Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Sin duda alguna, el acontecimiento obrero más relevante de los últimos tiempos en el plano político-jurídico, es la promulgación de la Ley de la República, No. 9343, conocida como la Reforma Procesal Laboral (RPL); misma que superó 17 años de un largo y sinuoso camino sociopolítico, lleno de altibajos; más 18 meses de preparación para que entrara a regir a plenitud.
A nivel sindical, y hay que plantearlo sin falsas humildades, le correspondió a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), llevar sobre sus espaldas la principal carga de tal proceso; incluso, en momentos de enorme soledad política a nivel del Movimiento Sindical Costarricense, prácticamente escéptico (cuando no crítico negativo), de que tal legislación pudiera darse en nuestro país.
Una de las cosas más espectaculares y uno de los logros más extraordinarios de la RPL, consistió en la posibilidad de la materialización real y concreta del Derecho Constitucional de Huelga, sin que las personas trabajadoras asalariadas que lo invocaran y que hubiesen seguido los procedimientos de esa novedosa legislación, pudieran accesar a tal derecho sin recibir ningún tipo represalia (ni siquiera el rebajo del salario correspondiente al tiempo holgado), una vez declarada legal la huelga; y, por el contrario, si no fuese así, se otorgó un período de gracia de 24 horas para el retorno a labores, sin riesgo de sanción alguna.
Durante la gran lucha sindical, social y popular del año pasado 2018, con ocasión del enfrentamiento de clase ocurrido por la tramitación legislativa del proyecto comúnmente conocido como combo fiscal, Fortalecimiento de las finanzas públicas (hoy ley de la República No. 9635); varias de las huelgas que tuvieron lugar en diversos servicios públicos alcanzaron la categoría de legalidad según la RPL, destacándose los casos de la educación y de la empresa pública estatal ligada al combustible.
Evidentemente, la furia y la iracundia del capital y sus agentes mediáticos ante tales circunstancias nuevas con relación al ejercicio real del derecho constitucional de huelga, no se hicieron esperar y, con gran carga de odio hicieron lo correspondiente para que en el parlamento dos de sus integrantes (Carlos Ricardo Benavides Jiménez y Yorleny León Marchena, del hoy neoliberal Partido Liberación Nacional -PLN-), muy afines a la visión de mundo de ese gran capital, impulsaran iniciativas de ley, gemelas y paralelas, para acabar, de un solo porrazo legal, el avance de notable carácter progresivo que representó la RPL en materia de huelga.
Envalentonados, el dúo diputadil Benavides Jiménez-León Marchena parece estar a pocos días de alcanzar su perverso objetivo antidemocrático, considerando la proclividad de la mayoría legislativa hacia la agenda del gran empresariado del país, especialmente el de carácter “empresaurial”.
Empoderados, además, por la matriz mediática del periodismo de odio (verdadero poder real en la sociedad actual costarricense); rabiando de ira enfermiza por el movimiento huelguístico ocurrido en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tienen todo el contexto y la correlación de fuerzas (momentánea), para imponerle a la Democracia la ley anti-huelgas y abrir paso, a la proscripción-ilegalización de los sindicatos.
En tal sentido, nos debemos preguntar: ¿qué necesidad había para que cierta dirigencia sindical nacional le legitimara a todo lo que representa el dúo diputadil Benavides Marchena, su artero ataque a la Democracia con la castración del contenido constitucional del Derecho de Huelga y su arrasar con su materialización concreta en la RPL?
Ese dúo diputadil, en realidad verdaderos operadores políticos con curul legislativa del gran capital, tiene ahora una verdadera excusa para vender la idea de que su artera ley anti-obrera es producto de un “consenso” con el Movimiento Sindical Costarricense, pues la manipulación mediática lo expondrá así al público ciudadano indefenso y objeto de informaciones subjetivizadas, de carácter tóxico.
Nuestra experiencia nos indica que los neoliberales no negocian, imponen. La dignidad obrera, aún en su mínimo nivel, no ameritaba ser mancillada por un pragmatismo (“es que ellos tienen los votos”), tan vacío de contenido y más cercano al entreguismo que a una real negociación con verdadero logro para la parte trabajadora.
Y para peores, pretendieron que las respectivas bases sindicales no se dieran cuenta, pues el secretismo, el mutismo y la encerrona cuatro-paredes fue lo que imperó en esas negociaciones con el neoliberalismo. Se dio sustento así a lo que será un grave error que ha de llenar de oprobio para siempre a las personas representantes sindicales que firmaron la derogatoria de facto para la desconstitucionalización del derecho de huelga; para borrar de un porrazo el más grande avance jurídico-legal que el derecho de huelga había logrado en nuestra legislación obrera, mediando la RPL, desde que el Código de Trabajo se emitiera en 1943.
De 1943 al 2017, mediaron 74 años (casi tres cuartos de siglo) para haber logrado la legalidad plena de la huelga; tan solo fue necesario para que transcurriera un período de unos 24 meses para que el capital lo eliminara (tal y como se ve venir). Pero lo más indignante y lo más doloroso, es que desde el propio lado obrero se le diera le legitimación que el neoliberalismo ocupa para quitarse su esencia autoritaria-totalitaria y mostrar una mascarada “negociadora”.
