Elecciones 2018: Reflexiones de la ANEP

A lo mejor, pueden resultarle de interés. Muchos pensamos que en estas elecciones se juega mucho, que son singularísimas; así como quien quede electo tendrá una durísima tarea y que solamente mediando una gran mesa de trabajo multipardista y multisectorial podría encontrar una luz del callejón sin salida en que nos encontramos en estos momentos. ¡Bueno! Al menos, en ANEP pensamos en ello.

ELECCIONES 2018-Recopilación de 13 Artículos by EugenioGuerrero on Scribd

A CONTINUACIÓN, LOS TEXTOS

ELECCIONES 2018: 330 MIL MULTIPLICADO POR 4

Publicado en Diario Extra, el miércoles 8 de marzo de 2017.

Los empleados públicos y las empleadas públicas, sus familias y sus parientes deben aprovechar las circunstancias sociopolíticas del proceso electoral nacional ya en desarrollo para pasar facturas políticas y cobrarlas. Así de manera contundente lo afirmamos.

Tanta agresión, tanta infamia, tanta calumnia, tanta difamación, tanta agresión verbal y escrita en contra del empleo público, no deben quedar impunes.

La perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico desarrollada contra quienes tienen una relación asalariada con el Estado, la cual ajusta ya casi 36 meses continuos de sistemática continuidad, debe ser repudiada en las urnas electorales de febrero de 2018, tanto las de la votación presidencial como la diputadil.

El poder del voto del empleo público debe manifestarse en esos comicios como una acción cívica resarcitoria de la pérfida agresión a la dignidad, a la ética, a la moral decente de miles de personas trabajadoras asalariadas empleadas públicas (y sus familias); todas las cuales han sido criminalizadas ante la sociedad y vilipendiadas ante la ciudadanía, mediando crueles episodios de terrorismo mediático ejercido por cierta prensa “políticamente-matriz” y sus repetidoras televisas y radiofónicas.

El terrorismo mediático contra el empleo público, ejercido por la más insigne prensa del capital oligárquico-neoliberal, ha sido vehiculizado a través de notas de prensa subjetivizadas, editorializadas, radicalmente parciales y sin equidad informativo-comunicacional; reproducidas con la prosternada conducta de opinólogos, amanuenses y su peonada electrónica que pulula por las redes sociales.

El conglomerado laboral del sector público, considerado de manera integral, puede rondar las 330 mil personas con relación asalariada para con el Estado, su empleador. Si en cada uno de estos hogares trabajadores la cantidad de ciudadanos con derecho a voto es de 4 electores, tendríamos entonces un universo sectorial-electoral de 1 millón 320 votantes; votantes que, como prioridad social y estratégica, lo que les corresponde es elegir pensando en la seguridad de su empleo y de sus respectivas familias.

Estamos hablando de, prácticamente, la tercera parte del padrón electoral nacional con un peso político potencial en el resultado final de las elecciones del próximo febrero de 2018, más que evidente. Y si lo estructura organizadamente para una incidencia predeterminada, el resultado podría ser altamente satisfactorio para quienes nada tienen que ver con el déficit fiscal ni con el robo de impuestos, como lo son las personas trabajadoras estatales.

Si las distintas organizaciones sociolaborales, sindicales, cooperativas y académico-profesionales que aglutinan el amplio tejido social del sector público, articulan una estrategia de incidencia electoral, abierta y/o subliminalmente, para orientar el voto del empleo público de cara a los comisiones nacionales de febrero venidero y, aunque no sea la totalidad de ese mundo organizado del Estado sino una parte significativa de él; es muy probable que el resultado electoral final le cierre el paso a los detractores abiertos y/o disimulados del empleo público.

En todo caso, no sería una experiencia nueva porque en las elecciones presidenciales del 2006, del 2010 y del 2014, hubo procesos de incidencia desde el afuera electoral formal-oficial con resultados nada desalentadores.

El electorado trabajador asalariado del sector público (el que no forma parte del alto estamento político-tecnocrático y gerencial-corporativo de las magnas jerarquías estatales), debe auscultar a cada una de las actuales personas precandidatas presenciales y, con más razón, cuando las candidaturas presidenciales estén suficientemente perfiladas y definidas; de forma tal que esa auscultación, ese examen político, permita determinar su real y verdadera posición en materia de empleo público.

Ese examen político a cada precandidatura presidencial debe determinar las relaciones político-mediáticas que han tenido en su desempeño en la función pública y el propio desempeño en la misma; debe incluir sus acciones políticas y posturas pasadas, escritos, declaraciones y pensamientos, tanto como los del círculo más íntimo y más fiel de quienes le colaboran, le asisten, le acompañan y le adulan.

No hay duda de que en materia de empleo público y de reforma del Estado nada serio se ha hecho hasta estos días, puesto que todas las propuestas son ideológicamente de orden fiscalista y no se han presentado opciones impulsadas por el bien común y la inclusión sociales. Por el contrario, esas propuestas de reforma del Estado son las concebidas para la apropiación privada de la cosa pública, especialmente aquella parte de la misma de mayor rentabilidad corporativa. Lo que se ha dado hasta ahora en materia de reforma del Estado es lo que la voracidad mercantilista ha devorado en el seno del servicio público.

Por eso es que el resto de todos los demás intentos han fracasado (y fracasarán) porque están impregnados de un odio de clase proveniente del ejercicio de ese terrorismo mediático cuyo papel, principalmente, ha sido de envenenamiento a la ciudadanía y de sembrador de odio y de cizaña, como esa aplicación electrónica que exhorta a quien labora para el sector privado a comparar su salario con el que devengaría si tuviera empleo público; induciendo a error como si todo el mundo en el sector público tuviera salarios exorbitantes, negando la realidad de que la abrumadora mayoría del personal estatal asalariado es de ingresos bajos y precarios, así como de ingresos medios de corte decente.

Cualquier precandidato presidencial ahora, o candidato presidencial después, que esté tutelado, apadrinado, acompañado, guiado o puesto por la intencionalidad ideológica del terrorismo mediático desplegado contra el empleo público y contra quienes laboran asalariadamente para el Estado, no merece un voto de este gran segmento electoral ciudadano. Votar por este tipo de político vendría a significar una especie de harakiri político individual y familiar.

LO FISCAL-TRIBUTARIO DE CARA A LAS ELECCIONES DEL 2018

Publicado en Diario Extra, el miércoles 15 de marzo de 2017.

Muchas personas y entidades, así como ciudadanía responsable de diverso signo político-ideológico coinciden en que, en términos generales, en el período constitucional que viene 2018-2022, Costa Rica podría llegar a niveles intolerables, peligrosísimos y hasta catastróficos si no resuelve la crisis fiscal y el déficit que tienen las finanzas públicas que hoy ya presentan números muy alarmantes.

Es más, algunos estiman que la persona que llegue a la silla presidencial a partir del 8 de mayo de 2018 podría enfrentar el escenario más tormentoso jamás pensado desde la fundación de la denominada Segunda República, derivada ésta de la guerra civil entre costarricenses que se dio en el año 1948 del pasado siglo XX.

Desde una perspectiva sociopolítica de Sindicalismo Ciudadano que es la que motiva todo nuestro accionar de lucha social en estos días, este tema fiscal-tributario ha sido prioritario en la agenda de trabajo que hemos estado abordando en los últimos años.

Hemos transitado un largo caminar, con responsabilidad y seriedad, al respecto; inaugurándolo con el gran trabajo propositivo y de carácter intersindical denominado “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”, dado a conocer a finales del año 2012 y cuya concreción fue posible con el auspicio de la Fundación Friedrich Ebert (FES), de la República Federal de Alemania; con la valiosa orientación del entonces académico-economista, especialista en el tema y ahora diputado de la República, don Henry Mora Jiménez.

Posteriormente nos abocamos a combatir la perversa tesis oligárquico-neoliberal de que el déficit fiscal es culpa de los salarios que devengan las personas trabajadoras al servicio del Estado; faena ésta que está próxima a cumplir treinta meses continuos, en medio de la campaña más infame de agresión psicológica y de terrorismo ideológico contra el empleo público de los últimos tiempos.

La aviesa intención de esta campaña, a la luz de los conceptos político-ideológicos, sociológicos y psicosociales del terrorismo mediático, no deja lugar a dudas del interés de clase que la misma ha tenido.

Esta tesis de que el déficit fiscal no es por culpa de los salarios que se devengan en el Estado, ahora triunfante y ampliamente reconocida por tirios y troyanos, la hemos planteado muchas veces y por distintas vías.

Ahora bien, en el marco de la campaña electoral para los comicios generales del 2018, la cual ya está en pleno desarrollo; y, con base en los datos duros del tema tributario fiscal, presentamos seguidamente diez planteamientos-criterios que podrían valorar las personas competidoras presidenciales y diputadiles, en este ámbito sensible del tema fiscal-tributario.

Especialmente, podrían tener algún grado de relevancia según la visión de la hegemonía económico-financiero dominante, para la cual el “apocalipsis” fiscal llegará cuando el déficit supere la barrera de los 6 puntos de Producto Interno Bruto (PIB); cuando el pago de intereses de la deuda pública llega a consumir la mitad (50%) del presupuesto “general” de la República (ahora anda por un tercio); y cuando el monto de esa deuda pública alcance el 60% del PIB para el año 2020 (es decir, a mitad de la gestión del nuevo presidente que se elija en febrero entrante). He aquí esos diez planteamientos-criterios que les compartimos:

UNO: ¿Con cuánto porcentaje de PIB podría vivir nuestra sociedad en materia de déficit fiscal y con cuánto no?

DOS: Una auditoría ciudadana de la deuda pública que nos permita determinar cuánto se debe, a quién se debe; redefinición del pago de intereses, condonaciones y/o restructuraciones de montos y de plazos, etc.

TRES: El sistemático retraso en la ejecución de empréstitos y el gran pago de intereses y de comisiones; formulando una especie de ley de emergencia de plazo límite para la construcción de la infraestructura urgente pendiente en el marco de la generación de empleo, la reactivación económica y la generación de ingresos frescos para el fisco.

CUATRO: La transformación del impuesto sobre las ventas por el lado de la progresividad y de la capacidad de ingreso.

CINCO: La naturaleza de las transformaciones del impuesto sobre la renta, pero para las partes de la gran acumulación y del desenfreno evasor.

SEIS: Nueva metodología de cálculo del déficit considerando el 60% de la estructura financiera del Estado que no controla el parlamento; es decir, considerando la que pasa, únicamente, por la Contraloría General de la República (CGR).

SIETE: Tributo especial y transitorio a las transacciones financiero-bancarias (tasa Tobin); especialmente para gravar la cada vez más creciente cantidad de dinero sucio en la economía cotidiana, lo cual ha llevado a algunos especialistas a afirmar que de cada colón que tenemos en nuestras manos, 25 céntimos provienen del narco, directa o indirectamente.

OCHO: Fortalecimiento estratégico de la gestión tributaria y de la Policía Fiscal para sacar el mejor provecho a las leyes contra el fraude fiscal, el registro de accionistas, el impuesto a las sociedades anónimas.

NUEVE: Las zonas del empleo público que conviene fortalecer hoy muy precarizadas pero que están pensadas para, precisamente, atenuar los impactos multidiversos de la desigualdad.

DIEZ: El tema del empleo público considerado integralmente para la promoción del bien común y de la integración social. La conexión del mismo con los postulados, integralmente asumidos, de Trabajo Decente que promueve la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mismos que para el caso costarricense ya son Política de Estado así adoptada, de manera tripartita, en el seno del Consejo Superior de Trabajo (CST), adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Reiteramos (en adición a lo anterior) que el planteamiento sindical y social “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”, arriba mencionado, es la piedra fundamental de nuestra lucha por la real justicia tributaria y como propuesta para prevenir una “hecatombe” fiscal; planteamiento que ahora está más vigente que nunca, señores y señoras con aspiraciones presidenciales y diputadiles.

ELECCIONES 2018, DÉFICIT FISCAL Y EMPLEO PÚBLICO

Publicado en La Prensa Libre, el martes 9 de mayo de 2017.

Cada persona trabajadora asalariada del sector Público, cada empleado público y cada empleada pública debe preocuparse, seriamente, de los diferentes planteamientos que ya están formulando y que próximamente presentarán de manera más insistente, los aspirantes presidenciales que se disputarán el máximo cargo ejecutivo del Estado en las elecciones generales del 2018.

No se puede otorgar el voto presidencial así porque así, sin pensar en la imperiosa necesidad de conservar el empleo en tiempos de desempleo creciente; sin pensar en el ingreso salarial cada vez más limitado, endeudado y congelado; sin pensar en las responsabilidades familiares dependientes, aunque sea en estas condiciones de empleo público inmerso en la incertidumbre y de salario demasiado comprometido y con problemas de liquidez.

¡Dejémonos de cuentos! La verdad es que actualmente por una serie de razones que no viene al caso comentar a propósito de este artículo, prácticamente todo el pueblo trabajador asalariado vive en alto endeudamiento por diversas circunstancias; y el empleo público, aunque inmerso en ese mar de incertidumbre todavía ofrece relativa seguridad… para medio comer (en no pocos casos) y para pagar deudas (en la mayoría de los casos); además de aportar, puntualmente, en el pago de impuestos de los cuales no hay escapatoria, como los de venta y renta (cuando corresponde por nivel salarial).

Por tal razón, nuestra recomendación es tener presente las siguientes consideraciones ante el proceso electoral ya en desarrollo. Además, luego del aquelarre político-parlamentario del primero de mayo, como que hay demasiado de qué preocuparse en esto de tener condición asalariada de empleo público.

No. 1: Hágale la señal de la cruz al candidato presidencial (y/o a sus más cercanos políticos) que plantee que hay relación entre los salarios del empleo público y el déficit fiscal. Hemos demostrado muchísimas veces que no hay vínculo estructural al respecto. Esta propuesta política no debe triunfar en las elecciones de febrero del 2018. Así de contundente hay que plantearlo.

No. 2: No permita que le arrastre la matriz político-mediática de la muletilla “no más impuestos”. El político que la esté pronunciando merece su desconfianza porque el “no más impuestos” no puede concebirse como algo neutral. Incluso hay colegas sindicalistas que caen en la trampa del discurso neoliberal del “no más impuestos”.

Hay una clase de impuestos que es preciso establecer y que sí se debe apoyar; que no son los impuestos que ya paga la persona trabajadora puntualmente y que no puede evadir (renta y ventas).

Esa clase de impuestos que sí se ocupan son los destinados a gravar las grandes fortunas, los grandes capitales, a las ganancias que son de un mismo dueño (o dueños) pero provenientes de diversas fuentes productivas, comerciales /o financieras sin aparente relación de propiedad entre sí; y que son declaradas en varias sociedades, presuntamente distintas, para engañar al fisco, aunque con marco legal de por medio que lo permite actualmente.

No es lo mismo para un único propietario o grupo de propietarios capitalistas tributar por separado sobre sus ganancias diversas que unificar éstas, quedando evidenciado el tamaño real de sus fortunas y/o fuentes de ingresos y ponerles a pagar lo que en realidad corresponde.

Se trata de establecer el impuesto conocido como renta global o universal que es un tipo de impuesto que sí necesita la sociedad y que afecta “a los y a las de arriba”, únicamente. ¡Veamos cómo el “no más impuestos” es tramposo!

No. 3: En tal sentido, hay que identificar para no darle el voto a aquellas ofertas presidenciales-electorales que tienen este discurso: “hasta que no haya empleo público no habrá impuestos”.

Aquí hay dos trampas en contra de quienes son personas asalariadas del sector Público. La primera trampa es que quieren reducir, mermar, precarizar el salario del empleo público para ir avanzando hacia los pobres niveles salariales del sector Privado en actividades relativamente similares en uno y otro sector.

La segunda trampa es para que nunca avance en el parlamento ningún proyecto de ley que cambie el sistema tributario y que ponga a pagar, como debe ser, a los que más tienen y/o que esconden, eluden o evaden para no pagar lo que les corresponde. Por ejemplo, que nunca se dé la ley de la renta global o universal.

Buscan usar el tema del salario del empleo público como escudo en contra del avance de impuestos como la renta global o universal, lo que significaría un paso adelante para transitar de un sistema tributario regresivo a uno progresivo.

Para explicarnos mejor: imagine usted un candidato presidencial de gran capital empresarial, con gran fuente de ingresos por estar en el negocio inmobiliario (por ejemplo, alquilarle edificios al Estado); y que, además, tiene inversiones en el sector financiero (el más rentable de todos los que propician acumulación de capital en el tiempo más corto).

Con el sistema impositivo actual tributa por aparte en cada una de esas actividades generadoras de sus rentas, de sus ganancias. Con renta global tendría que tributar sumando las tres fuentes pues así quedaría más evidente la enorme riqueza que tiene al verse el tamaño real de su fortuna, misma que acumula con las tres fuentes juntas, pero por las cuales en la actualidad tributa por separado.

¿Cuántos políticos presidenciales, sus socios de campaña, sus financiadores estarán en la misma condición que el ejemplo anterior? ¡No son pocos! Y todos ellos hablan del plus salarial de las anualidades, del de la dedicación exclusiva, del de los riesgos, del de la prohibición y otros, como los culpables del déficit fiscal.

¿Votará usted por una propuesta electoral en contra suya, en contra de su salario? ¿Se pondría usted “la soga al cuello”, laboral y salarialmente hablando, cuando le quieren trasladan una culpa por un problema que usted no generó (el déficit fiscal); y, además, le piden apoyo electoral para llevarlos a la silla presidencial para su propio perjuicio y el de su familia…

El tema del déficit fiscal es algo serio realmente, que preocupa demasiado. Ninguna acción sindical que se precie de responsable debe mirar para otro lado en tal sentido. Pero esto se aborda desde otra perspectiva, radicalmente diferente a la de la relación con el empleo público.

¡Qué va! Con relación a ese tipo de candidaturas presidenciales debemos estar pendientes, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana y mes tras mes, de aquí a febrero de 2018. ¡Escúcheles! ¡Sígales la pista! Nosotros nos encargaremos de ayudarle.

ELECCIONES 2018:¡PELIGRO AL ACECHO!

Publicado en La Prensa Libre, el martes 19 de setiembre de 2017.

A pocas semanas de la apertura oficial (pues hace ya bastantes semanas se está en ello), de la campaña para las elecciones, tanto presidenciales como diputadiles de febrero de 2018, nada bueno se ve en el horizonte, si éste se mira con perspectiva obrero-laboral y social-cívica.

Las opciones que nos presenta el bipartidismo clásico, tanto a nivel presidencial como diputadil, expresan una perspectiva pro-empresarial, abiertamente; y, de manera contundente hacia la generación de más posibilidades de negocios (que esto en sí no es malo); sino de ese tipo de negocios que muestran cuatro características fundamentales:

a) hacia la concentración para fortalecer y favorecer procesos monopólicos o duopólicos, por ejemplo;

b) impulsar procesos de negocios con la cosa pública a partir de privatizaciones abiertas, nuevas aperturas, más tercerizaciones, concesiones y similares;

c) reversión de derechos sociales y laborales, con una nueva ofensiva agresora en contra del empleo público, más precarización de los salarios y pauperización extrema del salario mínimo.

d) totalmente reacias a resolver el problema del déficit fiscal vía transformación tributaria estructural; y prefiriendo que éste se aborde desde la perspectiva de un “shock fondometarista” que haga colapsar brutalmente la estructura institucional del empleo público y de los servicios públicos sociales que tanto necesitan las poblaciones vulnerables de nuestro país.

Un segundo tipo de alternativas que se presentarán en las boletas de votación, papeleta representada por aquellas opciones de una gran cortedad de visión pues solamente les interesa figurar y obtener “los 15 minutos de fama”; aquellas que aspiran a colocar una ficha (o dos) en el nuevo parlamento; y aquellas que son furgón de cola, turecas, del primer tipo de alternativas de las que hablamos en el primer párrafo de este comentario.

Un tercer tipo de alternativas podrían conjuntarse a partir de opciones que nos venden ciertos contenidos programáticos con “sensibilidad social”; o, de alguna manera sincera conscientes del problema nacional número uno que es el de la desigualdad; y, una que otra que enfatiza en la corrupción, misma que está carcomiendo la institucionalidad republicana, tal y como nos lo está mostrando el escándalo del cementazo.

Por cierto, a esta altura del presente momento político-electoral, precisamente impresiona que el escándalo del cementazo, en los tres grupos de alternativas electorales para febrero del 2018, nos muestra personas y candidaturas (que ya lo son o que pretendieron serlo en algún momento), involucradas, por una u otra circunstancia, con el connotadísimo hombre de negocios del momento, don Juan Carlos Bolaños Rojas… Con las excepciones de rigor. Pero la verdad sea dicha: todo el mundo parece estar embarrado.

Si esto es así, o medianamente es así, ¿cuál será la estrategia y la táctica que debería estarse pensando ya desde los sectores político-sociales (no electorales), para responder a la serie de desafíos que se derivarán del resultado electoral presidencial y diputadil de febrero entrante?

¿Es que acaso el propio movimiento sindical no debería ya estar reuniendo, pese a tanta desavenencia y división, para reconfigurarse a sí mismo y mostrar una vocación unitaria más allá de la cortedad de visión gremial-corporativista?

¿Son las alianzas sindicales que se generaron en ámbitos diferentes para enfrentar la coyuntura de ataque al empleo público en todos los meses que lleva el presente gobierno, realmente actuales para enfrentar lo que se viene?

Sobran temas para elaborar un plan estratégico de acción popular y sindical, cívico-patriótica, que nos convocan a la construcción de una articulación con una agenda compartida.

Si esas opciones político-electorales que se autodenominan como progresistas no lograron articularse para presentarnos una opción coaligada, sabiendo de la enorme cantidad de gente sana que tienen en su interior; ¿no podría ser sumamente dañino que desde los sectores populares y sociales, cívico-patrióticos, fuéramos también incapaces de lograrlo, dejándole la cancha libre al empresariado neoliberal que aunque presenta también varias opciones electorales, tendrá de su lado a una impresionante maquinaria ideológico-mediática que es la que ha venido dictando la agenda nacional, a fin que uno de los suyos sea presidente, por un lado; por otro, acaparar el mayor número de curules para materializar en legislación los cuatro aspectos citados al principio de este artículo.

Sin duda alguna, las elecciones del 2018 son un peligro al acecho para las mayorías populares.

ELECCIONES 2018: EL PRÓXIMO PARLAMENTO

Publicado en Diario Extra, el miércoles 27 de setiembre de 2017.

Decidimos postergar la cuarta entrega de la serie de “El cementazo” que venimos publicando en este mismo espacio, pues nos pareció oportuno y necesario compartirles nuestras primeras impresiones de cómo vemos nosotros que podría estar conformada la próxima Asamblea Legislativa que se elegirá en los comicios diputadiles de 2018. Algo de ello ya comentamos en nuestro artículo semanal para La Prensa Libre (digital), publicado el pasado miércoles 19 de setiembre.

Todo indica que la agenda político-estratégico del gran capital neoliberal imperará en el próximo parlamento. Especialmente esa parte de tal agenda que tiene una gran potenciación a partir de la “información” de contenido editorializado de la prensa que refleja, difunde y promueve la ideología del mercado absoluto y enemiga acérrima del sector público que está comprendida en tal agenda.

La esencia de esa agenda tendrá relevantes vocerías parlamentarias que funcionarán como su peonada política, aunque con ropaje partidario de diversos colores. La fracción legislativa, de facto, que tendrá el capital neoliberal en la venidera Asamblea Legislativa mostrará un poderío considerable.

Tanto en los partidos del bipartidismo clásico como en el del cambio, el gran capital neoliberal logró colocar sus fichas principales promotoras de esa agenda en puestos legislativos decisorios.

Patético resultó el episodio de la asamblea de candidaturas diputadiles del partido del “cambio”, pues a partir de ese tipo de notas periodísticas de contenido editorializado, la dictadura mediática ordenó una exclusión.

Los partidos pequeños que logren algún escaño diputadil funcionarán como furgón de cola y procurarán sacar algún provecho, personal y de corto plazo, para viabilizar la tramitación de la agenda del capital neoliberal, ordenada por la dictadura mediática de que nos habla el ilustre costarricense, historiador y académico de renombre, don Oscar Aguilar Bulgarelli, en su reciente libro “Costa Rica ¿Dictadura mediática, o Tiranía en Democracia?”.

Lo que algunos llaman progresismo o “progresía”, al parecer, perderán espacio parlamentario y la ausencia de una articulación estratégica entre las opciones electorales que todavía lo reivindican con los movimientos sociales agravará más la situación, pues es más que obvio que éstos, en sí mismos, están totalmente desperdigados.

Por tanto, los contenidos de una agenda popular y cívica, con aspiraciones de presentar resistencia contrahegemónica, tendrán verdaderos valladares para ser considerados; y si acaso algunos logran beneplácito de ese capital neoliberal para avanzar, podría ser a cambio de que acepten los representantes diputadiles que logren colarse en el nuevo parlamento, concesiones sistémicas claves como la de reformar el reglamento legislativo.

Como ya es sabido, se ha estado escenificando un combate de clase desde hace ya bastante tiempo entre los impulsores de esa agenda estratégica del capital neoliberal, hoy bien posicionado en, prácticamente, la totalidad de los partidos que van a las elecciones de febrero entrante; y todos aquellos sectores sociales, cívico-patrióticos, obrero-laborales y populares que nos resistimos al desmontaje total de lo que queda del Estado Social de Derecho para entregárselo a sus ansiosos depredadores que quieren ver la totalidad de la cosa pública convertida en fuente de lucro privado.

Lo que falta en apertura en electricidad, instaurar el mercado privado de la refinación de combustibles, acabar con la empresa pública de telecomunicaciones vía su estrangulamiento por parte del duopolio transnacional; pulverizar la banca pública con base en sus errores producto de las componendas y corruptelas internas; impedir que el agua sea conceptuada como derecho humano fundamental para imponer su mercantilización total como bien de mercado; bloquear cualquier modificación para transformar el sistema tributario y seguir robando y evadiendo; obligar a la clase trabajadora (especialmente la del sector público) a que se haga responsable del déficit fiscal y de la prácticamente impagable deuda pública; ampliar el poder de la dictadura mediática con la introducción de la televisión digital; fomentar el máximo extractivismo, la sobreexplotación agrícola y cero controles ambientales; la reducción de derechos salariales y laborales; el hundimiento de los servicios diversos de seguridad; son parte de los contenidos esenciales de la agenda estratégica del capital neoliberal que, repetimos, tendrá una numerosa fracción parlamentaria a su servicio a partir de mayo de 2018.

Y, ¿qué haremos quienes estamos del otro lado de la acera? La acera del bien común, la acera de la lucha contra la creciente desigualdad, la acera por la promoción de la inclusión y de la movilidad sociales, la acera de la transformación tributaria estructural, la acera desde donde se defiende el empleo y el trabajo decente, la acera desde la cual se debe combatir la corrupción… ¿Qué haremos?…

ELECCIONES 2018: DE HOY EN CUATRO MESES

Publicado en Diario Extra, el miércoles 4 de octubre de 2017.

Exactamente de hoy en cuatro meses, el 4 de febrero de 2018, se realizarán las votaciones para elegir el nuevo Presidente de la República y las 57 nuevas personas diputadas para la Asamblea Legislativa. Será el período constitucional 2018-2022 el cual comprenderá las celebraciones del Bicentenario, los 200 años, de la independencia de Costa Rica con respecto a España, el 15 de setiembre de 2021.

Hoy, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunciará el inicio de la campaña electoral la cual hace mucho tiempo empezó, por supuesto. Tal anuncio será mera formalidad protocolaria.

Serán las elecciones luego de cumplirse una década de la imposición del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, mediando el “frauduréndum” del 7 de octubre de 2007.

El escenario sociopolítico y económico para tales elecciones está caracterizado por varios aspectos: a) casi la mitad de la población con edad para trabajar está desempleada y/o en el mercado informal; b) una deuda pública que se está comiendo más de la tercera parte del presupuesto nacional de la República; c) un déficit fiscal, según los parámetros neoliberales, que nos tiene al borde del precipicio como país y/o de ser víctimas de un ajuste fondomonetarista clásico y draconiano; d) salarios prácticamente congelados que empobrecen más a las familias trabajadoras pues somos (si no el más), uno de los países más caros para vivir de la América Latina; e) un altísimo endeudamiento de la población, especialmente la clase trabajadora, superando los 3 puntos porcentuales de PIB; f) un sistema tributario que extorsiona a los que menos tienen para favorecer a los que más acumulan; f) un proceso de concentración de la riqueza que parece ser el más veloz de la región; g) un robo de impuestos y una evasión fiscal que está llegando a los 9 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), más que suficientes para que no hubiera déficit fiscal alguno y pararan de atormentarnos todos los días por ello pues habría superávit; h) el crimen organizado, la penetración del narcotráfico, la inmigración incontrolada le están ganando la batalla a la política pública de seguridad ciudadana pues los respectivos cuerpos policiales están debilitados y superexplotados. ¿Seguimos?…

Y la corrupción… ¡Sí la corrupción! Los escándalos de los créditos del cementazo y de la chatarrera hidroeléctrica-cooperativa (2017 gobierno PAC), ya alcanzaron el nivel, el impacto y las dimensiones de los casos del Fondo de Emergencias (1984, gobierno PLN), de los Fondos de Compensación Social (1998, gobierno PUSC); la trocha fronteriza (2012, gobierno PLN) …

¡Hay más, mucho más! No nos extrañemos, por tanto, en que hoy tanta gente no quiere saber nada de elecciones, no quiere ir a votar, nadie le merece confianza porque está harta de tanta estafa política.

¡Sí! Estafa política como esa que cometió el arismo (ese mismo que volverá al próximo parlamento), cuando pidió votos para el TLC con Estados Unidos y que haría las modificaciones tributarias necesarias para reponer el hueco en las finanzas públicas que la eliminación de aranceles de aduanas dejaría ese tratado, de entre 2 y 3 puntos PIB que hoy están haciendo falta para disminuir el déficit fiscal; plata que se ya se le está cobrando al pueblo vía reducciones salariales y deterioro dramático de servicios públicos.

Es bien cierto que las generalizaciones son odiosas. Es bien cierto que, incluso en los partidos pringados por la corrupción y ahora por el cementazo hay gente sana, limpia, honesta. Sin embargo, es real que los que votamos no decidimos.

En la generalidad de los partidos políticos de los tiempos del neoliberalismo y de los TLC’s, lo que hay es competencia electoral por cargos públicos; por demás muy desigual.

Este tipo de elecciones no pone en entredicho la estabilidad de los reales poderes hegemónico-político y económicos que son los responsables directos de los aspectos que caracterizan el proceso electoral ya en desarrollo y que citamos líneas arriba.

En realidad, se va a votar por quien va a administrar el Poder Ejecutivo y cuál es la gerencia ideológico-política-parlamentaria que determinará el caminar de la próxima Asamblea Legislativa en su orientación hegemónico-dominante. Nuestra democracia es formal. Los cambios estratégicos para hacerla real implican el desafío a semejantes poderes que en no pocas ocasiones operan desde una sala de redacción periodística o desde un estudio televisivo de noticias.

El contrapoder, el de corte ciudadano, está por ser construido y ya ha habido varios escenarios en el pasado reciente de nuestra historia que demostraron que sí es posible lograrlo. Aunque hubo “frauduréndum” el 7 de octubre de 2007, el día 30 de setiembre anterior vimos en acción un poder ciudadano en expresión democrática real.

ELECCIONES 2018: REFORMA DEL ESTADO

Publicado en La Prensa Libre, el martes 7 de noviembre de 2017.

El pasado jueves 2 de noviembre tuvimos el gran honor participar en un interesante conversatorio sociopolítico, convocados por el programa Diálogos Reforma del Estado de la Fundación Friedrich Ebert (FES), de la República Federal de Alemania, con el provocador tema Crisis de la institucionalidad democrática.

Un selecto grupo de costarricenses reflexionaron durante varias horas al respecto lo cual nos permitió a nosotros, como militantes de la corriente sindical sociopolítica del país, extraer algunas conclusiones importantes, formuladas enteramente bajo nuestra propia responsabilidad, de lo que aprendimos en esta extraordinaria actividad. Veamos:

Quienes desde los espacios de la política tradicional han venido pregonando, un día sí y otro también, la cantinela de la “Reforma del Estado”, no tienen claridad de cómo se come eso. El Estado costarricense se compone de unas 330 entidades, 14 regímenes de empleo público, cerca de un 17% de la Población Económicamente Activa (PEA) del país que tiene empleo formal y salario fijo, es empleada pública.

Además, cuenta con instituciones empobrecidas y precarizadas, por una parte; mientras que hay otras archimillonarias que no saben qué hacer con tanta plata acumulada; amén de una estructura salarial plagada de desigualdades. Efectivamente, salarialmente hablando, hay personas trabajadoras de primera, de segunda, de tercera y hasta de cuarta categoría; contándose con una casta político-gerencial y tecnocrática que devenga salarios hasta casi 5 veces de lo que está estipulado para el cargo presidencial.

Por otra parte, financiera y presupuestariamente hablando, el denominado “primer poder de la República”, la Asamblea Legislativa, tiene un presunto y débil control únicamente sobre el 40% de toda la estructura financiera del Estado, dado que el otro 60% se maneja “autónomamente”, con el único control de parte de la Contraloría General de la República (CGR).

Si se fija uno en la estructura institucional del sistema política y los poderes del Estado se tiene lo siguiente:

a) Una Presidencia de la República de muy limitado alcance en sus potestades, en no pocos casos casi que, de caricatura, pues “cualquier hijo de vecino” es capaz de bloquearle sus iniciativas. Debe enfrentar, además, la dictadura de los mandos medios: jerarcas empoderados y atrincherados en sus feudos-guetos de poder que tienen cómo bloquear, sabotear, ralentizar, atrasar decisiones políticas del gobernante que podrían favorecer el bien común, pero que colisionan con los propios partidarismos politiqueros contrarios al presidencial y/o con intereses personales coludidos con los privados.

b) Un Poder Judicial “todopoderoso”, más poderoso que el Legislativo y que el Ejecutivo. Además, cuenta en su interior con la policía judicial, la acción punitiva del Estado (Ministerio Público-Fiscalía General de la República) y la Defensa Pública, lo cual lleva a los factores de poder político real a estimar que es más ventajoso contar con un magistrado afín a sus intereses, que tres o cinco diputados como peonada política en el parlamento. En realidad, el primer poder de la República, es el Poder Judicial.

c) Un Poder Legislativo cada vez más fraccionado, más desprestigiado, más proclive al arribismo politiquero y oportunista que a la adopción de las personas más capacitadas para legislar en pro del bien común y la inclusión social. Las excepciones honrosas solamente confirman esta triste realidad. Con un reglamento legislativo que permite que una sola persona legisladora de sus 57 que le componen, pueda paralizar cualquier iniciativa de ley, aunque las otras 56 estén de acuerdo en algo. Políticamente, esto ha beneficiado en coyunturas específicas a los dos principales lados de la confrontación ideológica que llevamos en el país desde hace unos 30 años.

Para peores, un sistema tributario altamente regresivo, un endeudamiento público sideral que nos muestra una deuda prácticamente impagable; una evasión y un robo de impuestos, más un sistema de exenciones-exoneraciones que, combatidos radicalmente, resolverían de una vez las cifras del déficit fiscal y sobraría muchísima plata como para que no se tuviera que estar insistiendo en la aprobación de más impuestos que, solamente, incrementarán la defraudación impositiva.

Vistas así las cosas (y otro montón que falta mencionar por obvios problemas de espacio), quien pretenda ganar votos con ocasión de las elecciones presidenciales y diputadiles de febrero entrante, hablando sobre y prometiendo una “Reforma del Estado”, estaría haciendo demagogia pura y simple, si no específica qué, puntualmente, estaría impulsando como “Reforma del Estado” y cómo lo lograría.

La verdadera Reforma del Estado está pendiente. Es una tarea nacional de corte patriótico. También es ideológica y corresponderá a una correlación de fuerzas que, por ahora, no parece favorecer a las grandes mayorías populares.

Por el contrario, para los sectores neoliberales que tienen el real poder en nuestra sociedad, su fracaso en materia de Reforma del Estado ha estado centrado por su terquedad en abordar tal desafío desde una perspectiva fiscalista-fundamentalista. Mantener esta posición seguirá siendo sinónimo de confrontación a todo nivel.

ELECCIONES, SINDICALISMO Y PARTIDOS

Publicado en La Prensa Libre, el martes 14 de noviembre de 2017.

El horizonte utópico que inspira el accionar cotidiano de la corriente sindical en la cual militamos, nos dicta lo siguiente: “La transformación de la sociedad, en aras de hacerla más justa, democrática e incluyente en sus dimensiones económica, ambiental, política y sociocultural”.

Con base en el mismo, se ha delimitado la misión estratégica por la cual abogamos todos los días: “Promover desde la clase trabajadora un Estado Social de Derecho, equitativo e incluyente, con pleno respeto de los Derechos Humanos, del medio ambiente y la Ecología; a través de la reflexión, la propuesta y la participación social y el desarrollo de nuestra capacidad organizativa”.

Aunado lo anterior, se ha definido como estrategia principal “interactuar y construir alianzas con diferentes actores políticos y sociales que coincidan con nuestros fines y valores, incluyendo opciones político-partidarias o personalidades relevantes de la vida nacional, si las exigencias del momento así lo determinan”.

Si se revisa nuestra práctica sindical de los últimos tiempos, se podrá constatar las motivaciones inspiradoras por las cuales hemos venido participando en el escenario sociopolítico nacional y actuando en el marco de diversas coyunturas.

Particularmente, lo que se ha conocido como Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, debe comprenderse en el marco de este planteamiento estratégico impulsado desde el ámbito sindical.

Lanzado el 7 de noviembre de 2014 y con plena conciencia de sus integrantes originales, el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA ejecutó una notable experiencia de incidencia política nunca antes desplegada en los últimos tiempos en nuestro país, a partir de los acuerdos dados a conocer en junio de 2015, con los partidos Acción Ciudadana y Frente Amplio; en el marco de una confluencia de pensamiento sobre una agenda a favor del bien común y de la inclusión social, en frente abierto opositor a la creciente desigualdad que vulnera la convivencia democrática y cuestiona la propia institucionalidad.

PATRIA JUSTA se apresta a actuar, nuevamente, de cara a los nuevos desafíos que afrontará la clase trabajadora costarricense y los sectores populares, una vez que quede definido tanto el resultado electoral presidencial (que podría estar claro hasta abril del año entrante), por un lado; así como la composición de la próxima Asamblea Legislativa, por otro.

Eso sí, teniendo absoluta claridad de que los verdaderos factores de poder, quienes realmente deciden con base en su abrumador capital, permanecerán inalterables en el control, prácticamente absoluto, de la hegemonía de la gestión política para que ésta no se les salga del control que, por demás, siempre han tenido.

“Jugaremos” así, una vez, en el escenario de la democracia formal pues para actuar por la disputa de la democracia real, se requiere la construcción de un proceso de articulación entre la diversidad de los sectores sindicales, sociales, populares, políticos y cívico-patrióticos que no se ve por ningún lado, para la tranquilidad de los factores del real poder.

Ahora bien, el pasado 7 de noviembre, en el Día de la Democracia Costarricense (y por cierto, en el aniversario número 68 de la entrada en vigencia de la Constitución Política que todavía nos rige, la del 7 de noviembre de 1949); al llegar a su tercer año de gestión, PATRIA JUSTA relanzó su proyecto de sindicalismo sociopolítico y, también reiteró su voluntad de sentarse a dialogar, nuevamente, con fuerzas y partidos políticos que como eje central tengan la promoción del bien común para la inclusión social para lo cual, es preciso, acometer la histórica tarea de la transformación tributaria estructural, por demás, la máxima tarea pendiente de la Democracia costarricense de los últimos tiempos.

Por múltiples factores que todos ya conocemos a plenitud, el desencanto ciudadano con la institucionalidad electoral y con el sistema de partidos políticos ha llegado a niveles inéditos: tanta estafa política cuatrienal, tanta corrupción, empobrecimiento salarial, incerteza laboral y desempleo, violencia sin freno entre otros graves problemas nacionales que afectan a la mayoritaria colectividad de la sociedad; presentan un cuadro de percepción cívica de conclusiones subjetivas pero con cierta base que podemos resumir en frases y conceptos como “todos son iguales”, “no hay por quién votar”, “yo no votaré”…

Con las limitaciones de rigor, pese a la gran satanización político-ideológica del sindicalismo, éste puede aportar constructivamente en la solución de los graves problemas que enfrenta el país; dificultades sensibles y extremas que las sufre duramente el pueblo trabajador en sus distintas modalidades; por ende, es la abrumadora mayoría de la población la que está enojada y la que exige transformaciones radicales en la forma en que se comportan sus políticos y los partidos que les respaldan.

ELECCIONES 2018: COSMETOLOGÍA POLÍTICA

Publicado en Diario Extra, el miércoles 15 de noviembre de 2017.

La alta cantidad de personas con derecho a votar en las elecciones de febrero entrante que todavía (a menos de tres meses de las mismas), no saben por quién lo hará; más la otra importante cantidad de ciudadanía que está firme en cuanto a que no irá, definitivamente, a la urna electoral en esas votaciones presidenciales (y diputadiles), está mostrando un comportamiento electoral no visto antes. Al menos, en los “tiempos de TLC” y de “apertura”.

Si a estas dos variables de potencial tendencia electoral de cara a febrero entrante, usted le agrega la no menos importante cifra de gente que si bien está decidida ir a votar, no tiene definido a quién le dará el voto; estamos de cara a un universo diverso de indecisión cercano al 75%.

¡Esto no se había visto antes! Con las obvias limitaciones de rigor por no ser un campo ordinario de nuestro trabajo, varias conclusiones emergen al calor de la convivencia cotidiana que se manifiesta en esos espacios obreros y sociales del desarrollo de la gente común. De lo que se escucha en los mismos, tenemos que:

Se habla (si es que se habla), de fulano, de sutano y de perencejo en cuanto candidato presidencial. Ya no se habla de partido. En tal caso, se habla de esa persona para descalificarle, desacreditarle, encontrarle defectos, pronosticar su derrota y resaltar su incapacidad; por lo menos, mayoritariamente. La decepción es de tal nivel que son escasas las oportunidades en que se escucha hablar de las “maravillas” de Pedro, o de Pablo, o de Manuel, como candidatos presidenciales.

En tales espacios, se nota cierto recato, algo de cuidado, mucha cautela, de parte de quienes (los pocos) que sí tienen definido a alguien a quien darle el voto, en darlo a conocer en un entorno de amistades, de trabajo, del hogar, etc. Es como si se fuera a caer mal, a ser rechazado, el plantear un destinatario seguro del sufragio.

¡Cero contenido! La conversación de la gente ordinaria en torno al casi invisible proceso electoral, cuando se da (si es que se da), no muestra profundidad en las reflexiones críticas ni mucho menos, se refiere a propuestas de candidatura alguna.

¡Es impresionante! Como que se desconocen del todo las distintas propuestas electorales (¿es que las hay?); y, mucho menos, puntualizar la diferencia entre una persona candidata de otra, en lo que respecta a contenidos programáticos, es algo quimérico.

La Sele es el tema de moda (mundial de Rusia 2018), indudablemente, lo cual tiene cierta lógica al ser el único factor de unidad nacional que nos queda en la sociedad. En este tema, todo el mundo, prácticamente, es experto y/o al menos tiene una opinión.

Pareciera que existe una especie de “tácito acuerdo ciudadano” en grandes segmentos del electorado, para castigar a los culpables. Éstos, en principio, son los del binomio partidista histórico (mejor clásico); el cual, se convirtió en una especie de “tríada” pues el gobierno del cambio ha venido mostrando comportamientos en la superestructura política que han reproducido prácticas que, precisamente, ya habían desacreditado al indicado binomio bipartidista clásico. Además, el sesgo de la matriz mediática hegemónica se está encargando de que así sea y/o se perciba.

Por otra parte, la orfandad político-electoral que se percibe a partir de la circunstancia anterior, pareciera no ser superada por lo que queda en la oferta de la papeleta presidencial; y, en tal sentido, la factura política a cobrarse y no la convicción ideológica, pareciera ser lo que impulsaría a muchos (de los pocos) que sí estarían votando en febrero entrante, a decidirse por algo que no sea la “tríada” citada.

Pareciera ser que los grandes temas-país, los que tienen relación directa con la desigualdad, con la corrupción, con el desempleo, con la violencia y con la inseguridad, son contrarios a la mercadotecnia política que tan sólo busca un resultado de corto plazo: el gane de fulanito o/o la pérdida de menganito. ¡Pura cosmetología política!

En todo caso, el debilitamiento de la credibilidad ciudadana en la institucionalidad va en relación directa con el cada vez más reducido margen de acción política para el cargo presidencial; de tal suerte que uno podría pensar que la competencia por ese cargo es solamente un ejercicio de pasarela para la legitimidad formal del sistema, cuyos verdaderos rectores hegemónicos no van a elecciones, aunque son los que comandan realmente… ¿Votar o no votar?… ¿Por quién?… ¿Para qué? Es la pregunta (o preguntas) más común entre la gente común; gente común a la cual apelan los no muy comunes, quienes se disputan entre sí por ver a quién le toca el turno de la ejecución de la común estafa electoral de cada cuatro años.

ELECCIONES 2018: PROGRESISMO Y CLASE MEDIA

Publicado en La Prensa Libre, el martes 21 de noviembre de 2017.

Don Esteban Calvo Rodríguez, notable especialista en Derecho Laboral y muy amigo de la causa social que inspira nuestro cotidiano quehacer, nos recomendó la lectura de una entrevista de prensa que le fue realizada por el diario español El País, a la psicoanalista chilena Constanza Michelson, muy reconocida en el campo del análisis político del acontecer de ese país latinoamericano hermano; entrevista que fue titulada así: “La coalición de Bachelet se desconectó de la clase media”. Al momento de escribir este artículo, sábado 18 de noviembre anterior, no se habían dado las elecciones en ese país y dicha entrevista se hizo en tal marco de coyuntura de la sociedad chilena.

Ante la pregunta periodística “¿Cómo llega Chile a estas elecciones?”, la indicada analista respondió así: “Como está pasando en todos los países occidentales, hay una caída abrupta del centroizquierda. Algo ocurrió, dejó de representar a la clase media, al pueblo. Es lo que sucedió en EE UU con los demócratas”.

Al leer esa entrevista (https://elpais.com/internacional/2017/11/18/america/1510959879_737734.html), se nos ocurrió hacer un intento de relacionar el moderno concepto sociológico y político de “progresismo” con el tema de la clase media, de las capas medias, en una sociedad como la costarricense y en el marco de las elecciones de febrero próximo.

En nuestro país todo el mundo quiere vivir bien. Pero vivir bien no es vivir en opulencia. Por otra parte, el vivir bien no es lo mismo que el buen vivir, concepto éste también sociológico y político, además de antropológico, adoptado en esos ámbitos de la actual política latinoamericana más hacia la izquierda de ese “progresismo”.

En las mejores épocas del vivir bien costarricense, la integración, la igualdad y la movilidad sociales estaban al alcance del mayor número de la población. Fueron los tiempos del impulso socialdemócrata clásico a la convivencia en sociedad: la época dorada de la clase media, de las capas medidas costarricenses, hoy totalmente olvidadas de la política pública de los últimos gobiernos, incluido el actual. ¿Qué pasó, entonces?

Imposible formular un juicio contundente al respecto. Pero intentemos algunas aproximaciones. Si las capas medidas, si la clase media, fue olvidada, entonces ¿qué sectores y/o políticas públicas ocuparon su lugar en los tiempos del ajuste estructural, de la apertura comercial fundamentalista y de los TLC’s?:

UNO: Prioridad a la concentración de la riqueza y a la facilitación de los negocios privados del alto corporativismo, mediando la cosa pública con apropiación privada de ésta, vía diferentes mecanismos legales y administrativos. DOS: Prioridad de atención a la pobreza extrema, con institucionalización de la caridad y cuidando de no erradicarla, por los réditos electorales (clientelismo) a obtener de la misma en cada competencia electoral cuatrienal. TRES: Prioridad a políticas para segmentos sociales postergados y/o causas nobles, pero siempre de asidero minoritario en la sociedad: reivindicación de los pueblos indígenas, la población en diversidad sexual, las distintas expresiones del ambientalismo y del ecologismo, el combate al maltrato animal… Es en este ámbito donde ese “progresismo”, esa centroizquierda socialdemócrata ha enfatizado mucho de su trabajo de incidencia política sistémica.

Todo esto está bien. ¡Es acertadísimo! Pero, ¿y la lucha por la clase media dónde quedó? Lo que entendimos de la entrevista a la psicoanalista chilena es que el progresismo, el centroizquierda, la socialdemocracia han estado dando sus mejores esfuerzos, sus mejores planteamientos, lo mejor de su pensamiento en la visibilización, en la reivindicación, en la promoción e impulso de legislaciones y disposiciones administrativas para la atención de todas esas nobles causas, pero que, objetivamente hablando, no están en el centro de las preocupaciones de la sociedad, en general, cuyas clases trabajadoras solamente ansían vivir bien y nunca han pretendido la opulencia; y, esas causas nobles no son la centralidad de su lucha por la sobrevivencia diaria.

¿Qué quiere una persona trabajadora, en esencia y como preocupación primaria? ¡Vivir bien! Trabajo decente, salario bueno y justo, estabilidad, seguridad y dignidad en el empleo; casita propia, comodidades hogareñas (electrodomésticos, servicios públicos básicos); un carrito (aunque sea un “gajito”), salud y educación garantizadas; paz y tranquilidad en el barrio; la recreación (el paseo, el fútbol, la cervecita); y que los güilas vivan mejor que uno. ¡Eso es todo!

Las mayorías trabajadoras no ansían la opulencia, la banalidad, la frivolidad y el hedonismo que suele caracterizar las costumbres de las “altas esferas de la sociedad” o de quienes, medrando de sus migajas, quieren ingresar a esos mundos vía el farandulerismo, la corrupción, el delito económico-financiero y/o el arribismo politiquero servil.

La verdad es que en Costa Rica todos queremos ser clase media, así conceptuado como una aspiración muy generalizada que hoy no está al alcance de las mayorías, altamente endeudadas, precarizadas salarialmente, desempleadas, inseguras laboralmente hablando; y, por ende, decepcionadas de la política electoral, de los políticos tradicionales, del ofertismo hueco y estéril, estafador, de las promesas de campaña incumplidas una y otra vez.

Pero también, a lo mejor, decepcionadas también de las nuevas ofertas políticas más centradas en las nobles causas de las minorías y/o las de las élites del “progresismo” o de la centroizquierda de hoy, como lo explica la comentarista chilena señora Michelson.

Resulta provocador pensar en las razones por las cuales se da un amplísimo despliegue difusor por parte del latifundismo mediático neoliberal de la globalización hegemónica a esas nobles causas; radicalmente contrario a la ausente mención de lo que implica la difusión de las graves carencias de las clases medias, como las costarricenses, para mantenerse en cuanto tales, soportando sobre sus espaldas las cargas tributarias fundamentales de un sistema radicalmente regresivo y empobrecedor de esas mayorías que solamente quieren ser clase media.

¿Habrá caído nuestro “progresismo” centroizquierdista y socialdemócrata en el pecado de haberse olvidado de las aspiraciones y de los sueños de las capas medias costarricenses, abandonándolas a su suerte?… ¿Cuál es el fondo de la coincidencia que hay en esa agenda del impulso a ciertas causas nobles que desde sectores de la derecha y de la izquierda parecen promoverse al unísono?…

SI VOTO… ¿POR QUIÉN NO LO HARÍA?

Publicado en Diario Extra, el miércoles 22 de noviembre de 2017.

Seré muy sincero. Ni una sola línea, ni una sola frase, ni un solo párrafo he leído sobre un programa de partido político alguno que esté participando en las elecciones nacionales, presidenciales y diputadiles, de febrero próximo.

Las apreciaciones siguientes, totalmente subjetivas (y que no involucran para nada a ninguna de las organizaciones involucradas en la corriente sindical nacional en la cual militamos), se basan en nuestra propia perspectiva de lucha social en aras de una Costa Rica más justa, más inclusiva y más solidaria; frase o concepto éste que hoy parece abaratarse, políticamente hablando, pero que tiene sólida actualidad pese a haberse adoptado para fines politiqueros, en algunos casos; y, en otros, con real sinceridad política.

Para empezar, no votaría por un candidato presidencial que, a la vez, se está candidateando para diputado. En realidad, lo que está pulseando es este último cargo y el otro es cosmetología política. Sabe que no tiene posibilidad alguna de ser Presidente de la República. Esto es, mínimamente, falta de seriedad. ¿O lo uno… o lo otro?

No votaría, si es que me decido a hacerlo, por ese candidato que, ofendiendo la inteligencia ciudadana, enarbole la falaz tesis de que el déficit fiscal se debe al empleo público. No le daría mi voto a ese candidato que responsabilice a mí y a mi familia, por ser yo persona trabajadora del Estado, de tener responsabilidad en haber generado tan grave problema nacional. Quien ponga en riesgo mi trabajo y/o mi empleo, no merece mi voto (si es que me decido a hacerlo).

No votaría por un candidato que invisibilice, niegue, esconda que tenemos un grave problema de salarios mínimos en un país cuya carestía de vida es de las más altas de la América Latina (si no la más cara); y, no podría votarle si no indica cuáles cambios, en tal sentido, promovería, aunque tenga que enfrentarse al alto corporativismo empresarial egoísta.

No votaría por ese candidato que le tenga miedo a los sectores más extremistas del capital neoliberal y sus latifundios mediáticos, desafiándoles abiertamente para plantear que hay que establecer la renta global, en toda su dimensión, ampliamente conceptuada y técnicamente implacable, como el primer mecanismo serio de transformación tributaria estructural en beneficio de las mayorías. Y, por supuesto, no es posible votar por quien abogue ponerle impuestos a los que ya, proporcionalmente pagan más, como las clases trabajadoras, diciendo que hay que subir la tasa del de ventas.

No votaría por un candidato que ni siquiera sepa qué es la Tasa Tobin; que ni siquiera considere que pueda ser una medida alternativa para atajar el crecimiento del déficit fiscal; y que ni siquiera diga en público que en un eventual gobierno suyo la va a considerar.

No votaría por un candidato presidencial que no esté dispuesto a enfrentarse a los reales poderes de la sociedad, como el del sector financiero-bancario, tomando medidas para controlar-regular el abusivo negocio de las tarjetas de crédito que tiene en altísimo endeudamiento a gran parte de la población del país, especialmente su mayoritario segmento, el trabajador.

No votaría por ese candidato que esté a favor de más apertura eléctrica y a favor del rompimiento del monopolio de refinación y distribución de combustibles; prefiero que en esto siga el Estado al frente, cambiando todo lo que haya que cambiar, pero con mi voto no contarán para enriquecer a los que ya de por sí están más que enriquecidos.

Además, la falsa libre competencia del falaz libre comercio ha quedado más que demostrada, si se analiza el poder del duopolio cementero, pese a todas las barbaridades, corruptelas y compadrazgos políticos evidenciados por el escándalo del cementazo.

No votaría por un candidato a la Presidencia que no enfrente (con bronca incluida) el desafío de salvar la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), liberándola del secuestro en que la tienen sumida poderosos grupos corporativos internos y externos, a fin de que quede limpiecita para el disfrute de las futuras generaciones.

No votaría por un candidato a la Presidencia que no esté dispuesto a reconocer que el agua debe conceptuarse como un Derecho Humano fundamental y que así debe incluirse en la Constitución Política.

No votaría por un candidato presidencial que no reconozca que el país está perdiendo la batalla de la seguridad ciudadana; y que, por tanto y, por ejemplo, no hable con claridad absoluta de que el país ocupa más servidores públicos en los diferentes cuerpos policiales, amén de mejorar sustancialmente sus condiciones sociolaborales, actualmente rayanas en la sobreexplotación obrera.

No votaría por un candidato presidencial que no puntualice, al menos tres, medidas concretísimas de ofrecer fuentes de empleo juvenil en el cortísimo plazo, a fin de que toda esa muchachada que está desempleada, que anda en grave riesgo social, que está frustrada porque se graduó y no encuentra trabajo acorde, sepa que con ese nuevo gobernante tiene posibilidad real de un trabajo decente tan rápido como urgente es necesario.

Seguro se pensará que merezco una cajita blanca por estos planteamientos. Y eso que se quedan muchos otros más por mencionar. En los días festivos que vienen (por cierto, que solamente festivos para los que tienen, pues para los que tienen muy poco o no tienen nada del todo, no lo son), trataremos de documentarnos para ver a quién le votamos… si es que votamos.

CEMENTAZO: LOS SUBVERSIVOS DE LA DEMOCRACIA Y LA ETAPA PRE-CHAVISTA

Publicado en Diario Extra, el miércoles 29 de noviembre de 2017.

Aunque no creo en las encuestas, siempre nos ha parecido que las que efectúa el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), son las de mayor seriedad.

La que acaba de salir publicada ha conmocionado a la clase política del país, así como a la más variada gama de agrupaciones de la denominada sociedad civil. ¡Y al pueblo también!, aunque éste pareciera tener, al menos en un importante número, un juicio sobre las elecciones de febrero entrante: “¡no hay por quién votar!”.

La encuesta del CIEP-UCR nos permite concluir que, al parecer, el escándalo del cementazo prácticamente le ha puesto la lápida a cuatro partidos políticos: Liberación, Unidad, PAC y Libertario.

Que las tres primeras candidaturas más preferidas al momento de la encuesta (Álvarez, Castro y Piza), ninguna llega si quiera a la mitad del “mágico” porcentaje para ser presidente: el 40% del voto efectivo depositado en las urnas. En su orden, porcentajes de 15, 15 y 11 de preferencias.

Pese a tanta precariedad de voto posible según esta encuesta, don Juan Diego Castro alcanzó al decadente candidato con Antonio Álvarez Desanti (el gerente político que los hermanos Arias Sánchez nombraron para su eventual, y ahora en la cola de un venado, retorno a Zapote).

La clase política tradicional (Liberación-Unidad ésta en sus dos ramales), la recién llegada al sistema (la del PAC), más la que ya está en la ruina económico-ideológica y ético-moral condenada a prisión por estafar al Estado, de la cual ya están huyendo algunos de candidaturas ya inscritas (la libertaria); parece que, todas juntas, ¡han implosionado! (término que le escuché pronunciar a una periodista muy conocedora de la política de esta especie). Es decir, han caído en lo que parece el profundo hueco del total descrédito ciudadano, el repudio público, la ira civil y la indignación de la mayoría del electorado.

Este fenómeno se parece (reparando en las dimensiones de espacio y tiempo lógicas), al que se vivía en Venezuela antes del ascenso al poder de don Hugo Chávez Frías; ascenso posibilitado por la corruptela de los partidos tradicionales de ese país en ese entonces; principalmente el Acción Democrática (hermano del PLN) y el COPEI (hermano de lo que aquí se conoce como la Unidad). Las mayorías populares venezolanas estaban hartas de tanta estafa electoral cuatrienal, de la corruptela del aparato del Estado coludido con el sector privado, de la abusiva concentración de la riqueza, de la pobreza inexplicable en un país que flotaba en un océano de petróleo.

Independientemente de lo que piense cada cual sobre el proceso bolivariano desde su inicio por Chávez a hoy; lo real es que el deterioro de la moral y de la ética en el seno de la clase política costarricense de la actualidad, está fundamentando un resentimiento ciudadano de tal calibre que podría arrasarla toda por completo, incluyendo los elementos sanos que todavía quedan en ella, pero que no podrían sostener la avalancha de la deslegitimación de la institucionalidad democrática representada en los partidos políticos y en los tres máximos poderes del Estado. Esto fue lo que pasó en Venezuela y hay señales de que está ocurriendo aquí ya, en estos momentos.

En Venezuela, quienes subvirtieron el orden democrático establecido hasta la aparición del chavismo, no fueron los comunistas en sus distintas denominaciones y corrientes. La subversión a la democracia representativa venezolana provino de los mismas personas, sectores y partidos que decían defenderla pero que se habían enriquecido con ella, envileciendo su institucionalidad, empobreciendo al pueblo; llevándolo al máximo no solamente de la explotación sino de un hastío generalizado y profundo que cimentó el surgimiento del controversial proceso de la revolución bolivariana. (Aclaración necesaria: he utilizado vocablo-concepto chavista como terminología política que designa un determinado momento sociohistórico que vivió y todavía vive el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Consecuente con el principio de la libre determinación de los pueblos, chavista no tiene para quien esto escribe la connotación despectiva e irrespetuosa con que lo emplean las fuerzas y sectores que adversan al gobierno de ese hermano país latinoamericano).

En el caso costarricense, el cementazo ha dejado al desnudo quienes son los que han venido subvirtiendo la democracia tica, evidenciando sectores, partidos y poderes penetrados por el tráfico de influencias, el compadrazgo político, el amiguismo insano; tanto del lado de los promotores del rompimiento del duopolio cementero, como del lado de quienes lo han defendido a muerte hasta caer en el frenesí de incurrir en una supuesta conjura mediático-política, según lo vienen denunciando algunos en las últimas semanas.

Por otra parte y en paralelo (¿o como parte de lo mismo?), la situación se agrava hasta lo que ya va siendo vox populi: que las repercusiones de la penetración del narcotráfico, del dinero sucio en el sistema financiero-bancario y del creciente poder del crimen organizado en la sociedad costarricense actual, habría llegado ya a su sistema institucional de partidos políticos y de poderes públicos para cimentarse, pudiendo impulsar a la democracia misma al despeñadero de la anarquía política y de un “narco-estado a la mexicana”. ¡Qué clase de desafío le espera al pueblo costarricense si, para empezar, se decide a castigar severa y duramente, en las elecciones de febrero, a toda esta maraña de corrupción y compadrazgos!.

ELECCIONES 2018: LAS ENCUESTAS CASTIGAN A LOS PARTIDOS DEL “CEMENTAZO”

Publicado en La Prensa Libre, el martes 5 de diciembre de 2017.

Los y las costarricenses estamos viviendo tiempos políticos inéditos de nuestra trayectoria republicana, al menos la de los últimos treinta años.

Luego de las conmociones sociales del combo ICE (que dieron fin al sistema bipartidista clásico, con el nacimiento de los partidos PAC y Frente Amplio, fundamentalmente), en el año 2000; y del “frauduréndum” sobre el TLC con Estados Unidos, en el 2007, que mostraron la fuerza similar de dos visiones de desarrollo encontradas y confrontadas (empate estratégico); presenciamos una conmoción política en el seno del propio sistema institucional de los tres poderes político-formales de la República.

Golpeado como nunca antes en su credibilidad, el Poder Judicial está tratando de demostrar la viabilidad política de su real poder: que es él, el verdadero primer poder de la República. El Legislativo, tan venido a menos en los últimos tiempos, sufrió el escarnio humillante del allanamiento de su magna sede con las incursiones de la Fiscalía General de la República. El Ejecutivo, que siempre ha tenido como característica central la debilidad del cargo presidencial, actualmente está más que constatado.

Pero el escenario que está mostrando la faceta más dramática de la conmoción política en desarrollo es el de la coyuntura del proceso electoral, mismo que está entrando en su recta final en medio de una enorme frialdad, nunca antes mostrada, ante el hartazgo de una ciudadanía que, de manera reiterada, se siente víctima de sucesivas estafas electorales cada cuatro años.

El escándalo del cementazo pareciera ser la gota que derrama el vaso de la paciencia ciudadana ante los partidos políticos que han venido administrando la cosa pública, especialmente desde el Poder Ejecutivo.

Lo del cementazo no es un caso aislado, sino la enfermedad más reciente del sistema político-institucional que se contaminó, para perjuicio de la transparencia de la Democracia, con corrupción a gran escala y corruptelas a todo nivel; con compadrazgos y tutelas complacientes a granel en favor del negocio privado con los bienes y fondos públicos; con partidos que, en esencia, renegaron de sus principios ideológicos de justicia social y se han venido centrando en la protección de intereses corporativos, especialmente los de orden macro-empresarial…

Entonces, podríamos encontrar aquí parte de una explicación al escaso apoyo que están recibiendo en las encuestas los partidos del cementazo: Liberación, Unidad (en sus dos versiones), el PAC y el Libertario.

Parece ser que el grueso de la ciudadanía electoral está pensando en brindarle un duro castigo a la clase política tradicional y a la que aspira a lograr llegar a este tipo de niveles de gestión de la cosa pública.

Parece ser que el nuevo outsider que está emergiendo y que ya llegó a una escala de preferencias similar a la de la clase política tradicional, podría estar generando la suficiente confianza como para estremecer con una eventual elección presidencial suya, con una especie de terremoto político en febrero (o abril) del año entrante.

El escenario electoral se pone muy interesante. Aunque los partidos del cementazo están siendo quebrados en las encuestas, siguen manteniendo una hegemonía de gestión político-parlamentaria compartida, demostrado ello en la tramitación totalmente opaca de la ley de aguas; y ahora, en el impulso de la draconiana reforma constitucional de la regla fiscal.

Entonces, nos preguntamos: ¿Qué les impediría coaligarse, en la sombra, si uno de los suyos pasare a segunda ronda para enfrentar la amenaza que les supone la alternativa electoral presidencial que ya les empató y que amenaza írseles adelante en días próximos?

Lastimosamente, los sectores sociales y populares, la ciudadanía cívico-patriótica, la que se inspira en los nobles ideales de la promoción del bien común y en contra de la desigualdad; no muestra una articulación táctica ni estratégica que le permitiera incidir ante el inédito escenario electoral en desarrollo.

Si vamos al fondo, esas encuestas también nos dan para interpretar que la democracia representativa está llegando a sus límites, ante la reiterada incapacidad de satisfacer las necesidades de la gente que clama por un mejor nivel de vida; pero, su contracara, la democracia participativa (que ya tiene rango constitucional), sigue sin ser aprovechada estructuralmente por quienes nos identificamos, en mayor o menor grado y en distintas velocidades y matices, con el más que vigente lema de que “otra Costa Rica es posible”.

LA AGENDA 2030 Y LAS ELECCIONES DEL 2018

Publicado en Diario Extra, el miércoles 13 de diciembre de 2017.

¿Sabrán los candidatos a la Presidencia de la República qué es la Agenda 2030? ¿Quiénes aspiran a lograr llegar a la próxima Asamblea Legislativa tendrán conocimiento de esto? ¿Qué saben al respecto las organizaciones sindicales, los movimientos sociales, las entidades cívicas preocupadas por el futuro de nuestro país?…

¿Habrá la suficiente seriedad de parte de la clase política del país para honrar a plenitud la circunstancia de que Costa Rica se convirtió en el primer país del mundo en firmar un Pacto Nacional por los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Transcribimos del documento-compromiso nacional firmado por Costa Rica lo siguiente: “En setiembre del año 2015 los Jefes de Estado y de Gobierno, así como altos representantes reunidos en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en New York, adoptan un conjunto de objetivos y metas universales transformativas, de gran alcance y centradas en las personas, comprometiéndose a conseguir su plena implementación de forma equilibrada e integrada para el año 2030, mediante una Agenda de Desarrollo Sostenible con tres dimensiones: económica, social y ambiental”.

Se trata de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, asociados a 169 metas. Trataremos de abordarlas en próximas entregas por esta vía.

Si usted visita el siguiente sitio web: http://www.ods.cr/pacto-nacional, se encontrará con el siguiente concepto (amén de amplísima información), “Los ODS son una agenda en favor de las personas, para poner fin a la pobreza en todas sus formas. Una agenda en favor del planeta y de la prosperidad compartida. Una agenda que promueve la paz y las alianzas de colaboración para lograr estas metas. Una agenda que transmite la urgencia de tomar medidas contra el cambio climático y que se basa en la igualdad de género y el respeto de los derechos de todas las personas. Ante todo, es una agenda que promete que nadie se quedará atrás”.

Recientemente, las corrientes sindicales Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), Confederación General de Trabajadores (CGT), Central Unitaria de Trabajadores (CUT); así como la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Sindicato de Trabajadores y de Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC); firmaron su adhesión al denominado “Pacto Nacional por el Avance de los ODS en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Costa Rica”.

El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, expresión relevante del sindicalismo sociopolítico actual de nuestro país, también está adhiriéndose a este trascendental proceso.

Este conjunto tan importante del Movimiento Sindical nacional dio un sólido espaldarazo obrero al proceso de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible promulgados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); mismos que Costa Rica ha decidido adoptar como parte de su política pública actual y futura.

Considerando la encrucijada electoral que estamos viviendo, misma que muestra grandes segmentos ciudadanos profundamente decepcionados con las diversas ofertas político-electorales; podría ser de gran relevancia que cada aspirante presidencial se pronunciara públicamente de lo que piensa de esta Agenda 2030; convocara a los diversos sectores sociales que la han venido firmando; y que, de manera pública, firme un compromiso de impulso fuerte a la misma en caso de alcanzar la Presidencia de la República… Pero parece que estamos pidiendo demasiado.

En todo caso, al sindicalismo nacional suscribiente del “Pacto Nacional por el Avance de los ODS en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Costa Rica”, le queda un enorme reto por sí mismo: luchar muy fuerte por su divulgación y por su impulso, por encima del gobierno que venga.

La Agenda 2030, con perspectiva sindical en su implementación, le ofrece al sindicalismo nacional una extraordinaria posibilidad de un nuevo reencuentro activo con la ciudadanía mayoritaria del pueblo costarricense, la trabajadora; misma que viene sufriendo seriamente por la desigualdad creciente que estamos experimentando como sociedad y que se expresa en diversos órdenes. Precisamente, la Agenda 2030 da posibilidades de nuevo carácter para enfrentar esa desigualdad. Ojalá nos decidamos, con voluntad política real, actuar en tal sentido con una verdadera vocación sindical unitaria

*Albino Vargas Barrantes,
Secretario General ANEP*

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