Quienes se oponen a que nuestro país emita las más duras medidas administrativas y legales contra el fraude fiscal y el robo de impuestos, le hacen el juego al narcotráfico y al terrorismo. ¡Así de contundente debe ser planteado!
Ya no se trata de si la transparencia fiscal y tributaria es o no es una exigencia para que el país ingrese, como miembro pleno, al denominado “club de los países ricos”: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). ¡No señor!
Es que Costa Rica está llegando ya a peligrosísimos niveles catastrofistas para su propia estabilidad democrático-institucional y financiero-económica, por las monstruosas y desproporcionalmente gigantescas cantidades de dinero sucio que está circulando, todos los días y hora tras hora, en el circuito financiero de nuestra economía; pero no se puede determinar ningún tipo de procedencia, no se puede determinar quién está ganando por ello y cuánto; ni tampoco y mucho menos, si está pagando lo que realmente debe pagar, desde el plano de las obligaciones tributarias más elementales.
Costa Rica está mostrando en este momento un deshonroso y vergonzoso record: somos el tercer país a nivel de América Latina y ocupamos el lugar 14 a escala mundial, en el manejo de lavado de dinero del narcotráfico y del dinero sucio, en general.
Las cifras de dinero sucio, lavado de dinero, transacciones financieras del crimen organizado, según los estudios del ente internacional Global Financial Integrity, que hace monitoreo de los flujos financieros a nivel planetario, resultan un desafío difícil de comprensión mental sobre la cantidad de plata de la que estamos hablando.
En Costa Rica y durante la década 2003-2012, se movieron ¡94 billones de dólares! ¡Por Dios Santo, 19 puntos de Producto Interno Bruto (PIB)! Casi 600 millones de colones, ¡por hora!, por cada uno de los días, de todos los meses, de toda esa década.
Gran parte de toda esa sucia plata, por no decir su totalidad, se mueve vía sociedades anónimas y/o fideicomisos cuyos beneficiarios finales jamás se conocerán, ni siquiera para efectos tributarios, que es lo que persigue en el caso costarricense la nueva ley contra el fraude fiscal, bloqueada por ciertos diputados y por ciertas cámaras empresariales.
Además, estamos llegando a un punto en que podemos ser declarados como país no cooperante en el control del financiamiento al terrorismo.
Ya hay señalamientos, críticas, alarmas y fuertes “jalones de orejas” porque Costa Rica está en esta situación; porque Costa Rica ya está en vías de convertirse en un paraíso fiscal; y, porque en este país, vía la figura jurídica de las sociedades anónimas, todo ese dinero putrefacto, mal habido, sucio y lleno de sangre, encuentra en el sistema financiero nacional albergue seguro, dado que no es posible saber quién es el beneficiario final de las rentas que se esconden en las tales sociedades anónimas y/o en el manejo de los fideicomisos financieros y de especies parecidas.
La oposición parlamentaria y corporativa empresarial de “alto vuelo” a que se sepa quiénes son los beneficiarios finales de las sociedades anónimas, solamente se puede entender porque se está teniendo acceso al dinero sucio del narcotráfico, facilitando el lavado del mismo.
Tal oposición solamente se puede entender porque se está viviendo en medio de una orgía financiera producto de la acumulación desenfrenada de plata a partir del robo de impuestos.
Y lo que es peor, tal oposición solamente se podría explicar si de por medio existiría el soborno para facilitar el financiamiento a operaciones terroristas, “mirando para otro lado” con este tipo de dinero sucio.
Los propios gringos son contundentes en este sentido y aunque esté por medio la doble moral que les caracteriza, en esto del narcotráfico y del dinero sucio que genera, no se anduvieron por las ramas, indicando que Costa Rica es uno de los países con más lavado de dinero.
Un informe del Departamento de Estado de los Estados unidos, del año pasado 2015, dijo que las organizaciones delictivas transnacionales toman cada vez más, a Costa Rica como destino para cometer delitos financieros, entre ellos la legitimación de capitales. (Citamos el volumen II, del “Money Laundering and Financial Crimes”, incluido en el “International Narcotics Control Strategy Report”, emitido por el Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, United States Department of State).
El indicado informe da cuenta de gran cantidad de sitios web que promueven las apuestas en línea y desde los cuales se lavan millones de dólares en territorio costarricense. Esta denuncia de dicho documento es contundente: “Las organizaciones criminales utilizan las instituciones financieras oficiales para transferir dinero a empresas sin licencia, así como el contrabando y las zonas de libre comercio para blanquear el producto de sus actividades ilícitas”.
Por eso es que la OCDE ha estado indicando que “Costa Rica debe establecer regulación de acatamiento obligatorio que asegure la disponibilidad de la información de las entidades y sus socios”… “Costa Rica debe poner en marcha un programa de supervisión para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de mantener la información de propiedad y la identidad de todas las entidades…”.
Sigue diciendo la OCDE: “Costa Rica debe garantizar que la Administración Tributaria es capaz de acceder a la información de la propiedad en todos los casos. Esto se puede lograr a través de asegurar la disponibilidad de dicha información, por ejemplo, en el caso de las empresas al exigir información de los accionistas, que se mantendrá en la empresa, que se mantendrá en un registro público, o estará contenida en los registros de impuestos”. (Todos los documentos son oficiales y están totalmente disponibles).
Dado la ya prácticamente indetenible “narcotización financiera” de la economía costarricense, el alto nivel de toxicidad que presenta actualmente por los flujos incontenibles de dinero sucio en su sistema bancario-financiero; la cuantía sumamente perversa del robo de impuestos comentado en este mismo espacio la semana pasada; la única forma de, al menos, tímidamente, empezar a sanearla es con el establecimiento del registro de accionistas de los beneficiarios finales de las sociedades anónimas y/o fideicomisos, solamente para efectos tributarios. No hay otra alternativa.
Hay mucho más material calificado sobre el tema y volveremos la semana próxima al respecto.
