Primero le dijeron al país que el proyecto del tren eléctrico costaría 1.265 millones de dólares. Y que, para financiarlo (en parte), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), prestaría 400 millones de dólares. El resto, sería plata aportada por el país. Pero, en realidad, nos tocaría a todo el pueblo pagarlo, en su totalidad (préstamo, intereses, plata “nacional”).
Varios meses después, se anunció que el proyectito ese sería más caro: unos 265 millones de dólares más para, finalmente, quedar en 1.550 millones de dólares. Al menos, estos son los números oficiales que se dieron a conocer en su momento.
En unos cuantos meses, el tren eléctrico, de sopetón, elevó su costo en 150 mil millones de colones más (150.000.000.000). ¿Qué pasó? Veamos:
Todo esto ocurrió en el gobierno anterior encabezado por el estafador político Carlos Alvarado Quesada y fue su Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Elizabeth Briceño Jiménez, quien a nombre del Poder Ejecutivo anterior firmó el acuerdo de ampliación del proyecto original del tren eléctrico.
Pero, Alvarado y Briceño, ¿con quién firmaron? Pues lo hicieron nada más y nada menos que con el señor Carlos González Jiménez, director del Grupo Nación, ¡sí!, el consorcio corporativo-empresarial propietario del mencionado intensamente por estos días Parque Viva.
Toda esta situación se hizo del conocimiento público en su momento mediante varios medios de prensa. Uno de ellos, de carácter digital, reseñó que el gobierno (el anterior) y el Grupo Nación buscan “establecer relaciones específicas de cooperación entre Incofer y Grupo Nación que propicien a futuro, la habilitación del corredor ferroviario en la zona de la Guácima de Alajuela…”.
Este convenio lo vieron en sesión de la Junta Directiva de Incofer, el 9 de junio de 2019 y, en la del día 17 siguiente fue ratificado.
En el medio de ambas fechas, concretamente, el 13 de junio de 2019, el periódico La Nación sacó una nota bajo la responsabilidad de la periodista Patricia Recio, con este título: “Tren llegará hasta Parque Viva en la Guácima”.
Es obvio que doña Elizabeth Briceño Jiménez tenía comunicación directa con personeros de Grupo Nación y del propio periódico La Nación, a fin de que éste pudiera dar cuenta pública del convenio, “calientito, apenas salido del horno”. Y, por supuesto, sin duda alguna, bien enteradito estaba Carlos Alvarado Quesada.
Nosotros nos preguntamos y exhortamos a los juristas conocedores plenos de este tipo de situaciones: ¿No representa todo lo anterior un tráfico de influencias más que vulgar? ¿Cómo es posible explicarse que un proyecto con fondos públicos, con endeudamiento público, sea ampliado y a un altísimo costo para favorecer los intereses de negocios de un consorcio empresarial privado de gran poderío económico en este país?; y que, descaradamente, se firme entre el personero público y el jerarca privado. ¿Qué espera el Ministerio Público para actuar? ¿Qué esperan en la actual Asamblea Legislativa para investigar al respecto?
Desde que se anunció este leonino contrato, nuestra corriente sindical anunció su posición contraria al mismo y, por supuesto, mucho antes de que se supiera quién ganaría las elecciones presidenciales y diputadiles recién pasadas. Reconocemos el mérito del gobernante actual, Rodrigo Chaves Robles, en empezar a destapar actividades corporativo-empresariales de “alto vuelo” mediando la utilización del tráfico de influencias y de los recursos del propio Estado. Ojalá las destape todas y cada una y se asienten las responsabilidades.
