Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Con la pandemia del coronavirus COVID-19 ya entre nosotros y a un mes de su llegada oficial al país, el 6 de marzo de 2020, resalta la imperiosa necesidad de fortalecer toda la institucionalidad pública que le ha hecho frente a esta circunstancia.
Ya no solamente en el campo de la Salud en el cual su éxito es irrefutable (al menos, hasta el momento y no hay elementos fuertes para sostener lo contrario); sino, necesariamente, en el campo de las derivaciones de orden económico y social de su impacto en las comunidades, especialmente las más vulnerables; muchas de las cuales ya mostraban indicadores de impacto negativo fuerte en la calidad de vida de las personas que las habitan, desde antes del nuevo escenario-país que tenemos encima.
En tal sentido, es más que urgente que usted, don Carlos Alvarado Quesada, usando la facultad constitucional que se le da al Presidente de la República en la Constitución Política, para fijar la agenda parlamentaria del período extraordinario de sesiones de la Asamblea Legislativa actualmente en desarrollo, mismo que vence el próximo 30 de abril; proceda a convocar dos expedientes legislativos citados a continuación, los cuales son imprescindibles para la devolución, para el retorno, a las municipalidades costarricenses de la autonomía que la ley 9635 les cercenó, generándose así una de las más graves violaciones de facto constitucionales, ocurridas por la imposición de tal legislación.
Hoy, tal y como puntualizamos al inicio del presente comentario, desde antes del día 6 de marzo de 2020, fecha oficial de la llegada al país de la pandemia del coronavirus covid-19, estaba más que comprobado el fracaso de esa legislación, popularmente conocida como el combo fiscal, Ley de la República No. 9635, erróneamente denominada de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; al punto de que esta misma fue catalogada como “insuficiente” por parte de dos de las tres más importantes calificadoras de riesgo que funcionan en los mercados internacionales, a las cuales nosotros denominamos como la policía financiera del planeta.
Hacemos la acotación de que ni Moody’s Investors Service, ni Fitch Ratigns quedaron satisfechas con esa ley pese a que esta golpeó duramente a quienes menos responsabilidades tienen con relación al déficit fiscal costarricense. La otra calificadora, Standard & Poor’s, no debe andar muy lejos en cuanto a su criterio sobre la ley 9635.
Volviendo al punto central del presente comentario, la relevancia estratégica de que se fortalezca el régimen municipal en la actual circunstancia histórica que nos ha tocado vivir, no se discute.
Las municipalidades cobran un papel fundamental para hacerle frente, de mejor manera, a los perniciosos efectos socioeconómicos de la pandemia, los cuales parecen volverse más injustos con la gente que menos tiene y que es la que más sufre en este tipo de coyunturas.
Sacar a las municipalidades de los alcances de la nefasta regla fiscal establecida en la Ley 9635, es ya no solamente un asunto de urgencia política, social y económica; sino un asunto de mera racionalidad habida cuenta de los nuevos desafíos de más desempleo, de más exclusión y de más desigualdad que genera la pandemia COVID-19.
Es imperiosamente urgente que la actual Asamblea Legislativa, misma que está tramitando de manera veloz legislación para enfrentar la coyuntura difícil que Costa Rica vive (ya sea que se comparta o no; en todo, o en parte); les dé viabilidad política a dos expedientes legislativos relacionados directamente con la recuperación de la autonomía municipal cercenada por el combo fiscal-ley 9635.
Hablamos de los proyectos de ley números 21.430 y 21.494, presentados en el último año y luego de que importantes figuras legislativas se dieran cuenta del grave error que representó incluir a las municipalidades en esa ley 9635; y, peor todavía, sujetarlas a la nefasta regla fiscal.
Por cierto, ese tipo de regla fiscal, muy de moda ideológica en naciones que se consideraban superiores a países como el nuestro y que hoy están sufriendo duramente por la pandemia COVID-19, como los europeos; están haciendo añicos legislaciones inspiradas en ajustes y límites fiscales draconianos; y están pagando con miles de muertos haberles impuesto a sus respectivos pueblos ese fanatismo macroeconómico-fiscalista de orden neoliberal.
El expediente legislativo No. 21.430, titulado Ley de fortalecimiento de la autonomía constitucional del régimen municipal, cuenta con el patrocinio político de los señores diputados Wálter Muñoz Céspedes, José María Villalta Florez-Estrada, Ignacio Alberto Alpízar Castro y Dragos Dolanescu Valenciano; así como de las señoras diputadas Sylvia Patricia Villegas Álvarez, Araycelly Salas Eduarte, Shirley Días Mejía y Carmen Irene Chan Mora.
Por su parte, el Expediente Legislativo No. 21.494 ha sido impulsado por los señores legisladores Roberto Hernán Thompson Chacón, Erwen Yanán Masís Castro, Luis Ramón Carranza Cascante, Wálter Muñoz Céspedes, David Hubert Gourzong Cerdas, Óscar Mauricio Cascante Cascante, Edward Newton Cruickshank Smith, Gustavo Alonso Viales Villegas, Daniel Isaac Ulate Valenciano, José María Villalta Florez-Estrada, Jonathan Prendas Rodríguez y Dragos Donalescu Valenciano. Las señoras diputadas Franggi Nicolás Solano, Paola Alexandra Valladares Rosado, María José Corrales Chacón, Nidia Lorena Céspedes Cisneros, Carmen Irene Chan Mora y Aracelly Salas Eduarte, también están firmando este proyecto 21.494.
Note usted nombres repetidos en uno y otro expediente; es decir, voluntades compartidas en la misma dirección: devolver a las municipalidades la autonomía municipal, la cual representa ahora un obligado interés patriótico que sea retornada con urgencia.
Las municipalidades, el gobierno más cercano a la gente, ahora se necesitan más cercanas a sus respectivas comunidades. De ambos proyectos se puede hacer uno solo y tramitarlo rápidamente si el Poder Ejecutivo los convoca ahora mismo para que las nuevas autoridades municipales que asumen este primero de mayo puedan disponer de sanos recursos propios para coadyuvar a que salgamos mejor, como país y con más justicia de la pandemia del COVID-19. Ese es nuestro llamado a usted, señor Presidente de la República.
