Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Este martes 28 de junio, el pueblo trabajador (asalariado o no), tuvo que pagar más porque subió la tarifa de bus, aunque se anunció, prácticamente al mismo tiempo, una reducción en el precio de los combustibles. ¿Quién gana aquí? La respuesta es más que obvia.
El pasado lunes 27, el gran empresariado “ofreció” un 1% para un reajuste extraordinario en el salario mínimo pagado a la clase trabajadora del sector privado, asunto que se está “debatiendo” en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS), órgano de composición tripartita (cámaras-Gobierno-sindicatos); considerando el alza incesante en el costo de la vida en lo que va de este año 2022 y cuyo porcentaje inflacionario para la mitad del año se acerca al 9%.
Y todavía osan impulsar más explotación laboral con el funesto proyecto de jornadas 4-3, siendo que es la malnutrición y el hambre lo que está imperando en el seno de los hogares de salario mínimo. En el caso del sector laboral que trabaja para el Estado, su situación económico-financiera va en picada hacia deterioros del poder de compra del salario jamás pensados.
Una parte del mismo, totalmente minoritaria, la sigue pasando bien (por ejemplo, la alta cúpula político-gerencial y tecnocrática de los tres poderes y el resto de la institucionalidad republicana); y quienes dentro de esta cúpula estaban mal pagados, ministros-ministras y sus respectivos vices, se les aumentó, de un solo tiro, un 100%. Lo realmente injusto y dramático es que la gente de ingresos salariales medios y bajos que constituyen la abrumadora mayoría del personal de la Administración Pública del país, la está pasando muy mal.
Durante una reunión que nos concedió el Sr. Presidente, don Rodrigo Chaves Robles, en la propia Casa Presidencial, el pasado jueves 12 de mayo, le comentamos que por los graves retrocesos que está experimentando la sociedad costarricense en materia de desigualdad y de exclusión económico-social, nuestra impresión es que Costa Rica está sentada en un barril de pólvora.
De 1982 a 2022, período de 40 años, las administraciones gubernativas anteriores (5 del PLN, 3 del PUSC y 2 del PAC), dejaron al país en estado calamitoso con una deuda pública (impagable, decimos nosotros), cercana a los 50 mil millones de dólares ($50.000.000.000). Y, para nuestra sorpresa, el mandatario nos corrigió inmediatamente: ¡él afirmó que son varios barriles de pólvora en los que Costa Rica está sentada! Él y su gobierno recibieron a Costa Rica en total desastre.
¡Tiene razón el Sr. Presidente! Estamos sentados en varios barriles de pólvora. ¿Cuántos? Veamos: Se dice que bajarán el precio de los combustibles, pero no bajarán los precios de los artículos y servicios de consumo básico (no hay mejor ejemplo ahorita que el de las tarifas de autobús). Un 1% de incremento extraordinario en el salario mínimo cuando la inflación se acerca al 9% a mitad del año. Esto es prácticamente un congelamiento salarial para el sector privado que pinta de extrema gravedad, como el que ya se manifiesta en el público; al cual, por cierto, le quieren imponer un congelamiento brutal por al menos una década, sino más, con la imposición de la inconstitucional Ley Marco de Empleo Público.
¿Cómo explotarán esos barriles de pólvora? ¿A nivel sectorial, regional y/nacional? Son potenciales estallidos sociales y Costa Rica ya los ha tenido recientemente: revisen lo que pasó en los años 2018, 2019 y 2020.
Una eficaz estrategia preventiva se impone, pero la misma pasará por desafiar, sino todos, algunos contenidos del modelo hegemónicamente dominante en lo político y en lo económico, de forma tal que el egoísmo de la plutocracia reinante no termine de imponerse para desventura de la Democracia misma.
