Primero fue la señora Contralora General de la República, doña Martha Acosta Zúñiga; y, luego el señor Fiscal General de la República, don Jorge Chavarría Guzmán. Hacen ambos un llamado a la ciudadanía para que con ocasión de las próximas elecciones municipales previstas para febrero de 2016, nos preocupemos de tener gran cuidado de no darle voto a personas candidatas ligadas, de una forma u otra, con el narcotráfico y con el crimen organizado. Especial énfasis se hace para los casos de los municipios limonenses, los de la provincia de San José y los ubicados en las zonas fronterizas. Se trata de un acertado llamamiento que aplaudimos y felicitamos.
Considerando la institucionalidad que ambas personas representan, las bases para formular un llamado de tal calibre deben ser sólidas. Deben estar en posesión de información sensible, quizás no comprobable, pero indicativa de que no estamos lejos de ver corporaciones municipales penetradas y controladas por el dinero sucio y sangriento del narcotráfico, tal y como sucede ya en muchos municipios centroamericanos y mexicanos.
Desde la trinchera sindical en que desarrollamos nuestro accionar cotidiano de lucha social, este asunto de la penetración del narcotráfico en nuestra sociedad ha venido a ocupar una preocupación más. Nos duele mucho la constatación de este funesto acontecimiento, especialmente en los ámbitos sociales de “los y las de abajo”; tanto en los casos de caída en la adicción, como en los casos de inserción delictiva con sicariato incluido.
Pensamos que indagar y compartir al narco debe ser un esfuerzo nacional y articulado en varias dimensiones. Dentro de éstas, la fiscal-tributaria es fundamental. Desde el pasado 16 de octubre de 2015, en formato de comunicado de prensa, dimos a conocer nuestras primeras posiciones al respecto.
Motivados ahora por el llamado de la señora Contralora General y el del señor Fiscal General, estimamos conveniente reiterar nuestro pensamiento.
Costa Rica ocupa de la más grande unión jamás realizada de todas sus fuerzas cívicas sanas para combatir la penetración del narcotráfico y del crimen organizado que el mismo supone; diseñando una estrategia integral, multisectorial y multifactorial, para indagarle y combatirle; tanto “por arriba” como “por abajo”.
Parecería que como sociedad todavía “estamos a tiempo”; sin embargo, considerando el entrampamiento político que vive el país pensamos que podríamos ya estar en ruta hacia un “Estado fallido”, debido al control territorial, político-partidario, financiero bancario que el crimen organizado estaría ya en condiciones de asumir en porciones importantes de la vida social y política nacional.
En esta ocasión queremos hacer énfasis en el aspecto financiero-bancario, pues el impresionante flujo de dinero sucio en nuestra sociedad, merece la más grande drasticidad de combate por parte de la política-fiscal tributaria del país, tanto a nivel legislativo como administrativo.
Para algunas entidades corporativo-empresariales internacionales, Costa Rica está inundada de dinero sucio. Según las mismas, cada hora (60 minutos), en el circuito financiero-bancario y económico de nuestra economía, podrían estar circulando unos 600 millones de dólares; lo que equivale a unos ¡14 mil millones de colones cada 24 horas!
Se puede estar de acuerdo o no con tales datos; sin embargo, en lo que sí hay consenso es que la cantidad de dinero sucio en Costa Rica es astronómica e impresionante; dinero sucio que no solamente es el que circula producto de todas las formas de evasión fiscal y de robo de impuestos, sino también de esas enormes cantidades de transacciones por narcotráfico y crimen organizado; o bien, lo que resulta más lógico suponer, una vinculación cotidiana de lo uno con lo otro.
Acertadamente se está promoviendo el proyecto de “ley de extensión de dominio” cuyo objetivo general es perseguir los bienes materiales mal habidos por dineros del crimen organizado (lo cual es completamente correcto); pero, muy “convenientemente” se está dejando de lado la persecución de los bienes también mal habidos por evasión fiscal; como si este delito no fuese parte de lo que existe al respecto en materia de crimen organizado y de lavado de dinero.
Pensamos que el crimen organizado está metido en esto de la gigantesca evasión fiscal-tributaria que se da en el país y, por tanto, en el indicado proyecto de ley se debería legislar al respecto, fuertemente.
Es más, se debe introducir en la “ley de extensión de dominio”, un impuesto a todas las transacciones financiero-bancarias que se realizan en el sistema bancario costarricense y en sus entidades conexas; de forma tal que, por ejemplo, toda operación superior a los 10 mil dólares estadounidenses se le ponga un tributo, un “peaje”, de cierta cantidad porcentual (por definir), para destinarlos a los servicios públicos que se encargan del combate al narcotráfico y al crimen organizado, a una real estrategia integral de prevención del delito y a atender a la población joven del país multidimensionalmente para ganársela a la droga y al narco. Dado el impresionante flujo de dinero sucio que al día se da en Costa Rica, cualquier porcentaje por mínimo que sea, representará gigantescas sumas en las arcas públicas.
Este impuesto especial a todas las transacciones financiero-bancarias, conocido en los países de la Unión Europea (UE), como la Tasa Tobin, representaría un extraordinario dispositivo de política pública para aportar, con solidez, a una estrategia integral y multifactorial de indagatoria, combate y hasta erradicación del dinero sucio en nuestra sociedad; mismo que, repetimos, es producto de todas las formas de evasión tributaria y de robo de impuestos y del “matrimonio” perverso de ello con el ingreso de las impresionantes cantidades de plata corrompida producto del tráfico ilícito internacional de estupefacientes y del lavado de dinero que el mismo presupone.
