Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP
Si uno se pone a pensar en cuáles han sido los valores fundamentales para la integración social que se defendieron durante la década de los años cuarenta del siglo pasado; así como los que inspiraron la conformación de la República luego del conflicto armado de 1948, debemos concluir que el próximo Parlamento que inicia sus funciones el 1 de mayo venidero muestra diputaciones que, en contundente mayoría, no parece que serán guardianes de esos valores, en uno y otro caso.
El “todo mercado-nada Estado” entra por “la puerta grande” a la Asamblea Legislativa electa el pasado domingo 6 de febrero, pues pareciera que la excepción serán las medidas tendientes a la reducción drástica de la desigualdad; misma que a esta altura de la historia nacional parece que llegó para quedarse por mucho tiempo, es decir, se nos hizo sistémica.
Quisiéramos estar equivocados, y superar el tono pesimista de estas líneas. En tal sentido, tenemos que renovar la fe en el enorme potencial que significa la organización civil de base para reclamar de las nuevas autoridades nacionales, tanto ejecutivas como legislativas, correcciones estratégicas en el rumbo del país. Correcciones que marcan la imperiosa necesidad de la aplicación de un conjunto de políticas y medidas hacia la recomposición de la integración social y económica de nuestra sociedad, tan venida a menos en las últimas administraciones gubernativas.
Estimamos que una buena parte de las nuevas diputaciones comulga, ya sea por convicción, ya sea por intereses personales, ya sea porque deban de honrar a sus financiadores de campaña, con ese caminar atroz que lleva el neoliberalismo global; ese, el que ha propiciado la más espantosa concentración de la riqueza en toda la historia de la Humanidad.
Y es que en Costa Rica este fenómeno de la concentración de la riqueza, abusiva y ofensiva, no es la excepción. Cuando se nos informa que los bancos, las cooperativas y mutuales financieras lograron el año pasado las mayores utilidades de los últimos cinco debido a que les pagaron a sus ahorrantes intereses muy bajos por el dinero que les confiaron cuidar, nos es dable imaginar la naturaleza de tal fenómeno en nuestro país.
Obvio resulta, según nuestro entender que, sin una presión civil organizada, extendida a lo largo y ancho del país, sólidamente fundamentada en la gran cantidad de estudios realizados a lo largo de los últimos años, la sistémica desigualdad no va a retroceder.
Las comunidades que están en las zonas donde se vive con dramatismo la exclusión económica; las comunidades que presentan patologías sociales desintegradoras de la vida en familia, agobiadas por el desempleo y el crimen organizado; así como las comunidades que en áreas metropolitanas están al borde de una u otra situación, o ya están experimentando problemas al respecto; son todas ellas terreno potencial para arar la ansiada reivindicación cívica que obligue a la clase detentadora del real poder hegemónico a impulsar, por la vía de sus operadores políticos (en el Ejecutivo y el Legislativo), los cambios urgentes para una sólida estabilidad democrática de la República. Esta es la tarea de los movimientos sociales dispuestos a renovarse a sí mismos y a impulsar nuevas estrategias para el empoderamiento civil.
