El gobierno actual presidido por el Presidente Solís Rivera anunció el pasado jueves 24 de julio de 2014 su posición favorable al “desenganche”, a la ruptura del vínculo que ha existido por 32 años, entre las bases salariales del personal de Ciencias Médicas del país con plaza en el sector Público, y los movimientos en las bases salariales de 22 puestos (denominados “testigo”), de la estructura de clases ocupacionales del Régimen de Servicio Civil.
Así les fue comunicado a las dirigencias sindicales de las organizaciones laborales que reivindican los derechos y los intereses económico-sociales y reivindicativo-gremiales de la masa trabajadora asalariada del sector Público; durante la reunión de la fecha, en el seno de la denominada Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público; en cuyo seno se da un proceso negociador (mismo que podría concluir esta misma semana); para definir la cuantía del monto del reajuste por costo de vida para tal sector trabajador, correspondiente al segundo semestre de este 2014.
El “desenganche” consiste, básicamente, en una modificación a dos artículos de la ley salarial médica, No. 6836, emitida en 1982; así como derogar un decreto ejecutivo de 1998 que profundizó ese perverso vínculo salarial.
La organización en cuyo seno militamos, la ANEP, ha levantado esta bandera del “desenganche” rompiendo tabúes de diversa naturaleza; y, generando, por un lado, reacciones sumamente negativas (las menos, por supuesto, que provienen del bando sindicalista atrincherado en el excesivo corporativismo). Pero, por otro y afortunadamente, con mucho apoyo laboral y social, incluso, más allá de las fronteras sindicales.
La actual Asamblea Legislativa tiene una gran responsabilidad al respecto: tramitar el expediente legislativo para el “desenganche”, atascado en la agenda de su comisión jurídica. O bien, concertando sobre otro proyecto que persiga el mismo fin.
El Presidente Solís Rivera, a quien le reconocemos su valentía aceptando esta polémica tesis sindical de la ANEP, puede terminar la tarea que decidió emprender al efecto: mandar a las sesiones extraordinarias de agosto ya próximo el proyecto de ley necesario.
El honorable cuerpo médico nacional debe tener absoluta claridad que no tenemos nada contra su legislación salarial. Solamente queremos la ruptura de ese vínculo, denominado popularmente como el “desenganche”.
Esta posición sindical no tiene relación alguna, para nada, con otros pluses salariales que perciben los profesionales en Ciencias Médicas del país. Lo que sí debe quedar claro es que si en los semestres siguientes el reajuste al salario base es de, digamos, un 3% para todas las clases de puestos del sector Público; el del personal médico también será ese mismo 3%, sin fórmulas matemáticas que lo eleven hasta cuatro veces más.
Estamos en disposición de reunirnos con los gremios médicos si nos invitan. Nos gustaría hablar de este tema, en un cara a cara respetuoso; nos gustaría hablarles de otros temas inherentes al futuro de la Caja que pasa, necesariamente y como debe ser, por lo que piense acerca de ello el honorable cuerpo médico del país.
Éste, en inmensa y abrumadora mayoría, rinde homenaje, hora tras hora y día tras día, al juramento hipocrático en condiciones de total transparencia y solidez ética; mayoría médica que no tiene nada que ver con la “realeza salarial” que controla su profesión, ni tampoco con los pocos aunque sonados casos de corrupción en los que se han visto envuelto médicos, según denuncias de prensa de los últimos meses.
