Este lunes 1 de julio de 2013, es la fecha de inicio del segundo semestre del presente año; fecha a partir de la cual deberá regir el “aumento” salarial por concepto de alza en el costo de la vida, que debe aplicarse a las personas trabajadoras asalariadas del sector Público: Los tres poderes del Estado, así como todo tipo de entes institucionales con diversos grados de autonomía; reajuste que, además, sirve de referencia para el personal de las 81 municipalidades del país. Hablamos de unas 288 mil personas.
La ANEP y la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), insistiremos en nuestra presentación del caso ante la denominada Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, en la imperiosa necesidad de que el Gobierno de la República exprese su voluntad política ante el parlamento para que, finalmente, se apruebe el proyecto de ley que separa, desvincula, independiza, la estructura salarial del personal de ciencias médicas del país, con relación a unos 22 puestos del Gobierno Central (lo que hemos denominado como el “desenganche”).
Sin afectar en un sólo centavo el salario total actual de los médicos del país, el “desenganche” podría permitir que el policía, la secretaria, la señora que trabaja en los CEN-CINAI, el guarda que cuida escuelas y colegios públicos, el técnico, varios tipos de puestos del sector educativo y hasta profesionales, no tengan la presión que significa la ley salarial médica, No. 6836, de diciembre de 1982, en el sentido de que por cada mil colones que se les aumente en el salario base de estos y otros puestos del Gobierno Central, el personal médico nacional recibirá hasta 4 mil colones.
Con base en razones de justicia e independientemente del asunto del “desenganche”, la cifra de reajuste para el sector Público a considerar, debe vincular un porcentaje por inflación vencida y otro por inflación esperada o venidera, más un reconocimiento por crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), en aras de dar señales de una mejor distribución de la riqueza y en función de la reducción del crecimiento de la desigualdad.
En el caso de las organizaciones ANEP y CSJMP, la cifra concreta a plantear en la “negociación” y con base en los indicados parámetros, está en elaboración porque todavía se analizan algunos datos económicos y fiscales.
