Con enorme asombro, se han recibido las fotografías (adjuntas), sobre la ubicación de las estaciones de manipulación y descarga de armas de fuego en la sede de Sala Constitucional. En primer lugar, cuestionamos la idoneidad de la estructura destinada a la contención de un posible disparo accidental, la ubicación las dimensiones y los materiales de confección son algunas de las razones por las que se considera que la misma podría no cumplir con los requisitos mínimos de seguridad.
Ahora bien, dentro de este mismo tema, pero aún más preocupante, es lo concerniente a la ubicación de estas estaciones de manipulación y descarga de armas de fuego; puesto que, como se ve en las fotografías, estas se ubican peligrosamente tanto de personas trabajadoras del Poder Judicial, como de personas usuarias de los servicios que brinda esta institución. Nótese en la imagen que una niña se encontraba en un área en la que, si alguien comete un yerro al manipular el arma y la acciona, el proyectil podría acabar con la vida de esta menor, o la de cualquier otra persona.
La desagradable sorpresa se incrementa, al enterarnos que la riesgosa e irresponsable posición de esta estación de manipulación, descarga y guardado de armas de fuego, no es exclusiva de la sede de Sala Constitucional. Sino que, a lo largo y ancho del país, existen varias estaciones de este tipo ubicadas cerca de sectores donde hay tránsito de personas, cubículos de personal trabajador del Poder Judicial, o donde se congregan personas para hacer filas de ingreso a las oficinas judiciales. El ejemplo más simbólico, es el edificio principal de la Corte Suprema de Justicia, en el primer Circuito Judicial de San José.
Se considera importantísimo recordar el triste antecedente ocurrido en octubre del año 2019, en el sector de Upala, donde por accidente un oficial de seguridad accionó el arma y ocasionó la muerte de una inocente usuaria, madre de familia. Evidentemente, nadie desea que un episodio como ese se repita en nuestro país, y mucho menos en una institución con la visión de administrar justicia.
Se han recibido informes sobre anteriores advertencias de esta situación, realizadas ante el Consejo Superior del Poder Judicial. No obstante, según la versión de uno de nuestros afiliados, el Consejo Superior, ignoró dichas recomendaciones. Esperamos que esta denuncia no corra con la misma suerte. Sobra señalar que, ante una eventual desgracia (esperemos jamás suceda) existen responsabilidades civiles y hasta penales, que recaen sobre las personas con el deber institucional de actuar para prevenir, en este caso las y los integrantes del Consejo Superior, ostentan ese nivel de responsabilidad.
Dicho todo lo anterior, con el mayor de los respetos, y en pro del bien común, se solicita al Consejo Superior: estudiar las condiciones de seguridad, en general, que brinda el Poder Judicial, al momento de que los oficiales de seguridad, tanto institucionales como de seguridad privada, y el público en general, manipulan, entregan, guardan y/o retiran un arma de fuego. Con el objetivo de que se erradiquen los inminentes peligros que se presentan en la actualidad.
