El proyecto contra el fraude fiscal es una realidad muy cercana en el país. Costa Rica ha quedado contra la pared. No tiene alternativa. Tendrá que adoptar urgentes y drásticas medidas legislativas para controlar la gigantesca cantidad de dinero sucio, de dinero del narcotráfico, de dinero producto de la actividad del crimen organizado; pues sino, quedaremos como un país que no quiere cooperar contra el lavado de dinero y contra rigurosos controles para evitar operaciones de financiamiento del terrorismo.
En tal sentido, el proyecto contra el fraude fiscal, incluyendo el registro de accionistas para determinar los beneficiarios finales de las rentas de las sociedades anónimas, ¡va, porque va!
“Costa Rica ha sido sentenciada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entidad perteneciente al G20, el grupo de veinte naciones más industrializadas del planeta. Hace unos meses Costa Rica había sido advertida, en tal sentido, por la filial regional del GAFI, sea, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)” explicó Albino Vargas, Secretario General de la ANEP.
Bajo el panorama antes mencionado, Costa Rica no tiene escapatoria: tendrá que establecer el registro de accionistas para conocer los beneficiarios finales de las sociedades anónimas; para conocer los bufetes y los abogados inescrupulosos que formalizan enormes cantidades de sociedades anónimas para manejar ese dinero sucio; para saber quiénes utilizan prácticas tipo “Los papeles de Panamá” para cometer ese gran crimen social que es el robo de impuestos.
Ha sido el propio Gobierno de los Estados Unidos el que ha indicado que en Costa Rica se están lavando, al año, 4 mil 200 millones de dólares ($4.200.000.000.); o sea 2 billones 268 mil millones de colones ($2.268.000.000.000); nada más y nada menos que 7.5 % puntos de Producto Interno Bruto (PIB).
“El enemigo Nº 1 (al menos el que es mediáticamente visible), de toda la clase trabajadora y, particularmente, de la que se desempeña para el sector Público, el diputado Otto Guevara Guth, ya no podrá seguir torpeando el proyecto de ley contra el fraude fiscal que incluye el registro de accionistas de los beneficiarios finales de las sociedades anónimas”, indicó Vargas.
Asimismo, agregó que “como “capataz político” que ha sido este legislador del archimillonario sector del capital financiero costarricense, ahora, sus propios “patrones políticos” le están zafando la tabla: la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) está admitiendo que no hay opción porque al país el G20 lo meterá en la “lista gris” de naciones no cooperantes en contra del lavado del dinero y en contra de la facilitación de financiamiento de operaciones del terrorismo”.
¡Estamos felices! Habrá registro de accionistas y se podrá controlar mejor las operaciones ilícitas de manejo de dineros sucios que son parte del complejo entramado de evasión tributaria y de robo de impuestos.
El proyecto contra el fraude fiscal, incluyendo el registro de accionistas para determinar los beneficiarios finales de las rentas de las sociedades anónimas, ¡va, porque va!
