- Costo total de este proyecto equivale casi la mitad de lo que el Estado le debe a la CCSS
- Las reservas internacionales del país podrían financiar el aporte del país
- Demasiadas cosas faltan de ser auscultadas en este proyecto multimillonario
El proyecto multimillonario del tren eléctrico puede esperar, pero la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ¡no!
El criterio oficial de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en tal sentido, es que la más grande prioridad de la política pública, junto a la imperiosa necesidad de la reactivación económica y la generación de empleos de calidad bajo los principios de Trabajo Decente impulsados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debe ser atender con prontitud el grave problema financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); básicamente generado por la deuda contraída por el Gobierno con esta imprescindible institución para la vida del pueblo costarricense, cuyo monto es, ya, sin discusión alguna, de ₡1 billón 900 mil millones… hasta este momento.
Se nos ha informado de que el proyecto del tren eléctrico ya no costará ₡703 mil 950 millones, por los 73 kilómetros que en un inicio se dijo que costaba construirlos. Esto es un promedio de ₡9 mil 643 millones por km.
Se indica que se han agregado 11 kilómetros más, para un total de 84, lo que eleva el costo total del proyecto a ₡855 mil millones.
Pasar de un costo total de ₡703 mil 950 millones a ₡855 mil millones por 84 km, nos dice que, entonces, hubo un fuerte aumento de ₡151 mil 050 millones por esos 11 km. adicionales; es decir, ₡13.731 millones por cada uno de esos 11 km. adicionales. Algo no nos calza aquí…
Nótese que los 74 km iniciales salían a un promedio de 10.178 millones por km.; mientras que los 11 km adicionales, costarían 13.731 millones cada uno. ¿Qué pasó, entonces?
Al ser el monto ya oficialmente reconocido como deuda del Gobierno con la Caja, de ₡1 billón 900 mil millones, los ₡855 mil millones del nuevo costo del proyecto de tren eléctrico, vienen a representar casi el 50 % de esa deuda; para ser exactos, un 45%.
Con una decisión política contundente de parte del Poder Ejecutivo (y la cuestión de la pandemia del coronavirus covid-19 da argumentos de sobra), el ente financiero que presta los $550 millones para el proyecto del tren eléctrico, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), bien puede considerar su redireccionamiento a fin de honrar la deuda del Gobierno con la Caja.
Es más, el país podría tener ambas posibilidades para considerar con seriedad, considerando el monto multimillonario de las reservas monetarias internacionales que superan los $8 mil millones: apenas un 6.8 % representan esos $550 millones que se quieren imponerle al país para el proyecto del tren eléctrico; si en que, en serio, están considerando la reactivación económica como algo fundamental en estos tiempos.
Exhortamos a los señores diputados y a las señoras diputadas a la más profunda auscultación político-financiera de un proyecto de tantísimos millones de dólares, en momentos en los cuales las prioridades de la política pública están más que claras producto de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia; aunque ya antes de la misma, la deuda social acumulada por el país ya era de enorme envergadura, a juzgar por los índices de desempleo, de informalidad, de exclusión económica y de concentración de riqueza que venían golpeando a la Democracia misma.
Igual relevancia será tener precisión exacta de las firmas asesoras, consultoras, ingenieriles, jurídicas y de diversa especie que ya han entrado en escena como suele suceder en negocios tan multimillonarios como éste; tanto como es muy necesario dejar al desnudo si alguien ya está pensando en redituar, electoralmente y de cara a los comicios diputadiles de 2022, construyendo desde ya una plataforma personal.
En síntesis, en esto del tren eléctrico a la ciudadanía le falta mucha información y, especialmente, la de carácter transparente. El tren eléctrico puede esperar, ¡la Caja, no!
