¡Póngale cuidado a estos nombres!: David Kaye, Clement Nyaletossi Voule y Michel Forst. ¿Nunca los ha oído nombrar? Vuestro servidor tampoco, hasta que supe de ellos. Estos tres señores son personas de mucho prestigio en la comunidad mundial relacionada con los Derechos Humanos. Tienen mucha credibilidad y se les considera sabios, entre los sabios, en cuanto a Derechos Humanos.
Ellos forman parte del Sistema de Naciones Unidas, pero no son asalariados de la ONU. Son designados, precisamente por su sapiencia, su experiencia y, sobre todo, por su independencia como Expertos (así, en mayúsculas), por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (al cual Costa Rica pretende entrar a formar parte de él). Se les denomina, también, Relatores Especiales, precisamente por su credibilidad y formación altamente especializada en esta sensible materia de los Derechos Humanos.
El Sr. Kaye es el Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión. El Sr. Nyaletsossi Voule, es el Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación. El Sr. Michel Forst es el Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos. Solo muy poquísimos costarricenses sabían de su existencia y de la naturaleza estratégica de su trabajo para la paz y para la real democracia: la cuestión cabal, integral, inclusiva de los Derechos Humanos. Algo que no se está haciendo en Costa Rica.
Pues bien, estas mentes brillantes y de altísimo respeto planetario analizaron y se pronunciaron sobre el Expediente Legislativo No. 21.049, cuyo nombre oficial es Ley para Brindar Seguridad Jurídica Sobre la Huelga y sus Procedimientos, misma que fue bautizada por el pueblo como “ley mordaza”. Emitieron un criterio demoledor que ha conmocionado a los sectores político-empresariales hegemónicos y mediáticos del país; opinión que podemos resumirla en esta frase: ese proyecto no es compatible con los tratados de derechos humanos vigentes para Costa Rica.
Tal fue el impacto que, por ejemplo, el máximo jerarca parlamentario, don Carlos Ricardo Benavides Jiménez, desconcertado, solamente atinó a decir que esas mentes brillantes habían sido “engañadas” por los sindicalistas que solicitamos tal pronunciamiento. ¡Qué insensatez! Por otra parte, a la recientemente nombrada señora ministra de Trabajo y Seguridad Social, doña Geannina Dinarte Romero, la “obligaron” a firmar un comunicado descalificante de las opiniones de los señores relatores especiales indicados, redactado en Casa Presidencial. Solamente para citar dos desafortunadas reacciones de la máxima esfera política del país ante el criterio contundente que venimos comentando formulado por esos Expertos. Podríamos citar más ejemplos de semejantes reacciones en la cúpula político-empresarial que nos gobierna, pero sólo nos queda afirmar que cuando la ignorancia es política de Estado, las bestialidades compiten entre sí.
El periodismo de odio no se quedó atrás. Su matriz principal, la tira-línea, hasta primera página nos dio. Las repetidoras parlanchinas mañaneras no se quedaron atrás. Y a cierta prensa digital se le salía la bilis por las esquinas de la pantalla del celular.
Se centraron en lo meramente formal acerca de si el criterio experto de los tres relatores se podía considerar oficial de Naciones Unidas; mostrando, en unos casos, igual nivel de ignorancia bestial; en otros, deliberado afán desvirtuador y descalificante del reporte de los tres Relatores-Expertos. Por demás y según conocedores de estas lides del litigio internacional en Derechos Humanos, que los tres coincidieran era porque la gravedad violenta del proyecto “ley mordaza”, así lo exigía. Algo que nunca antes había sucedido.
Para los señores Relatores Especiales la ley anti-huelgas de la coalición político-ideológica-empresarial y mediáticamente gobernante, se excedió en limitaciones al ir más allá de lo aceptable en una sociedad democrática. ¡Cierto! Hemos denunciado que está en proceso de implantación en el país una democracia de corte autoritario y hasta totalitario.
Para ellos, “…el proyecto de ley impone prohibiciones absolutas al ejercicio de la huelga para prácticamente para todos los servicios públicos o por ciertos motivos, sin que se pueda mediar consideración sobre la razonabilidad o proporcionalidad de la huelga en un determinado caso”. ¡Han sido totalmente contundentes!
Las reacciones adversas generadas por el informe de las tres relatorías especializadas en Derecho Humanos nos dicen de un país con doble moral al respecto. Nos hablan de un gobierno farsante y descalifican la candidatura presentada por el gobierno de Alvarado Quesada de pretender que Costa Rica consiga un asiento en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas; precisamente la que designó a los señores David Kaye, Clement Nyaletossi Voule y Michel Forst, como sus especialistas, sus expertos de alcance mundial y de criterios archi-independientes.
Ya los honorables señores integrantes de la Sala Cuarta, que está en estos momentos analizando el citado proyecto de ley, luego de recibir primer debate, tienen conocimiento oficial de la opinión de los tres Relatores Especiales. Ellos saben el calibre de la misma y su peso político obligante, especialmente para un país que pretende dictar cátedra a otros Estados sobre cómo aplicar los Derechos Humanos cuando en estos momentos tenemos un techo de vidrio más delgado que el ala de una frágil mariposa. Hasta aquí no llega eso de que cuando la ignorancia es política de Estado.
