El pago mensual que deberá hacer el Estado, por 776 mil dólares, significan casi 350 millones de colones cada treinta días. Definitivamente, se trata de un contrato leonino para el país que no debe firmarse bajo ninguna circunstancia.
4.200 millones de colones representa el 38 % del presupuesto total de la Administración Penitenciaria del país para el año 2005, en materia de sueldos y salarios; presupuesto de poco más de 11 mil millones de colones.
Esa enorme cantidad de recursos, 4.200 millones de colones al año, perfectamente podría utilizarse para mejorar de manera sustancial las condiciones carcelarias del país; contratar más personal, construir más espacios y mejorar la calidad y las oportunidades del trabajo rehabilitatorio, socialmente hablando, del personal privado de libertad.
Las necesidades de personal en los centros penales del país son crecientes. De 28 nuevas plazas de profesionales en Ciencias Sociales solicitadas para el año entrante, sólo se autorizaron 17. Igualmente, de 29 plazas pedidas para servicios administrativos, se otorgaron 20.
Además, hay solicitadas 250 plazas nuevas de policías penitenciarios, cuya resolución final todavía no ha sido comunicada.
Hacemos constancia de nuestro repudio por la deplorable decisión de cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que podría obligar a los y a las costarricenses a pagar más impuestos para favorecer un negocio privado que merece investigarse.
ANEP hace un vehemente llamado a todo el personal penitenciario del país para que realicemos todas las acciones necesarias tendientes a impedir tan vergonzoso negocio
Además, hacemos un llamado a todas las fuerzas vivas del Cantón de Pococí, para que juntemos esfuerzos y coordinemos acciones en la misma dirección.
La ANEP anuncia su rotunda oposición a la firma de ese contrato y moverá cielo y tierra para impedirlo.
San José, 30 de setiembre de 2.004.
