En realidad, son 4 millones 51 mil 51 colones por minuto (₡4.041.051). Son, por hora, 243 millones 63 mil 75 colones (₡243.063.075).
Cada 24 horas, ¡por día!, el Ministerio de Hacienda debe destinar 5 mil 833 millones 513 mil 812 colones (₡5.833.513.812), para pagar intereses, ¡sólo intereses!, de la deuda pública del país.
Del 1 de enero al 30 de junio del presente años 2023 han transcurrido 181 días, y del bolsillo del pueblo trabajador costarricense, tanto público como privado, han salido en este primer semestre, un billón 55 mil 866 millones de colones (₡1.055.866.000.000).
Los datos anteriores, provenientes del Ministerio de Hacienda indican que, al 30 de junio de 2023, la deuda pública del país ascendía a 28 billones 600 mil millones de colones (₡28.600.000.000.000). Ellos dicen que representa un 61.1 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). ¡Vaya usted a saber si nos mienten!
Pero, ¿a quién le importa? Segurísimos estamos de que, a lo que denominamos clase política tradicional (vieja y desgastada), así como a la recién llegada (mentirosa y manipuladora), esta realidad no les importa para nada.
¿Y cómo le va a importar, por ejemplo, a partidos como Liberación y Unidad, si en sus correspondientes gobiernos “aportaron” para que esa monstruosa deuda pública esté acabando con el país? Si se coludieron con el fraude fiscal y la evasión tributaria a gran escala; estimulándolo, tolerándolo, fortaleciéndolo.
En nuestros dos artículos inmediatamente anteriores al presente, hablamos del tema del congelamiento salarial socialmente criminal que ha venido afectando, que está afectando y que seguirá afectando a miles de personas trabajadoras asalariadas del sector Público.
Explicamos que, al terminar el 2023, serán ya cuatro años consecutivos de ese calvario socioeconómico, individual y familiar; y que, al consolidarse la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No.10.159, el número de años de congelamiento podrá ir más allá de una década, al menos.
La gente trabajadora asalariada que labora para el Estado está siendo víctima de la más grande injusticia jamás cometida contra grupo social alguno, desde la entrada en vigencia de la actual Constitución Política de Costa Rica, el 7 de noviembre de 1949.
De esto hemos hablado y escrito mucho en los últimos tiempos y hemos afirmado que debemos seguirlo haciendo hasta que, ¡ojalá!, se genere una conciencia militante que ponga a este país de cabeza.
Tenemos que comprender que esta razón del monstruoso y obsceno pago diario de intereses de la deuda pública, explica muy bien las razones para el congelamiento salarial socialmente criminal que venimos denunciando un día sí y otro también.
Explica también, por ejemplo, el deterioro del sistema de educación pública; explica el paulatino deterioro de los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y, por ende, el impulso privatizador que se viene dando desde sus adentros.
También, explica la reducción de las becas de Avancemos y de los programas de asistencia social del IMAS y del PANI; que no haya plata para carreteras, que no haya fortalecimiento de la Inspección Laboral, etc., etc.,
Liberación, Unidad, el extinto PAC, el gobierno Chaves Robles-Cisneros Gallo (y los partidos turecas en que se están “metamorfoseando”), los grupos políticos de Fabricio Alvarado Muñoz y de Eliécer Feinzaig Mintz; todos, todos sin excepción, están de acuerdo con ese orden fiscal que está provocando una desestabilización social que amenaza a la misma Democracia. ¡Hay que pararlos antes de que terminen acabándonos!
