El señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, cuyo capital político al momento de asumir este cargo fue de una magnitud inédita en la historia electoral nacional, debe tomar una estratégica decisión que honrará profundamente a las miles de conciencias cívicas, especialmente, provenientes de la clase trabajadora y de los sectores medios que le votaron.
Esta estratégica decisión es dejar al descubierto a los cómplices y favorecedores políticos del robo de impuestos. ¿Cómo? Retirar de la corriente legislativa en el actual período de sesiones extraordinarias, todos los proyectos de ley, incluidos el que transforma el impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA), así como el de renta; dejando solamente en discusión parlamentaria el que tiene que ver con el combate al fraude fiscal pero, eso sí, sin quitarle ni amputarle su esencia, su corazón: el establecimiento del registro de accionistas para determinar, solamente para efectos tributarios, los beneficiarios finales de las rentas de las sociedades anónimas y de los fideicomisos financieros de todo tipo.
Sr. Presidente: ahora que su gobierno, por intermedio de las máximas autoridades político-ministeriales de la cartera de Hacienda, reconoció, valientemente, la magnitud del robo de impuestos en todas sus manifestaciones que se da en el país, sobrepasándose ya los 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), este crimen social, el robo de impuestos, no debe quedar impune.
Hablamos de más de 2 billones de colones anuales, una cantidad tan extraordinariamente gigante como para que, en tan solamente un año, las cuentas fiscales gubernamentales queden en superávit, alejándonos del “apocalíptico” déficit que vienen pregonando los heraldos ticos de la globalización neoliberal.
Sr. Presidente: usted afirmó que el robo de impuestos en Costa Rica es indecente. ¡Por supuesto que sí! Pero, respetuosamente, se quedó corto. La espantosa magnitud del fraude fiscal con el robo de impuestos en todas sus variables, constituye un verdadero crimen contra toda la sociedad; crimen que ha estado victimizando a quienes laboran asalariadamente para el sector Público, los empleados públicos y las empeladas públicas, a quienes de manera infame se ha pretendido responsabilizar del serio problema del déficit fiscal.
Sr. Presidente: ahora que su gobierno ha sido mucho más tajante y contundente en plantear, oficialmente, la cuantía astronómica de las cifras del robo de impuestos (más de 8 puntos del PIB), lo cual se lo aplaudimos; es necesario reiterar que la clase trabajadora no roba impuestos (el de ventas lo paga al momento mismo de la compra en la caja registradora, y el de renta salarial se rebaja de planilla cuando corresponda); ni tampoco la clase trabajadora recibe exenciones y/o exoneraciones, ni tiene sociedades anónimas.
Por el contrario, precisa el país determinar cuál es la posición de cada una de las 57 personas legisladoras del actual parlamento nacional en esto del fraude fiscal. Ya sabemos cuál es la posición del diputado líder del partido político que robó dineros públicos destinados al financiamiento electoral, ese mismo partido que acaba de sufrir la más aplastante derrota de todos cuantos participaron en las elecciones municipales del pasado domingo 7.
Hablamos de don Otto Guevara Guth, del Movimiento Libertario, legislador que ha sido acusado por su colega parlamentario, don Marco Vinicio Redondo Quirós, de que “…no solamente está defendiendo los intereses de los más poderosos, sino también los capitales de dudosa procedencia…”.
Y ya sabemos de la quijotesca cruzada cívica de la señora diputada Patricia Mora Castellanos, del Frente Amplio, defendiendo al pueblo desde su curul, de la satrapía ladrona de impuestos; y, nos imaginamos la inclinación de otras posiciones diputadiles en un sentido u otro.
Los diputados y las diputadas que defienden el robo de impuestos, que funcionan como sus cómplices y favorecedores, deben ser desnudados políticamente como enemigos del bien común y de la inclusión social. Tenemos derecho a identificarlos para que, si de verdad hemos de caer como sociedad en el abismo fiscal en un futuro cercano, determinar a quién hay que ir a buscar para pedirle cuentas de haber propiciado la impunidad en esto del crimen social que representa el robo de impuestos.
Además, si solamente queda en el debate parlamentario el proyecto contra el fraude fiscal, la ciudadanía podrá liberarse de manipulaciones político-mediáticas que han pretendido engañarla, al igualarse que lo del fraude fiscal equivale a la imposición de nuevos impuestos o su incremento actual. Fraude fiscal es una cosa; aumento de o nuevos impuestos es otra. La gente necesita discriminar lo uno de lo otro y ello se facilitará si solamente se tramita el proyecto contra el fraude fiscal.
A esta altura de la discusión, ha quedado establecido con contundencia inobjetable ya no solamente la cuantía del robo de impuestos (más de 2 billones de colones); sino que es notoriamente público que las también monstruosas cifras del dinero sucio procedente del crimen organizado y del narcotráfico se mueven, como pez en el agua, vía la actual figura jurídica de las sociedades anónimas, intoxicando gravemente el sistema financiero nacional.
Sr. Presidente: Usted ha alertado a la sociedad de que para el 2018, si esto no se corrige, el déficit fiscal estaría llegando al 8.5% del PIB. Es nuestro criterio coincidente que en tal circunstancia la conflictividad social y el enfrentamiento interclases por tal circunstancia, llegará a expresiones insospechadas.
Nosotros pensamos que el espacio y el tiempo político de los actuales momentos, solamente da para una definición estratégica en este asunto del fraude fiscal, pero sin quitarle el registro de accionistas de las sociedades anónimas. Los sectores populares y sindicales honestos haremos todo lo que está a nuestro alcance para que no pase el IVA. Los sectores del gran capital (dentro de los cuales están los ladrones de impuestos y sus cómplices-favorecedores), impedirán cualquier cambio en el impuesto sobre la renta que les ponga a pagar más, aunque sea una décima.
Entonces, si ya sabemos la magnitud real de la cifra del robo de impuestos; si el realismo político está indicando que no habrá ni IVA ni renta, corresponde centrar el debate, dentro y fuera del parlamento, en el tema del fraude fiscal y la legislación necesaria para enfrentarlo.
