¡Inmensa gratitud para usted si nos ha honrado con las cuatro entregas anteriores sobre este tema! Hoy concluimos. Hemos podido demostrarle a usted que el máximo instrumento jurídico-legal del Derecho Colectivo de Trabajo, en el caso costarricense, la Convención Colectiva de Trabajo (CCT), tiene un fundamento jurídico de acero: es ley internacional, conceptuada como parte de los Derechos Humanos (DD.HH.), universalmente reconocidos.
Sin hablar de la solidez que tiene a nivel del país: Constitución Política, Código de Trabajo y sólida jurisprudencia; aunque ahora bajo ataque y desde el mismísimo Ministerio de Trabajo y Seguridad (MTSS), como será denunciado próximamente.
Por otra parte, también le demostramos que las CCT y toda su coraza jurídica sirven tanto para el sector privado como para el público. Y, además, en este caso, el público, le pudimos aclarar que no todo el conglomerado asalariado del Estado está cubierto por una CCT. Igualmente, hay CCT en empresas privadas, como se lo dimos a conocer a usted.
Finalmente, las cláusulas de las CCT no son ni “privilegios”, ni “gollerías”, ni “prebendas”, ni “beneficios”. Son ¡derechos!
Nos queda por desenmascarar la última mentira “goebbelsiana” sobre las CCT: que estas (en el caso del sector público) son responsables o son parte del problema del déficit fiscal. Nada más alejado de la realidad. Es más, de todas las mentiras que se han venido diciendo sobre las CCT, es esta la más perversamente “goebbelsiana”.
Ni la CCT de Recope, ni la CCT de Japdeva, ni las de los bancos estatales, ni las de otras empresas públicas, ni las de las municipalidades, tienen relación alguna con el problema de las finanzas públicas del Gobierno central, el “corazón” del déficit fiscal. Además recuerde que ni en el ICE, ni en la CCSS, hay CCT alguna.
Las cuatro CCT que hay en el Gobierno central: Imprenta Nacional (Gobernación y Policía), Registro Nacional (Justicia y Paz) y las dos de rango ministerial (Educación y Trabajo) no muestran relevancia de peso en los correspondientes presupuestos institucionales; toda vez que, por ejemplo, antes de que esas CCT surgieran en tales entidades, lo correspondiente a salarios es un asunto per se, de cualquier entidad pública o privada, independientemente de que tengan o no tengan una CCT.
Sobre el tema del déficit fiscal, hemos hablado en otras oportunidades. La magnitud de sus causas no está en las CCT, ni siquiera en grado mínimo. El déficit fiscal tiene que ver, por ejemplo, con:
a) los 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), que se roban, en todas sus modalidades, los ladrones de impuestos: 2 billones 160 mil millones de colones (¢2.160.000.000.000.00);
b) los casi 6 puntos de PIB, que disfrutan sectores corporativo-empresariales (algunos de los más pudientes), en materia de exenciones y exoneraciones: 1 billón 620 mil millones de colones (1.620.000.000.000.00);
c) los 2.5 de puntos PIB producto de la desgravación arancelaria generada por los TLC (como el que nos impuso el gobierno de Óscar Arias Sánchez); plata dejada de cobrar en el sistema aduanero: unos 675 mil millones de colones (675.000.000.000.00);
d) los casi 3 puntos de PIB que genera el pago de intereses (solo intereses, sin amortizar el principal de la deuda); por los préstamos contraídos por el país: unos 810 mil millones de colones (810.000.000.000.00) ¡Solamente en el 2015!
Estas cifras, estas circunstancias “estratégicas” por las cuales ha surgido el grave problema del déficit fiscal, son temas “intencionadamente tabú” para la matriz mediática de “información” periodística que en los últimos meses ha desplegado la más perversa, infame, injusta y “goebbelsiana” campaña de terrorismo ideológico y de agresión psicológica en contra del empleo público, jamás desplegada en toda la historia del sector público de Costa Rica.
La más grande manipulación colectiva ocurrida en los últimos tiempos de las conciencias ciudadanas, indefensas ante una intoxicación ideológica que ha trastocado los más nobles valores éticos de la profesión periodística (según nuestro leal saber y entender), en materia de equidad y de equilibrio informativo, ha estado escondiendo lo que para nosotros es el motivo central de todo este complot urdido en las esferas del poder no electo (el oligárquico-financiero-bancario, de corte neoliberal), en las elecciones generales del 2014.
Tal poder ha sentenciado que los sindicatos son “el problema” y no solamente, “son un problema”. Su exterminio, por tanto, es la consigna estratégica para el indicado poder. Tal poder estima que la tarea de la privatización debe ser terminada, pues las más valiosas “joyas de la abuela” siguen siendo de propiedad pública. Para ese poder, la concentración abusiva de la riqueza, en auge actual, exige que toda la clase trabajadora asalariada gane igual: ¡salario mínimo-miserable para todo mundo!
Pero, ¿qué ganamos cuando decimos eso del tal “poder”; el poder oligárquico-financiero, de corte neoliberal, el que no ganó las elecciones generales del 2014? ¿No resulta mejor ponerle rostro, cara, nombre y apellidos a ese “poder? ¿Acaso no es conveniente identificar ese “poder” con personas, personajes, celebridades mediático-corporativas, político-faranduleras, peonada parlamentaria? Parece que esta es la tarea por venir…
