Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
La pandemia nos restregó en nuestro rostro-país, cuán desigual nos habíamos vuelto como sociedad. Y ya habíamos alcanzado, sin pandemia, la deshonrosa posición de estar entre los diez países más desiguales del mundo.
En la década previa a la llegada del covid-19, 2010-2019, el robo de impuestos en todas sus dimensiones; la evasión fiscal descarada, camuflada y cínicamente abierta; así como el abusivo sistema de exenciones-exoneraciones empresariales, junto al vergonzoso y descarado contrabando; todo junto, estaba arrojando la escalofriante cifra de unos 3 mil 500 millones de dólares, promedio anual, que se acumulaban en manos inescrupulosas de los dueños del real poder en Costa Rica.
Un modelo económico más que fracasado, gerenciado a nivel de los sucesivos gobiernos del tripartidismo PLUSC-PAC, generó las condiciones para la acumulación de esa gigantesca cantidad de dinero mal habido en pocas manos, unos 35 mil millones de dólares; suma estratosférica dentro de la cual es muy posible que ya entró a jugar en los casinos financiero-bancarios, la plata sucia del narcotráfico y del crimen organizado.
Ahora, en plena pandemia, nos están cobrando como pueblo trabajador una deuda pública imposible de pagar; nos aterrorizan con el alto déficit y el cataclismo fiscal que no termina por llegar; empezaron ya con los recortes presupuestarios a mansalva, irreflexivos e irresponsables y hasta irracionales (como el del programa de niñez y adolescencia CEN-CINAI).
La plata que no llegaba al fisco, la reponían con deuda pública y al cabo de estos años de la tríada gobiernista, encontraron muy fácil poner al pueblo a pagar; especialmente, el pueblo trabajador que siempre ha sido puntual pagador de sus impuestos. Mucho tiempo tenemos de hablar y de escribir de todo esto y, lamentablemente, las circunstancias presentes nos están dando la razón.
Sin duda alguna, y prácticamente en el año del Bicentenario de nuestra primera independencia, Costa Rica no tiene una tarea sociopolítica y económica más estratégica que transformar esta realidad de desigualdad que apuntamos en el párrafo primero de este comentario.
La noticia de que se impulsará un impuesto a los ricos en América Latina que podría generar un fondo de 26 mil 504 millones de dólares, ¡anuales!, revitaliza nuestra convicción de que asumir la tarea de la transformación tributaria estructural del sistema impositivo costarricense, es una lucha de enorme actualidad y de desafío tan grande como la existencia misma del país.
La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), organización civil de nuestra región geográfica, integrada por instituciones y organizaciones sociales de países latinoamericanos que trabajan por la solución de los problemas derivados de la crisis sistémica y para crear condiciones que permitan el establecimiento de una economía al servicio de la gente, en la que los derechos económicos, sociales y culturales se hagan vigentes; acaba de proponer “…aplicar un impuesto a las grandes fortunas en la región que, según sus cálculos, permitiría recaudar al menos $26.504 millones, suficientes para garantizar la distribución gratuita de la vacuna contra el covid-19”. Así lo publicó en su página de Internacionales, Diario Extra, en su edición de este lunes 21 de diciembre (pág. 23). Dicha suma se estima por período anual.
Este otro dato también causa gran impacto: “Según Latindadd, en América Latina y el Caribe, la región más desigual del planeta, el 41% de la riqueza lo tiene el 1% más rico, que sólo aporta el 3.8 de la recaudación total”.
Para el caso costarricense, con la profunda desigualdad que ya nos azota y que tiende a agravarse, es ésta la ruta principal de lucha de los movimientos sociales y sindicales que mantienen una independencia estructural con respecto a los partidos políticos responsables del desastre social y fiscal: generar todo un proceso de participación civil para forzar los cambios tributarios en la dirección correcta.
Pero tiene que ser un remezón desde las bases de la sociedad obrera, trabajadora, excluida, empobrecida, desempleada, arruinada; harta de llevar sobre sus espaldas la mayor parte de la carga tributaria de naturaleza regresivamente injusta. Hoy Costa Rica está social y económicamente desequilibrada. Tanto el gobierno como el parlamento no responden a los intereses del bien común. Estos grupos corporativos tienen el control total de la iniciativa fundamental de la política pública; iniciativa que no es para la inclusión social y económica. Los y las de abajo ya no contamos. Solamente para que les votemos, en el 2022, año electoral que no ofrece cambio alguno. El despertar político necesario para la transformación profunda y necesaria está pendiente
