El capital contra los Derechos Humanos

Absolutamente, hay ya claridad de cuáles son los dos polos opuestos que, en estos momentos, caracterizan la dicotomía, la confrontación social en desarrollo, el enfrentamiento de clase que estamos viviendo en la sociedad costarricense.

Por un lado, están los valores eternos de los Derechos Humanos, proclamados universalmente y que, en el caso costarricense, han sido adoptados en todas y en cada una de sus declaraciones universales y continentales.

El otro polo, es que ha venido impulsando y desarrollando la campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico que ha venido desplegándose en contra del Empleo Público y todo lo que le rodea, de manera periodísticamente editorializada vía noticias cargadas ideológicamente, por parte de los latifundios mediáticos de la hegemonía representada en el capital neoliberal.

Si, por ejemplo, reparamos en las tropelías que ha venido cometiendo la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), en contra de la institucionalidad jurídica de orden constitucional expresada en los principios de la Negociación Colectiva y los Derechos Laborales; llegando al nivel de prevaricato en la emisión de resoluciones de su Intendente de Energía…

Si, a la vez, reparamos en el más reciente ataque de la señora Contralora General de la República en contra de principios fundamentales de la Libertad Sindical consagrados en la legislación internacional obrera de obligada observancia por parte de nuestro país al haber ratificado, vía legislativa, los correspondientes convenios OIT…

Si notamos la oposición rotunda del capital neoliberal y su expresión corporativo-gremial en contra del proyecto de ley para establecer el Salario Mínimo Vital para la clase trabajadora asalariada del sector Privado…

Si estamos notando cómo se le hace el juego al dinero sucio, especialmente el proveniente del narcotráfico y el crimen organizado, al oponerse al registro de beneficiarios finales de las sociedades anónimas…

Si ha quedado claro que las monstruosas y gigantes cifras del fraude fiscal y del robo de impuestos son la fuente fundamental del indetenible proceso de concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad.

Si del déficit fiscal no se puede culpabilizar a quienes laboran asalariadamente, pues la clase trabajadora paga, puntual y rigurosamente, los dos principales impuestos del sistema tributario costarricense: ventas y renta; y, además, ni tiene sociedades anónimas ni tampoco recibe exenciones y/o exoneraciones…

Entonces tenemos que, en cada una de las circunstancias arriba anotadas, analizando sus factores sociales y económicos e, incluso, sus derivaciones político-ideológicas; la contra cara la representan los contenidos de los importantes instrumentos del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos que Costa Rica pregona defender, allende de nuestras fronteras pero que, hacia adentro, estamos violentando todos los días.

Si nos pusiéramos a analizar estos documentos, nos quedaríamos atónitos acerca del grado de deterioro de nuestra propia convivencia social y de cómo la violación a los Derechos Humanos en Costa Rica es cosa de todos los días:

  • La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
  • El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
  • La Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José).
  • La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Lo más espantoso es que importantes entidades de la propia institucionalidad republicana costarricense, supuestamente concebidas para la más armoniosa convivencia democrática con inclusión social, hoy se hayan convertido en una especie de institucionalidad “sicariática” de los Derechos Humanos; dada su subordinación a la línea ideológica de esos latifundios mediáticos del capital neoliberal, en contra y en negación de preceptos fundamentales de los cuatro tratados mencionados, firmados y ratificados, legislativamente hablando, por nuestro país; abrogándolos, de facto, sin haber pasado, por ejemplo, por el parlamento.

Estamos absolutamente convencidos de que apenas estamos empezando, pese a todo lo que ha venido pasando, a ver la naturaleza perversa de una especie de campaña de exterminio para con todos esos valores de convivencia civilizada representados en los tratados internacionales de Derechos Humanos.

Y no es una cuestión nacional meramente. El Papa Francisco lo viene planteando, lo viene denunciando, lo viene señalando. Los más significantes valores de inclusión social inherente a los principios filosóficos del Humanismo Cristiano, reflejados en estos tratados internacionales de Derechos Humanos (y en la propia Constitución Política de Costa Rica), representan contenidos inobjetables de que la lucha cívica social y sindical que venimos desplegando es la correcta; y que, la iracundia del ataque del otro lado, la invisibilización mediática a que es sometida la opinión que les contradice; el escarnio, la infamia y la burla, y, hasta las amenazas de muerte, ratifican y confirman que las banderas legítimas de la justicia social son las que se enarbolan de este lado: el lado de los Derechos Humanos.

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