Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Ni el Presidente de la República, ni la Asamblea Legislativa llevan razón en sus respectivas posiciones con relación al resello legislativo que anuló el veto presidencial a la ley de modificación a la Ley 7092, Ley de Impuesto sobre la Renta, para lograr la exclusión de Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (UE), expediente legislativo N° 23.581, usualmente denominado proyecto de la lista gris.
Ni el Presidente Chaves ni las diputaciones que se convirtieron en poderosas aliadas de la banca plutocrática de desmesurado poder en el país, han hablado con claridad y con honestidad a la ciudadanía en esto del proyecto de la lista gris.
Lleva razón el mandatario y su lugarteniente en el parlamento, la diputada Cisneros, por pegar ambos el grito al cielo ante la jugada de la plutocracia banquera de colarse en el indicado proyecto y así, de un tirón, darle punto final a una controversia tributaria de muchos miles de millones de colones en juego que, con dicha legislación, los perderá el pueblo costarricense. Este reclamo oficialista merece apoyo y desde nuestra corriente sindical se lo expresamos.
Sin embargo, ni él ni ella han querido entrarle a la profundidad del problema tributario nacional, comiéndose la bronca (lema de gran notoriedad en la campaña electoral de Chaves), con este grave mal nacional que, de una manera u otra, está carcomiendo la democracia.
Ni, mucho menos, las diputaciones que se aliaron a la plutocracia bancaria tienen interés en ver temas como la altísima regresividad que caracteriza al injusto y corrupto sistema tributario nacional; ni tampoco entrarle a la exagerada y obscena cantidad del pago diario de intereses de la deuda pública; ni investigar la perversión de la concepción original de las zonas francas ahora “de moda” para potenciar más todavía el fraude de impuestos del gran empresauriado nacional…
A la Unión Europea (UE) le han venido mintiendo. El proyecto de ley de la lista gris, ahora ley por decisión, únicamente, del resello legislativo, es un espejismo y los niveles de fraude fiscal que preocupan a la UE seguirán.
Es por ello que un notable grupo de organizaciones de la sociedad civil costarricense, incluyendo varios sindicatos, han enviado una segunda carta a la señora María José Garde, en su condición de Presidenta del Grupo Código de Conducta sobre la Fiscalidad Empresarial (Economic and Financial Affairs Council), de la UE; invocando la Aplicación del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Centroamérica (AACUE), que entró en vigor el 21 de mayo del 2013, y que señala que la participación del pilar de la sociedad civil como parte consustancial del Acuerdo de Asociación de la UE firmado entre los países centroamericanos y Bruselas.
Estamos seguros que ni Chaves ni las diputaciones protagonistas del resello tienen la más mínima noción de este compromiso internacional del país; ¿o sí?… En todo caso, considerando que, tal y como cientos de veces lo hemos denunciado, la base de sustentación de la espantosa desigualdad que nos carcome, es la injusta distribución de la riqueza; y que ésta tiene su pilar fundamental en la existencia de un sistema tributario que como el costarricense es injusto y es corrupto, resulta correcto afirmar que ni Chaves ni esas diputaciones han dicho la verdad a la gente en esto de la lista gris.
La denuncia interpuesta ante la UE por parte de ese importante grupo de organizaciones civiles, va en la línea de este compromiso histórico con la Democracia que es este dueto político-estratégico: injusta distribución de la riqueza/sistema tributario injusto y corrupto.
