Aunque se mantendrá en manos del Estado la compra de tales medicamentos de delicado manejo, a través de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); así como que esta institución abastecerá a los centros de salud bajo su tutela; no parece conveniente la intervención de estructuras paralelas, de carácter privado, en las sensibles redes de distribución de tales medicamentos de manejo tan sensible; por más confianza y seriedad que generen y muestren las empresas privadas que se seleccionen para tal fin.
Para nadie es un secreto que productos estupefacientes como morfina, clorhidrato de cocaína, codeína, ritalina, entre otros, sustancias altamente adictivas, son fuente constante de controversia social; e incluso, para países como los Estados Unidos de América, se trata de cuestiones de alto interés político y materia de su propia seguridad nacional.
Es necesario una explicación pública de las razones que han fundamentado una decisión como la indicada, abriendo paso a la realización de una nueva fuente de lucro privado, con una responsabilidad social de intrínseca naturaleza pública.
Si la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), será, a partir de ahora, la compradora directa de todos los fármacos estupefacientes; y si ella misma abastecerá las respectivas necesidades de los centros de salud bajo su administración; cómo explicar que no pueda ella misma hacerse responsable de la distribución a los entes de salud de carácter privado, de esos estupefacientes, dándole paso a un tercero para que lucre con tal propósito.
Indudablemente que las autoridades gubernamentales involucradas en este asunto, deben dar suficientes explicaciones.
Particularmente, debe establecerse, con claridad absoluta, cuál es la base legal que da fundamento para abrir la intervención de la empresa privada, en el manejo de los estupefacientes indicados; considerando, no solamente su calidad de productos de alta adicción, sino los poderosos intereses políticos y criminales que se mueven en torno a esta dinámica.
San José, 24 de febrero de 2004.
