“Primero: El Gobierno de la República convocará al próximo período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, que se inicia el próximo 1 de diciembre de 2015, el Expediente Legislativo No.19.312, conocido como ‘Ley del Salario Mínimo Vital”, para su conocimiento y debate parlamentario”. ¡Se aterrorizaron!.
Que los sindicatos, en este caso por intermedio del colectivo sindical Patria Justa, reivindiquemos propuestas de superación de la tragedia laboral y social que significa el problema de los salarios mínimos en la empresa privada; y que, además, fuese el punto primero de un acuerdo con el Gobierno intermediando una huelga de servicios públicos, es algo que no se podía dejar pasar inadvertido para los latifundios mediáticos corporativo-empresariales, como representantes y vocerías políticas del gran capital concentrador abusivo de la riqueza.
Este ha sido el enfoque de la matriz mediática principal impulsada desde que se supo el contenido de los indicados acuerdos con ocasión de la huelga en varios servicios públicos que tuviera lugar el pasado lunes 26 de octubre de 2015: descalificar este movimiento, ridiculizarlo, minimizarlo, desprestigiarlo.
La ciudadanía y la opinión pública fueron vulgarmente manipuladas ocultándosele que tal movimiento social tuvo expresión simultánea en puntos importantes de la geografía nacional como Moín, Siquirres, Turrialba, Manolo’s, Ochomogo, Barranca, Cañas, La Garita.
Se manipuló brutalmente en el caso de San José, tan solo un punto más de los definidos para la concentración de la huelga de Patria Justa. Y en el caso del punto de San José, frente al Ministerio de Hacienda, la cobertura mediática político-ideológica definida por ese tipo de prensa, se hizo cuando todo el conglomerado social huelguístico metropolitano de San José no se había reunido en su máxima expresión.
La actitud responsable que se asumió para que tal movimiento no fuese más allá de un día, dada la estratégica sensibilidad de varios de los servicios públicos involucrados en el mismo, fue acertada. Ahí están los acuerdos como el citado al principio de este artículo que tanto les ha aterrorizado. A diferencia de una marcha y/o de una manifestación, tradicionalmente las huelgas arrojan acuerdos. La de Patria Justa, de un día de duración, arrojó los suyos.
La prudencia y la responsabilidad desplegada en esta huelga y en la firma de esos acuerdos contrasta, radicalmente hablando, con la rabia feroz, la iracundia insana, la maledicente difamación mediática y la agresividad verbal que han mostrado contra tal movimiento y contra sus acuerdos, los usuales amanuenses, editorialistas, opinólogos e histéricas voces radiofónico-parlamentarias.
En el fondo, el enojo que muestran por el contenido de los acuerdos en mención como el del salario mínimo vital; como el del régimen IVM de la Caja (pues“se les atraviesa el caballo” en su afán de privatizarlo para beneficio del capital financiero); como el de que haya más salud ocupacional y seguridad laboral para los obreros de plantaciones bananeras y piñeras; como el que no puedan acabar de un porrazo y dictatorialmente con los principios constitucionales de la negociación colectiva obrero-patronal…; es porque tales acuerdos, de una u otra forma y según la perspectiva sociopolítica que tenemos en Patria Justa, representan obstáculos para mantener vigente el “viejo orden de las cosas”, el que tanta plata les ha generado.
El Gobierno y el propio Presidente de la República, en medio del maremágnum de acoso mediático en el que viven, pueden decir ahora lo que quieran. “Todo lo que no está escrito, no existe”.
¿Con qué moral y con que ética defienden el orden político-hegemónico hasta ahora dominante que tiene a 318.000 hogares en pobreza; pretendiendo aumentar este triste número con las miles de familias trabajadoras del sector público que quieren echar a la calle y/o pauperizarles su salario; mismas que, por cierto, no son ladronas de impuestos ni evasoras fiscales?
¿Con qué moral y con qué ética siguen defendiendo un orden que tiene a 1 millón 300 mil compatriotas en criminal pobreza; número que, por ejemplo, ahora aumentarían con cientos de trabajadores de las municipalidades en la calle, a los cuales dejarán sin estabilidad laboral alguna?
El virulento ataque antisindical, la aversión patológica y enfermiza que muestran contra los sindicatos y contra sus dirigencias, es para acabar con la única voz que puede decir, una y otra vez, verdades incuestionables como estas: 1) Al 27% de la clase trabajadora asalariada de la empresa privada le pagan menos del salario mínimo. 2) Al 67,9% de la clase trabajadora asalariada del sector privado en condición de pobreza no se le respeta el salario mínimo. 3) Y si hablamos de trabajadores en situación de extrema pobreza, el irrespeto a su salario mínimo llega al 87,3%. ¿Datos sindicales? ¡No! Son del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El solidarismo no puede denunciar ni hablar de esto. Tampoco el cooperativismo ni los colegios profesionales. No están habilitados legalmente para hacerlo y políticamente no están dispuestos a correr riesgo alguno al respecto. ¡Solo los sindicatos! La ley se los permite y su práctica política-social, cuando es consecuente, lo hace.
¡Claro que hay que corregir muchas cosas en el sector público! Así lo hemos planteado en diversos foros. Pero no aceptaremos que precarizar salarialmente a los que están un poco mejor sea una solución viable; por el contrario, son los que están precarizados a quienes hay que atender. Pero siguen “sin entenderlo”: acaban de recetar a los salarios mínimos precarizados del sector privado un 0,67% de “ajuste” por costo de vida: ¡23 colones con 45 céntimos por día!; ridículo y humillante aumento que, según los datos expuestos, ni se lo darán al 27% de toda la población trabajadora asalariada de las empresas privadas. ¿Y quién lo denuncia? ¡Los sindicatos!…
