Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
En el tema del empleo público, hay una línea ideológica clara: la vulneración de derechos adquiridos y de situaciones jurídicas consolidadas, en el marco de una gran acción política de violentar la piedra angular de la doctrina de los Derechos Humanos: el principio de no regresividad de los mismos.
Esta misma línea ideológica es la que se viene manifestando, por ejemplo, en cuanto al pago de intereses de la deuda pública: es la prioridad absoluta del neoliberalismo en materia fiscal. Aunque se muera la gente, aunque los más necesitados sufran, aunque se extienda la pobreza y crezca la desigualdad; nada es más prioritario que el pago de esos intereses obscenos.
Volviendo al tema de la clase trabajadora asalariada del Estado y la perversa Ley Marco del Empleo Público (LMEP), la alianza de los partidos Liberación, Unidad y el ya extinto Acción Ciudadana (PAC), fue fundamental para que se tramitara y aprobara, a golpe de tambor y contra toda racionalidad, en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, cuatrienio 2018-2022, cuando él ejerció la Presidencia con el apoyo político de esos tres partidos.
Hoy, en el gobierno de Rodrigo Chaves Robles, la línea ideológica que le fue impregnada a esa ley, se mantiene incólume con su nueva ejecutora política, la ministra del Mideplan, Laura Fernández Delgado. Esa línea ideológica, nosotros la definimos como todo mercado-Nada Estado.
El todo mercado-nada Estado tiene varias características dentro de las cuales destaca un odio de clase, de la clase-élite dueña del poder real en nuestra sociedad, contra las personas trabajadoras empleadas públicas, contra todos los servicios públicos, a excepción de los que generan grandes rentas, los cuales deben ser privatizados.
Por eso, la corriente sindical en la cual militamos no aceptó sumarse a esa fanfarria denominada “Diálogo Nacional” que empezó el pasado lunes 20 de marzo, dizque para “construir” una reforma legal a esa perversa LMEP, catalogada como “mamarracho”, como “mamotreto”, como “Frankenstein jurídico”, como “adefesio”, como “ornitorrinco legal”.
Quebrantada como está la legitimidad ético-moral de esa perversa LMEP, la única aspiración del dueto gubernativo Chaves-Fernández, es cómo darle a la misma mayor legitimidad embarcando a las diversas organizaciones gremiales que se expresan en la dinámica laboral del Sector Público.
Y ya ustedes vieron el desenlace: prácticamente no hay sindicato alguno, por más allanado sistémico que haya estado en los últimos gobiernos, dispuesto a la “operación embarre” con una nueva versión de la LMEP que tenga mayor contenido autoritario-totalitario, para castrar-eliminar los pronunciamientos institucionales de resistencia (“exclusivos” -“excluyentes”), que se vienen manifestando, inspirados en la Carta Magna de 1949 y que, para suerte de la institucionalidad republicana, el alto tribunal constitucional preservó, según se destaca en su artículo 6.
Veamos: ARTÍCULO 6-Creación del Sistema General de Empleo Público. La rectoría del Sistema General de Empleo Público estará a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan). Se excluye de esta rectoría las relaciones de empleo de las personas servidoras públicas que desempeñen funciones o labores administrativas profesionales o técnicas, que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, según la determinación que realice la respectiva institución.
En esencia, quieren eliminar este artículo, volárselo, con el nuevo proyecto de empleo público que están discutiendo en esas espúreas mesas de diálogo. Pareciera que este artículo es lo que le impide, al neoliberalismo del todo mercado-nada Estado, instaurar, definitivamente, un Estado vertical, autoritario que, incluso, controle a los gobiernos locales, las municipalidades. ¡Qué gran peligro para la democracia republicana costarricense! El neoliberalismo no negocia, impone.
