A LA HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA
A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ante la trascendencia que reviste para el futuro de la institucionalidad democrática costarricense, la elección de la persona que deberá ocupar el estratégico cargo de Contralor General de la República; ha considerado necesario plantear de manera pública, franca y respetuosa, las siguientes consideraciones a las cuales debería referirse el Lic. Luis Fernando Vargas Benavides, en sus pretensiones de ocupar tal cargo, nuevamente; consideraciones que surgen a partir de ciertas situaciones desarrolladas durante su gestión en el cargo durante su período en tal entidad.
Primero: “Libro Blanco”. La Contraloría General de la República realizó la publicación del denominado “Libro Blanco”, sobre el régimen tributario costarricense. Presuntamente, ese proceso investigativo y analítico generó contrataciones al margen del régimen de prohibiciones establecidas en los procesos de la contratación administrativa. Por otra parte, su alto costo económico generó bastante polémica, así como la participación como consultor en el mismo, del hijo del entonces Presidente de la República, Dr. Miguel Angel Rodríguez Echeverría. Sobre tal proceder, la Asamblea Legislativa aprobó un voto de censura al Lic. Luis Fernando Vargas Benavides. único Contralor en la historia que ha recibido una sanción de tal naturaleza.
Segundo: Gastos de Representación. Cuando la presente Asamblea Legislativa cuestionó, fuertemente, los presupuestos por concepto de gastos de representación de los más altos cargos del Estado, reduciéndolos a cantidades bastante bajas con relación a lo que por tal concepto se venía reconociendo; tenemos entendido que en la Contraloría General de la República, se habría burlado el espíritu del legislador al efecto y las sumas que se pagaban por tal concepto, fueron adicionados al salario base del puesto de Contralor y de Subcontralor; aduciendo que esos gastos de representación ya formaban parte del salario de tales puestos. A lo mejor las argumentaciones legales daban sustento para ello; sin embargo, desde el punto de vista de los valores inherentes a la cosa pública en los actuales momentos, pareciera que proceder como se hizo, si así en realidad fue, no sería lo correcto.
Tercero: Proceso de Reestructuración. Es conveniente que la opinión pública tenga noción completa de la naturaleza del proceso de reestructuración aplicado a la Contraloría General de la República, durante el mandato que acaba de concluir. Los montos pagados a las entidades consultoras, así como las erogaciones por concepto de pago de prestaciones por reestructuración y las implicaciones económicas de los puestos que resultaron revalorados, son aspectos que hasta el momento, parecen desconocerse por parte de la ciudadanía y de las esferas de decisión política. Es bueno hablar de ello en las actuales circunstancias, especialmente para señalar cuáles son los resultados que hasta ahora, al término de la actual gestión contralora, se han logrado; pues es muy interesante contrastarlos con el diseño del proceso y su propio costo.
Cuarto: Atmósfera Secretista. Hay una sensación de que en el mandato contralor que acaba de concluir, la atmósfera del silencio pareció inundar a la institución; situación que aunque parezca sin importancia, para muchos tuvo reflejo en la especie de “acuartelamiento” del espacio físico destacado al uso de las dos más importantes jerarquías institucionales. El proceso de remodelación de este “acuartelamiento” (cuyo costo económico sería conveniente conocer en las actuales circunstancias), pareciera destinado a servir más de mensaje de freno al libre acceso ciudadano a la información, de atmósfera secretista, que a la invitación a la transparencia, a la amplitud, a una política de puertas abiertas a la ciudadanía. Las veces que necesitamos acudir a tales despachos, ese ambiente tan cerrado siempre generó tan particulares apreciaciones. Tal es así que en una encuesta realizada por un medio de comunicación el señor Luis Fernando Vargas Benavides, ocupó el segundo lugar entre los funcionarios más inaccesibles del Sector Público.
Quinto: Estabilidad gerencial. Interesa conocer las definiciones de política de personal, con relación a los altos mandos de la entidad contralora (especialmente, gerenciales), que han determinado que unos tengan un nombramiento con estabilidad y por tiempo indefinido, y otros por tiempo definido, aún y cuando la naturaleza de los puestos es el mismo. Además, tenemos entendido que se hicieron concursos internos para nombrar ciertos puestos, cuando de antemano se sabía que sólo una determinada persona podría concursar por el tipo de requisitos establecidos; mientras que, por otro parte, para otros puestos realizaron concursos externos o mixtos para llenar plazas, cuando se conocía que había funcionarios al interior de la Contraloría que podían ocupar dichos puestos. ¿Es esto así, en realidad?; y, si lo es, cómo explicarlo.
Sexto: Informe de auditoría interna. Tenemos entendido que un informe de la auditoría interna para estudiar la calidad de los informes de auditoría, el cual resultó bastante crítico, habría sido desautorizado desde el propio despacho contralor; lo cual, de haber sido cierto, habría significado un mensaje demoledor con respecto a la filosofía del control de la gestión pública, confiada a la Contraloría General de la República. Tenemos razones suficientes para creer que ello si ocurrió en verdad, por lo que sería muy importante que se expusieran las situaciones y las razones que en tal circunstancia se presentaron.
Sétimo: Situación FODESAF. Sentimos que el papel jugado por el hoy Excontralor General de la República, en cuanto a la revisión de las reglamentaciones para el manejo de los fondos de FODESAF, cuando ocupó el papel de asesor de la señora Rebeca Gryspan, en la Administración Figueres Olsen (1994-1998) debería exponerse a propósito de la discusión de su eventual nombre para que continúe en tal puesto.
Por estas razones llamamos a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud para los nuevos y decisivos acontecimientos que vendrán, si de verdad estamos dispuestos a hacer lo que sea para defender la existencia y la institucionalidad de nuestra estratégica institución; dado que resulta imposible, peligroso y hasta cómplice, permanecer pasivos.
San José, 10 de mayo de 2004.
