La mayoría del pueblo trabajador costarricense, incluyendo a personas dedicadas a la actividad de la micro-pequeña y mediana empresa (que también son clase trabajadora -en nuestro criterio-), está sufriendo un delicado proceso de pauperización económica debido a diversas causas, entre ellas, ser presas de préstamos de variado orden y procedencia pero que tienen todos algo en común: el altísimo pago de intereses, tasas de usura inmorales y hasta condenables desde una perspectiva bíblica y cristiana.
Esta especie de esclavitud financiera, uno de los fundamentos de la desigualdad actual que afecta a nuestra sociedad, necesita de una férrea voluntad política de parte de las instancias republicanas con poder suficiente para empezar a combatirla, especialmente desde el Poder Legislativo; siempre y cuando sus integrantes más conscientes tengan la plena actitud de cerrarle el paso a esos poderosos grupos de reducida membrecía pero de gran fuerza económica, dispuestos a bloquear iniciativas en la línea de la abolición de la usura, por más tenues que éstas sean.
Dos proyectos de ley en esa línea de atacar la esclavitud financiera del pueblo trabajador y de abrir un espacio a procesos más sostenidos de abolición de la usura, están en proceso de tramitación parlamentaria en estos momentos. El 20.861 es para poner tope al cobro de intereses de usura. El 21.177 tiene que ver con el cobro de intereses por tarjetas de crédito.
Por lo general, a los proyectos de ley se les pone un título que no indica la esencia de su contenido; a veces por razones técnicas, otras por perversas intenciones de tratar de evitar que la ciudadanía se dé cuenta del verdadero fin político de una iniciativa, especialmente si ésta es controversial o contraria al bien común.
Uno de esos dos proyectos, Expediente Legislativo No. 20.861, lleva el título de “Adición de los artículos 36 bis, 53 inciso g, h y reforma del artículo 63 de la Ley n° 7472, De la promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, del 20 de diciembre de 1994, publicada en la gaceta n° 14 de 19 de enero de 1995”. Como podemos notar, al leer este título quedamos sin comprender de qué se trata.
Nos explicó el señor diputado don David Gourzong Cerdas, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN), que este proyecto tiene una inspiración socialdemócrata y que se pretende ponerle un límite al porcentaje de cobro de intereses de todo tipo de préstamos, así como también en las compras a crédito de artículos que la gente mucho aprecia como los electrodomésticos.
Contiene este proyecto dos estipulaciones muy importantes: por un lado, se convierte en figura delictiva el cobro usurero superior al límite establecido con las normas del proyecto; por otro, se deben ajustar todos los contratos de deuda que tengan las personas a esos nuevos límites, al momento de entrada en vigencia de esta ley.
Este proyecto de ley 20.861 que, aparte de ser iniciativa del ya mencionado legislador, también ha recibido fuerte impulso de parte de su colega parlamentario, don Welmer Ramos González, tiene unos fundamentos jurídicos muy sólidos en los que pocas veces reparamos nosotros, los esclavos financieros. Tome nota usted al respecto:
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), planea en su Artículo 21 lo siguiente: “… 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por ley”.
La Constitución Política de Costa Rica, en su Artículo 46 señala: “… Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias”.
Es decir, al ser víctima uno de intereses de usura, uno está sufriendo violación de Derechos Humanos, por una parte. Por otra, nuestra carta magna le ordena al Estado proteger los intereses económicos de la gente, procediendo a impulsar este tipo de legislación como la que promueven los señores legisladores David Gourzong Cerdas y Welmer Ramos González.
Aunque la tasa que quedaría en esta legislación seguiría siendo alta, si la analizamos con el poder de compra del salario mínimo o de niveles superiores en la concepción de salario decente, representa un gran avance en la línea bíblica y cristiana, y de justicia social, de abolición de la usura: quedaría una media del 35 %, mucho menor que las abusivas y obscenas que se cobran en compras de electrodomésticos, por ejemplo.
Este proyecto debe recibir un apoyo unánime de parte de las 57 personas legisladoras del actual parlamento. Ética y moralmente, además de bíblica y cristianamente, no puede concebirse que no sea así.
