13 policías integrantes de la Fuerza Pública, el más numeroso cuerpo de seguridad ciudadana del país, han empezado a ser juzgados en el Tribunal Penal de Goicoechea, pues se les acusa de varios delitos; entre ellos, supuesto robo de cocaína decomisada a narcotraficantes, misma que vendían en el mercado y con la cual compraban, según dice la acusación, celulares, pistolas, electrodomésticos y hasta arreglaban sus casas. Como “modus operandi” de la supuesta banda policial, utilizaban las patrullas y sus propios carros, ingresando ilegalmente a las casas narcos, privando ilegalmente de libertad a sus ocupantes y llevándose la coca y la plata que encontraban. De ser condenados, pasarían muchos años en prisión. En esencia, esta es la “nota roja” de la prensa al respecto.
Por supuesto que nada justifica la corrupción. Ni hay corrupción “chiquita” ni corrupción “grande”. Simplemente es corrupción. Sin creernos dueños de la ética ni poseedores del monopolio de la moral, es inadmisible la corrupción en los cuerpos policiales, mismos que, desde varios ámbitos, se dedican a la protección de la gente, del pueblo trabajador, de la ciudadanía en general. Los ricos se cuidan a sí mismos y tienen medios para pagar y mantener sus sofisticados sistemas de seguridad.
Los y las integrantes de las policías son gente del pueblo y, en términos generales, velan por la protección de sus iguales de clase. Las y los policías costarricenses, forman parte del pueblo trabajador asalariado, en este caso, colocados en el servicio público de la Seguridad Ciudadana. Esos 13 policías, ahora sentados en el banquillo de los acusados, a fin de cuentas, son trabajadores que en un juzgado están rindiendo cuentas por sus presuntos actos ilegales.
Pero, ¿por qué ellos se apartaron de la ley y se dejaron tentar por la corrupción y el “facilismo” para intentar, vanamente, tener un mejor nivel de vida? Hace ya bastantes meses, empezando en el Gobierno anterior y continuando en éste, venimos denunciando que el Estado, el país, la sociedad, el “sistema”, tiene a sus cuerpos policiales con salarios de hambre, miserables.
El caso es más que patético en la Fuerza Pública, el más grande cuerpo policial del país y al cual pertenecen los 13 policías ahora en juicio. Entre el policía de a pie (el que recorre la calle, el que se mete a la barriada marginal, el que se lleva las agresiones verbales, físicas y psicológicas, el que entrega hasta su vida), hay una distancia impresionante, salarialmente hablando, con el máximo puesto jerárquico de la Dirección General de la Fuerza Pública. Casi dos millones de colones mensuales, separan al primero del segundo.
La precariedad salarial de la abrumadora mayoría del personal de la Fuerza Pública, es muy similar a la que viven sus colegas en seguridad, como la Policía Penitenciaria, como la Policía de Migración y Extranjería, como la Policía de Tránsito. Igual miseria salarial afecta también a los vigilantes de los centros educativos públicos (escuelas y colegios), así como a los guardaparques nacionales. Nuestra sociedad tiene a quienes deben velar por su seguridad, en condiciones salariales y ocupacionales que dan vergüenza y generan indignación.
Pese a tal situación, prácticamente el 100% de todas estas personas trabajadoras asalariadas de la seguridad del país, laboran dentro de la ley; con compromiso, honestidad, transparencia y abnegación. Sin embargo, esto no parece importarle a los detentadores del poder político en el sistema pues, en el caso de la Fuerza Pública, el prometido “Manual de Puestos” ha representado una tomadura de pelo y una burla grotesta que se le hace a este personal. ¡Claro! Su jerarquía ya resolvió su problema salarial y los demás no importan.
Estos policías, agobiados por su precariedad salarial, por su escasa liquidez quincenal producto de su alto endeudamiento, están propensos a ser tentados por la corrupción, por el “facilismo”, por salir del margen de la ley. Según nuestros estudios, más del 60% de los y de las oficiales de la Fuerza Pública están “hasta el cuello de deudas” y se ven obligados a pedir prestado para terminar la quincena.
Nos preguntamos: ¿qué clase de Seguridad Ciudadana desde la Fuerza Pública podemos esperar si tenemos a sus policías de a pie, literalmente, con hambre, agobiados por su estrechez salarial, altísimamente endeudados y/o embargados, aturdidos por su congoja económica familiar, acosados por la presión psicológica que implica su desgastante trabajo; indignados por ver la holgura salarial que sí tienen sus mandos medios y su alta cúpula; recibiendo órdenes de salir a recorrido por un oficial que puede ganarse cinco o más salarios de lo que se le paga al policía “raso”?
¿Qué está haciendo este gobierno con la plata del impuesto a las sociedades anónimas? Ya han recaudado más de 25 mil millones de colones y dijeron que era para “mejorar” la seguridad ciudadana. Y si no se hubiesen, literalmente, robado los 25 mil millones de colones de la funesta trocha norte, ya habría dinero suficiente para empezar a implementar el nuevo manual de puestos de la Fuerza Pública. ¡50 mil millones de colones se tendrían para mejorar la miseria salarial de la Fuerza Pública!
Vamos a seguir denunciando esto al interior de la Fuerza Pública. Los verdaderos líderes laborales de la Fuerza Pública comienzan a ser acosados por comentar al interior de este cuerpo policial esta situación. El compadrazgo de alguna parte de la cúpula de la Fuerza Pública con pseudodirigentes progobiernistas pretende acallar las calificadas voces, de enorme autoridad moral que están emergiendo en su interior, cuestionando este orden de cosas totalmente injusto y humillante para la dignidad laboral de la Fuerza Pública. Se les niega permisos para reuniones directivas, para capacitaciones en Derechos Laborales, para formación social en Civismo y Democracia. Lo que no miden bien y ello se verá en fechas próximas, es la profundidad de la indignación policial que están generando… hasta que estalle. Lo veremos.
