A estas alturas de la investigación parlamentaria sobre el ya más que famoso escándalo del cementazo, cada uno de los señores diputados y cada una de las señoras diputadas integrantes de la comisión legislativa que está a cargo de ese proceso deben haber recibido (como quien esto escribe lo recibió), un impactante anónimo al respecto de este sonado caso.
En ese anónimo se describe el presunto proceso de inserción, sumamente veloz y efectivo y hasta planificado para sus propios intereses, que en los últimos años habría tenido al cuestionado Juan Carlos Bolaños (JCB), en el mundo de los grandes negocios y en el mundo de la “alta” política del país, al punto de que en estos momentos en los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) hay gente “bien pringada de cemento”.
Si no lo tuvieran, con gusto se lo compartimos. Si lo tienen, con todo respeto les increpamos pues ya deberían haberlo comentado con la opinión pública.
La actual legislación costarricense ha establecido diversa normativa para el combate a la corrupción y para el imperio de la transparencia en la cosa pública, que acredita el anónimo como vía adecuada para denunciar la comisión de presuntos ilícitos contra la hacienda pública, especialmente cuando se coluden para cometerlos personas de los ámbitos público y privado.
Por eso nos hemos visto obligados a comentarlo por esta vía de opinión. No nos corresponde la constatación de la certeza de la veracidad de todos y cada uno de los contenidos de ese anónimo. La institucionalidad republicana tiene las entidades responsables al respecto, pero lo grave es que en estos momentos la desconfianza está imperando en las mismas.
Nos corresponde denunciar y dado el gran sentimiento de estupor, de asombro, de indignación y de enojo de la ciudadanía por todo lo de las implicaciones y alcances nocivos para el país, del caso del cementazo (lo que ya se sabe y lo que está por saberse que parece que será peor), desde una perspectiva patriótica aportamos a la causa cívica en desarrollo, comentando de la existencia de este anónimo.
Llama poderosamente la atención que la persona que lo redactó parece haber estado muy cerca de esos momentos, de esos encuentros, de esas circunstancias y de esos nombres citados en el anónimo. Su contenido podría ser muy comprometedor para todas esas personas políticas involucradas (las que ya son conocidas y las que están por salir a flote), de una manera u otra, en el escándalo del cementazo. Quien lo escribió sabe demasiado.
Es imposible, por ejemplo, creer que el actual y ahora cuestionado fiscal general de la República, don Jorge Chavarría Guzmán, por un lado; y, por otro, el jerarca máximo de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), don Mariano Figueres Olsen, no estuvieran al tanto de tanta circunstancia irregular e ilegal, por lo menos las “llamativas”, del rápido ascenso al alto poderío económico-corporativo de este país de una persona tan joven, como para que la banca pública le prestase casi 50 millones de dólares (hoy al punto de perderse todos o en parte), por una parte; y, por la otra, que Bolaños Rojas lograse en un periodo, también corto, tanto padrinazgo, patrocinios, conocidos y similares en los tres poderes del Estado.
El anónimo plantea, por ejemplo, la necesidad de revisar las relaciones de Bolaños Rojas con el Instituto Nacional de Seguros (INS), entre los años 2009 y 2014, por cobros de seguros por deterioro de maquinaria y de equipos, como grúas. Parece que en este ámbito también se podría preguntar mucho por parte del panel legislativo investigador, por estar latente una posible estafa de seguros.
Dado que hay tanta plata de la banca pública que se podría perder con los peculiares créditos concedidos a JCB, el anónimo plantea que se debería investigar el destino final aquí, en suelo nacional, de los 7 y medio millones de dólares retornados al país, “repatriados”, luego de uno de los desembolsos multimillonarios de los créditos concedidos a dicho caballero por parte del Banco de Costa Rica (BCR).
El anónimo denuncia que el indicado JCB le habría financiado la campaña electoral del año 2014 a un tradicional ya, casi que folclórico, candidato presidencial. Y que hasta una fiesta de cumpleaños le habría pagado pues ambos son grandes amigos.
Si no lo ha hecho ya, la persona quien redactó el anónimo debería entregarlo en la instancia política o judicial correspondiente. Pero, a como se ven las cosas, ¿cuál instancia podría brindar confianza? Dice la persona redactora del anónimo que teme por su propia vida. ¡Tiene razón! Parece que el fenómeno de la corrupción, especialmente la corrupción político-empresarial está enraizándose tanto que nadie denuncia por temor a que le hagan daño o acaben con su vida.
¿Hasta ahí hemos llegado como sociedad? …
Si todo lo que dice el anónimo se investiga, la institucionalidad republicana se conmovería en una forma tal que resultaría indescriptible las consecuencias para la misma.
Ahora que en el Poder Judicial se tomaron medidas para quitarse el cemento que les está pringando, gracias a una intensa presión ciudadana y gremial interna, nos preguntamos las razones por las cuales no se separan de sus cargos, transitoriamente, mientras se investiga, al señor don Celso Gamboa Sánchez. Por cierto, su nombre se menciona en ese anónimo.
Y, también, creemos que resulta más que conveniente para la salud institucional de la República hoy en grave estado, que el señor Fiscal General de la República también fuera separado del cargo.
Actualmente es tan grave esto de la corrupción que no solamente incurre en delito quien lo perpetra, sino también comete delito quien, teniendo la responsabilidad de combatirle, no hace nada.
El sistema político de Costa Rica ocupa una intervención quirúrgica profunda. El cáncer de la corrupción podría convertirse en metástasis. Y solo una pequeñísima parte de lo que plantea en ese anónimo es lo que hoy les hemos compartido.
