El próximo lunes 20, muy probablemente, se sabrá de cuánto será el reajuste salarial por costo de vida para el primer semestre de 2014, valedero para el sector Público.
En el marco de esta discusión iniciada el pasado jueves 9 entre el Gobierno y los sindicatos, sus ministros de Estado en las carteras de Trabajo y de Hacienda, señores Olman Segura Bonilla y Edgar Ayales Esna, respectivamente; firmaron conjuntamente una carta que podríamos considerar “histórica”, dejando constancia escrita de lo que ningún otro gobierno anterior se atrevió a oficializar, al darnos la razón de un reiterado planteamiento sindical nuestro, en torno a lo que se ha venido conocimiento como el “desenganche”.
Ambos ministros, en carta que dirigen a la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), misma que incluye a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), “sin pelos en la lengua” suscriben la siguiente afirmación: “…cada vez que se genere un aumento o reajuste en los salarios de los funcionarios del sector Público, incluso a los de las clases laborales más bajas, automáticamente el grupo del sector salud (médicos, enfermeros, microbiólogos, etc.) reciben un aumento salarial, el cual se calcula con base en la fórmula establecida en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo No. 26944-MTSS-S del 22 de mayo de 1998”.
Aunque representa un paso positivo que el Poder Ejecutivo reconozca que esta situación impide que, por ejemplo, un policía penitenciario o una señora que labora en los CEN-CINAI (para citar solamente dos de la serie de puestos que ellos aceptan como los de las clase laborales más bajas, “enganchados” a la ley salarial médica), no tengan opciones para que reciban mejores aumentos semestrales y mayor justicia salarial; se quedan cortos porque no apuntan a cómo resolver la situación.
La tal fórmula a que hacen alusión los ministros de Trabajo y de Hacienda, sustentada en el indicado decreto ejecutivo mismo que, a su vez, se basa en la Ley No. 6836, “Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas”; implica que si al policía carcelario citado se le reajustara su salario base en mil colones, al médico hay que darle casi que 4 mil.
Esto resulta paradójico en un gobierno que ha “pegado el grito al cielo” en cuanto a que, según su visión, buena parte del déficit fiscal es debido a sistemas salariales de “privilegio”. Si esto fuera cierto en un ciento por ciento, entonces, cuál es la razón para no propiciar la necesaria reforma legal que independice, que corte, que rompa la vinculación de las revaloraciones salariales para las policías del Gobierno Central (para citar solamente uno de los puestos involucrados), del impacto de tales revaloraciones (generales y gremiales), en el salario base del personal médico nacional.
Esta modificación legal es lo que llamamos el “desenganche” y no representa ni un solo centavo menos en el salario actual que percibe todo el personal médico nacional, de todas las especialidades. Esperaríamos que en la próxima sesión “negociadora” sobre el tema salarial del sector Público, quede absolutamente claro qué van a hacer como Gobierno para el “desenganche”.
