Quienes laboran de manera asalariada para el Estado están en el quinto año consecutivo de congelamiento salarial total. Son las víctimas de un extremismo fiscal de signo neoliberal, avalado tanto por la clase política tradicional que Chaves Robles derrotó en las pasadas elecciones presidenciales de febrero de 2022, como por la que él está representando en estos momentos.
Unos y otros tienen gran comunidad de ideas en cuanto a que sean las personas trabajadoras estatales las que paguen el desastre fiscal de las finanzas públicas, generado éste en los gobiernos del PLUSC-PAC. Chaves Robles lo que hace es “administrar” ese desastre sin mayor impacto y sin efectuar correcciones estratégicas de fondo. Prácticamente, tenemos un Estado central quebrado y, por eso, ya se empiezan a ver medidas políticas para “cargarle el muerto” a las municipalidades, a los gobiernos locales.
A nivel del sector Público, únicamente la élite político-tecnocrática y gerencial del Estado es la que está salarialmente bien. Dentro de esta élite, los ministros y las ministras del Gobierno Central eran los “más pobres” a nivel de ingreso salarial, pero Chaves Robles hizo “gran justicia” con estas personas de su cúpula ministerial y, ¡zas!, de un solo tiro les duplicó el salario.
En esta materia del problema salarial en el sector Público lo único notable durante todo el período de congelamiento total y brutal, es que la lucha sindical sostenida por la corriente sindical en la cual militamos, logró que Chaves Robles honrara una deuda pendiente por costo de vida impuesto en el 2019. Nada más. Como indicamos, ese congelamiento salarial está en su quinto año.
Por otra parte, un pequeño reajuste técnico de 51 colones, también producto de demanda sindical, ha sido asignado al personal policial del Estado central. Nadie más recibirá ni reajustes por costo de vida, ni reajustes técnicos. El empobrecimiento salarial de la clase trabajadora estatal es sumamente cruel e injusto.
Vayamos ahora al sector privado, víctima también de un modelo de salario mínimo que condena a la pobreza. El actual monto del salario mínimo no está garantizando ni bienestar ni existencia digna, según lo ordena la actual Constitución Política de Costa Rica en su artículo 57.
Reciente información de prensa aparecida en este prestigioso Diario Extra, nos da cuenta del estudio denominado En busca de una productividad inclusiva: un análisis de la relación entre la productividad laboral, el empleo y los salarios reales en Costa Rica, desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En lo que podría ser el dato de mayor relevancia e impacto de dicho estudio, la indicada nota de prensa consignó: “Desde hace cuatro años, la cantidad de dinero que ganan los trabajadores a nivel nacional no se incrementa lo que debería en relación con su productividad”.
Es decir, la explotación obrera, salarialmente hablando, es grave en Costa Rica. La clase trabajadora tiene una alta productividad, pero su nivel de salario real no le reconoce esta cualidad.
“Según el análisis a nivel de la economía, en su conjunto Costa Rica experimenta un desacoplamiento productividad-salarios a partir del año 2019, cuando la productividad laboral crece aceleradamente mientras la mediana de los salarios reales decrece”, dice el estudio.
Como lo hemos afirmado en comentarios anteriores, el alto nivel de explotación salarial en Costa Rica es uno de los elementos estratégicos que explican el crecimiento de la desigualdad social y de la exclusión económica. No tenemos política salarial en el amplio sentido del concepto que exige, entre otros aspectos, que tenga conexión con un proceso de movilidad social y de reactivación económica para el mercado interno. El empobrecimiento salarial es generalizado.
