En los últimos tiempos se nos ha repetido el mismo discurso, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) atraviesa una etapa de fortalecimiento, que las finanzas mejoran y que la institución «está volando». Sin embargo, la realidad que viven miles de trabajadores y trabajadoras, así como la ciudadanía costarricense, dista mucho de ese relato triunfalista.
Las recientes publicaciones periodísticas que revelan que un reducido grupo conformado por altos mandos y sus asesores concentra cerca de ₡1.000 millones anuales en salarios vuelven a poner sobre la mesa una pregunta que la Administración Superior se niega a responder, ¿para quién está volando realmente el ICE?
Mientras la inmensa mayoría del personal enfrenta años sin incrementos salariales reales, con una pérdida constante del poder adquisitivo producto de la inflación y del aumento en el costo de vida, la cúpula administrativa parece vivir una realidad completamente distinta. Para los trabajadores y trabajadoras se habla de austeridad, contención del gasto, sacrificios institucionales y restricciones presupuestarias. Para otros pocos, pareciera que esas reglas simplemente no existen.
Resulta moralmente inaceptable que quienes diariamente sostienen la operación de una de las instituciones más importantes del país sean llamados constantemente a hacer más con menos, mientras un pequeño grupo disfruta de remuneraciones extraordinarias, asesorías millonarias, viajes, beneficios y una estructura administrativa cuyo costo continúa creciendo.
Más grave aún es que esta realidad ocurre en una institución que ha venido enfrentando cuestionamientos públicos por decisiones administrativas que han significado pérdidas de participación de mercado, retrasos en proyectos estratégicos, procesos de contratación altamente cuestionados, debilitamiento de los negocios de telecomunicaciones, reorganizaciones institucionales sin estudios suficientes y una serie de denuncias que las organizaciones sindicales hemos venido señalando desde hace años.
La indignación aumenta cuando se recuerda que, según el propio discurso de la Administración Superior, el ICE goza de buena salud financiera. Si realmente la institución se encuentra en la condición que tanto se publicita, entonces surge una pregunta elemental, ¿Por qué los beneficios únicamente alcanzan a la alta jerarquía y nunca llegan a quienes generan diariamente el verdadero valor institucional? ¿Por qué no existen recursos para reconocer el esfuerzo del personal técnico, profesional, administrativo y operativo que mantiene funcionando las redes eléctricas y de telecomunicaciones las 24 horas del día? ¿Por qué no existen recursos para mejorar las condiciones laborales, invertir en capacitación, fortalecer las herramientas de trabajo o reconocer salarialmente a quienes durante años han sostenido la competitividad institucional? ¿Por qué siempre se exige sacrificio a la base trabajadora mientras la cúpula continúa incrementando el costo de la estructura administrativa?
La ciudadanía también tiene derecho a cuestionar este modelo. El ICE no pertenece a una élite administrativa, pertenece al pueblo costarricense.
Cada colón que se destina a sostener estructuras salariales privilegiadas es un colón que deja de invertirse en infraestructura, modernización tecnológica, expansión de servicios, reducción de tarifas, innovación o fortalecimiento de la competitividad institucional.
No puede hablarse de responsabilidad financiera cuando existen enormes diferencias entre el discurso de austeridad dirigido al personal y la realidad de una estructura gerencial cuyos costos continúan siendo extraordinariamente elevados.
No puede pedírsele compromiso a la clase trabajadora de la institución mientras se normaliza una cultura donde los privilegios parecen concentrarse únicamente en los niveles superiores.
No puede exigirse excelencia operacional cuando quienes verdaderamente sostienen la institución observan cómo el reconocimiento económico nunca llega a ellos.
Desde esta organización hemos sido enfáticos en cuestionar decisiones que han debilitado al ICE, que han provocado la pérdida de participación en el negocio de telecomunicaciones, contrataciones cuestionadas, falta de planificación estratégica, disminución de la competitividad, procesos administrativos que generan incertidumbre entre el personal y una preocupante desconexión entre la alta administración y la realidad operativa de la institución. Hoy, la revelación de estos elevados costos salariales únicamente profundiza esa percepción y significa una bofetada para el personal trabajador de la institución.
La confianza institucional no se recupera mediante campañas publicitarias ni discursos optimistas, se recupera con transparencia, con rendición de cuentas, con coherencia entre lo que se exige y lo que se practica, con una administración que comprenda que el liderazgo implica dar ejemplo, especialmente cuando durante años se ha solicitado sacrificio a miles de trabajadores.
Exigimos que si la Administración insiste en afirmar que el ICE atraviesa un momento financiero favorable, ese supuesto éxito se traduzca también en el reconocimiento del esfuerzo de quienes verdaderamente hacen posible que la institución funcione todos los días: sus trabajadores y trabajadoras, porque el éxito institucional no puede medirse únicamente por los privilegios de unos pocos.
Se mide por el bienestar colectivo, por el respeto a la clase trabajadora, por la transparencia en el uso de los recursos públicos y por el compromiso real con el pueblo costarricense.
Un ICE fuerte no se construye enriqueciendo una élite administrativa mientras se congelan las expectativas de miles de funcionarios.
Un ICE fuerte se construye cuando el crecimiento, el reconocimiento y los beneficios alcanzan a toda la institución y, sobre todo, cuando el interés público prevalece sobre cualquier privilegio particular.
