El medio de comunicación DIARIO EXTRA, está conmoviendo a la opinión pública nacional con sus reportajes-denuncia aparecidos en sus ediciones de los días miércoles 27 y jueves 28 del presente mes de enero; al destacar que desde la hermana latinoamericana República de Colombia, se denuncia cómo el territorio costarricense y su sistema jurídico-financiero está siendo utilizado, y cada vez más, por el narcotráfico, por el crimen organizado y por operaciones ilegales en el marco de conflictos civiles armados, para lavar dinero sucio.
La denuncia de que un accionista del periódico La Nación, con vínculos de parentesco con uno de los dueños de dicho latifundio mediático, Manuel Francisco Jiménez Echeverría; así como que un directivo del Consejo de Transporte Público (CPT), Juan Carlos Soto Vindas; representan hechos sumamente graves que, al menos, deberían preocupar a la Asamblea Legislativa como para crear una nueva comisión especial de investigación sobre la penetración del narcotráfico en Costa Rica que tome en cuenta el nuevo contexto que se deriva de los reportajes de DIARIO EXTRA, el cual nos está indicando que el poder de tal dinero sucio puede llegar a la esfera pública y a la esfera privada y, en este caso, hasta corporaciones de negocios periodísticos.
Las principales conclusiones que extractamos de los impactantes reportajes de DIARIO EXTRA de los dos días mencionados, nos llevan a pronunciarnos como sigue:
PRIMERO: No puede haber duda alguna de que la figura jurídica “Sociedad Anónima” es el “selecto” mecanismo legal para el lavado de dinero sucio de todo tipo y de toda procedencia, especialmente, de la ilícita actividad del narcotráfico.
SEGUNDO: La Asamblea Legislativa debe, por urgencia nacional y por la salvaguarda de la propia institucionalidad democrática del país, aprovechar el proyecto de ley contra el fraude fiscal incluyendo la disposición para que sepan los beneficiarios finales de las sociedades anónimas y fideicomisos análogos.
TERCERO: La necesidad de tal cambio legal, en el sentido de que la administración tributaria del país tenga a su disposición un registro de accionistas de sociedades anónimas y/o fideicomisos análogos, se queda corta por razones impositivas en el tema de robo de impuestos. Tal necesidad es abrumadoramente contundente: Costa Rica ha sido inundada por el dinero sucio del narcotráfico por todo lado, “gracias” al estado jurídico actual de las sociedades anónimas.
CUARTO: El diputado Otto Guevara Guth, y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado (UCCAEP), al oponerse férrea e irracionalmente al registro de accionistas de las sociedades anónimas, de la manera fundamentalista como lo está haciendo, alimentan toda clase de sospechas sobre la verdadera naturaleza de su resistencia insana en tal sentido; por tanto, con vehemencia hacemos un llamado a toda la ciudadanía patriótica y sus organizaciones transparentes, para que tomen nota de ello y se les demande cuentas de manera contundente. Los operadores jurídico-financieros que lucran y viven del dinero sucio, están más que felices por el “favor” que el citado legislador y la mencionada cúpula corporativo-empresarial les están haciendo en el seno del parlamento.
QUINTO: La Asamblea Legislativa debe, al menos, repetimos, establecer una comisión especial para que, por ejemplo a las personas mencionadas en los reportajes de DIARIO EXTRA, a sus representantes jurídicos y de negocios se les convoque a dar explicaciones.
SEXTO: EL Gobierno de la República no debe hacer ningún “trueque” político con el diputado Guevara y/o con la UCCAEP, a cambio de que dejen de practicar el totalitarismo parlamentario que están ejerciendo para bloquear el proyecto contra el robo de impuestos, incluyendo el registro de accionistas. Nada hay que “ofrecerle” a quienes exhiben una conducta tan antipatriótica que merece ser calificada como de traición a la Patria.
