Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
3 mil 600 millones de dólares es la cifra aproximada que, ¡por año!, se roban en Costa Rica las personas y las empresas que roban impuestos. ¡Sí!, roban impuestos porque la evasión tributaria y el fraude fiscal no es más que eso: vulgar robo de impuestos que, desde un punto de vista sociológico, es un crimen social. 3 mil 600 millones de dólares, en cifras se escribe así: $3.600.000.000.
3 mil 600 millones de dólares convertidos a colones, al tipo de cambio de la actualidad, 671 colones por dólar, nos indica esta monstruosísima cantidad: 2.415.600.000.000. ¿Le costó leerla? ¡A mí también! Es así: 2 billones 415 mil 600 millones de colones.
Si tomamos esta gigantesca cantidad de plata y la relacionamos con la categoría económica denominada Producto Interno Bruto (PIB), tenemos que, en la práctica, 6 puntos PIB al año, se va en robo de impuestos; 6 puntos PIB al año es la plata que no llega a las arcas del Estado-Ministerio de Hacienda. Hablamos de que, al término del año 2021, un punto PIB equivalía a unos 400 mil millones de colones (400.000.000.000). Datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
3 mil 600 millones de dólares de robo de impuestos, ¡al año!, es dato que nos dio el mismísimo Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, durante la reunión que con él sostuviéramos, en Casa Presidencial, el pasado jueves 12 de mayo. ¡Mejor fuente no se podía tener! Sus antecedentes profesionales como funcionario de la banca internacional le dan la credibilidad necesaria. Pero, además, ya se venía hablando de este estratosférico fraude tributario hace ya bastante tiempo (en cuenta, nosotros mismos).
Pero, los que han podido actuar para corregir este crimen social, nunca han hecho nada. Nunca han querido hacer nada. Hoy, al inicio del presente gobierno, hay que lanzar la más fuerte acusación cívica jamás formulada en contra de la corrupta clase política que durante las últimas ocho administraciones han sido cómplices de este crimen social.
Tal clase política corrupta ha tenido bajo su control a 3 gobiernos del Partido Liberación Nacional (Arias Sánchez, Figueres Olsen y Chinchilla Miranda); a 3 gobiernos del Partido Unidad Social Cristiana (Calderón Fournier, Rodríguez Echeverría y Pacheco de la Espriella); a 2 gobiernos del Partido Acción Ciudadana (Solís Rivera y Alvarado Quesada).
Son 32 años de fraude fiscal, son 32 años de evasión de impuestos de manera descarada, son 32 años de podredumbre en las aduanas del país, son 32 años de un sistema tributario doblemente perverso (corrupto e injusto); y, son 32 años de crecimiento de la deuda pública que hoy nos tiene al borde del precipicio.
Vienen aprobando leyes anti-obreras, vienen promoviendo legislaciones para destruir las herencias del denominado Estado Social de Derecho, vienen satanizando a las personas empleadas públicas al punto de exponerlas como criminales mediando sus violentos reportajes cargados de periodismo de odio; vienen pisoteando la mismísima Constitución Política del 7 de noviembre de 1949.
La Asamblea Legislativa que acaba de concluir sus gestiones (2014-2018), la más anti-obrera de las últimas siete décadas, no hizo algo al respecto. Se deleitó en promulgar legislación contra los derechos laborales que son Derechos Humanos y se dedicó a endeudar más el país. Terminó su gestión con un proyecto perverso de quitarle los derechos de cesantía a las personas trabajadoras cuando concluyen su vida laboral y pretenden pensionarse.
La que empezó el pasado 1 de mayo, va por el mismo sendero anti-obrero: pretende acabar con la histórica jornada de 8 horas, que tanta sangre costó para dar paso a un mayor nivel de intensidad de explotación obrera. ¡Estamos mal, pero muy mal!
