En lo que constituye una de las más importantes acciones a favor de la ciudadanía que en los últimos años ha ejecutado la Defensoría de los Habitantes de la República, su actual titular, la señora Monserrat Solano Carboni, le ha enviado una estratégica advertencia cívica (en nuestro criterio), al señor Ministro de Hacienda, don Helio Fallas Venegas, a fin de que tome en cuenta los compromisos del país en materia de Derechos Humanos, a la hora de formular el proyecto de presupuesto de la República para el ejercicio fiscal de 2016, que en semanas próximas ha de debatir la Asamblea Legislativa.
De manera sumamente oportuna, la señora Defensora le recuerda al Gobierno (vía Ministerio de Hacienda), que Costa Rica ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; así como el Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”); y, por tanto, el país “, asumió la obligación de adoptar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles, a fin de lograr progresivamente, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC)”.
El oportunísimo señalamiento de la Defensoría nos da una gran autoridad moral y ética para las organizaciones sindicales y sociales que nos preparamos para enfrentar la tramitación legislativa venidera del presupuesto de la República, con el ejercicio de la Democracia de la Calle.
Las posiciones diputadiles fundamentalistas de corte neoliberal y extremista contra el presupuesto del 2016 ya, incluso sin conocer el detalle de ese proyecto de presupuesto, afinan sus criminales tijeras para recortes, a diestra y siniestra, por el orden de 600 millones de dólares; más de 300 mil millones de colones. La cantidad a recortar podría ser mucho mayor, llegándose al extremo de poder en peligro vidas humanas: ¡un verdadero crimen social!
Tal suma de recorte en perspectiva por parte de los saboteadores fiscalistas de la paz social y de la institucionalidad pública que tiene relación directa con la promoción y protección de los Derechos Humanos de gran parte de la población costarricense; incrementará el sufrimiento de la hoy atormentada ciudadanía obrera y laboral básicamente, por la alta carestía de la vida, las restricciones salariales, el desempleo y el trabajo precario y la informalidad, el alto endeudamiento y, en general, por el crecimiento de la desigualdad.
En su carta, la señora Defensora no pueda ser más contundente al indicar que a la hora de enfrentar la coyuntura fiscal que vive el país, “…no se puede lograr sacrificando el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de las y los habitantes. En particular, el costo de la reducción del déficit fiscal no puede hacerse pagar en mayor medida, ni de manera desproporcionada, a los desfavorecidos, y en contravención de la obligación del Estado de asegurarles una mejora progresiva de sus estándares de vida”. ¡”Más claro no canta un gallo”!
Con la autoridad moral y reconocida ética que le asiste a la señora Defensora, nos alerta acerca del peligro social de “…, una actitud omisa o permisiva por parte de las autoridades estatales frente a la evasión fiscal,…”; agregando (como es lógico), que “…afecta el ingreso del Estado y en consecuencia, su capacidad para satisfacer los derechos de la población”.
Por ello resultan condenables las posiciones parlamentarias bloqueadoras de los necesarios proyectos contra el fraude y la evasión fiscales que ha venido promoviendo el señor Ministro de Hacienda. A la vez, es inadmisible que él se “rinda” ante el corporativismo gremial empresarial líder de esos bloqueos, accediendo a flexibilizar y volver “light” las necesarias y reflexionadas propuestas de darle “más dientes” a la administración tributaria en el combate al robo de impuestos, mismo que es un verdadero crimen social.
La señora Defensora de los Habitantes de la República, sin proponérselo, le da un soporte de gran ética y de fuerte solidez moral a todas aquellas luchas que se promoverán, para evitar que el fundamentalismo fiscalista neoliberal atrofie el proyecto de presupuesto para el 2016, con sus recortes “locos”, irreflexivos, improvisados, antojadizos, irracionales, en contra de una multiplicidad de programas sociales que se necesitan para tanta gente, según lo indicado por la propia señora Defensora.
