). ¡Cuánta urgencia de construir acuerdos sociales para salvarla!
