Aunque venimos hablando del tema del Empleo Público en este importante espacio y en otros; ya podemos, con seria y fundamentada contundencia, puntualizar las mayores perversidades o aberraciones políticas que contiene el denominado proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo 21.336.
En el seno del grupo diputadil “multipartidista” que lo impulsa, la tramitación parlamentaria de este proyecto exhibe una combinación de perniciosos aspectos tales como: ignorancia a todo nivel, prosternación (arrodillamiento), prejuicios, oportunismo, desprecio por los valores de la idiosincrasia costarricense, desdén por las argumentaciones sólidas producto del conocimiento y de la experiencia; desprecio por la normativa del Derecho Internacional; y doble moral en cuanto a los postulados fundamentales de los Derechos Humanos, universalmente reconocidos. Además, enorme prepotencia, peligrosa arrogancia, lealtad para con intereses espurios y carente de transparencia.
Incluso, en estos días, un legislador oficialista denunció que la fracción del Partido Liberación Nacional le ofreció poner el pie en el acelerador de la tramitación de este proyecto sí él no presentaba una moción para investigar el negocio sucio del narcotráfico en el cantón de Corredores, en el cual estarían figuras políticas liberacionistas.
A continuación, citadas a modo muy general para mejor comprensión, doce de las perversidades o aberraciones políticas más notables, contenidas en el proyecto Ley Marco de Empleo Público:
1) Sienta las bases para un Estado totalitario, autoritario, electoral-clientelar. Impone un súper-ministerio de corte dictatorial: Mideplan.
2) Está cargado de inconstitucionalidades: Violenta la autonomía municipal (gobiernos locales), la de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la de las cinco universidades públicas y la del Poder Judicial.
3) Violenta la separación de poderes: El Ejecutivo controlará al Judicial y al Legislativo. Así dictaminado por los especializados servicios técnicos parlamentarios y por prestigiosos juristas constitucionalistas.
4) Es un proyecto que no puede exhibir ninguna base social de legítimo respaldo. Por ejemplo, es rechazado por la totalidad de los sindicatos costarricenses; incluso, por varias agrupaciones laborales-gremiales que han estado alineadas con el gobierno de Alvarado Quesada.
5) Es un proyecto que violenta tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos por Costa Rica; tanto a nivel del continente americano como a escala universal.
6) Es un proyecto que contradice la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), pues violenta su artículo 3 que establece la separación de los poderes públicos.
7) Es un proyecto que expresa un contenido de odio de clase jamás visto en la historia moderna del país, contra grupo laboral alguno (el sector laboral del Empleo Público).
8) Es un proyecto potenciado por el periodismo de odio y su sistemática campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de la clase trabajadora estatal.
9) Es un proyecto que no pudo fundamentar que el déficit fiscal se debe al salario que devengan las personas trabajadoras del sector público, pero sí es concebido para ocultar las verdaderas causas de ese déficit: sistema tributario injusto y corrupto; por una parte. Por la otra, la espantosa realidad del endeudamiento público y su correspondiente y obsceno pago de intereses.
10) Es un proyecto que profundiza la vulnerabilidad de la clase media, altamente endeudada, lanzándola a la pobreza, a la exclusión social y económica.
11) Es un proyecto precarizador laboral, precarizador laboral-salarial, que afectará los propios servicios públicos, ya en condición de prestación deteriorada.
12) Es un proyecto que facilitaría situaciones de acoso laboral y despidos políticos en la función pública. Exigiría, por el contrario, lealtades partidarias para conservar el puesto de trabajo.
Conclusión: El proyecto Ley Marco de Empleo Público deroga, de facto, piedras angulares de la Constitución Política de 1949. Está ocurriendo, en la práctica, un Golpe de Estado parlamentario que cercena las bases de lo que conocemos como Estado Social de Derecho. Este proyecto lleva en su contenido fundamental la extremista posición neoliberal del todo mercado-nada Estado; misma que pretende, al final del camino, la privatización-venta de las empresas públicas de gran rentabilidad que todavía siguen siendo propiedad estatal.
