Avanza en la ya saliente Asamblea Legislativa la tramitación del expediente No. 20.595, denominado “Ley de Eficiencia en la Asignación del Gasto Público”, cuyo objetivo fundamental es, según sus proponentes, “disminuir la rigidez y reducir la presión de los destinos específicos en el presupuesto nacional”; abriendo así la puerta a brutales recortes presupuestarios, en el corto y en el mediano plazo, en sensibles programas de política social precisamente destinados a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, golpeados éstos por la indetenible desigualdad en crecimiento.
Se trata de una especie de autorización, a modo de cheque en blanco, para que la jerarquía tecnocrático-hacendaria de turno decida, según criterio político-ideológico, respetar o no, parcial o totalmente, asignaciones de ley en los siguientes casos, autorizándose para que se avance en:
• Eliminar el 20 % del impuesto general sobre las ventas para financiar a la Dirección General de Asignaciones Familiares (FODESAF).
• Eliminar los 350 millones de colones asignados para el financiamiento de los CEN-CINAI, provenientes del impuesto sobre el valor aduanero de las mercancías importadas.
• Elimina el Fondo Especial del Servicio Nacional de Guardacostas, previsto en la ley de creación del mismo.
• Elimina el financiamiento obligatorio para el Fondo Especial de Migración administrado por la Dirección General de Migración y Extranjería.
• Elimina el 3 % de los presupuestos nacionales que tramita el parlamento para financiar el Fondo de Subsidios para la Vivienda.
• Elimina el 5.25 del producto del impuesto sobre las ventas para el fondo de las Juntas de Educación.
• Elimina la asignación del 2 % del impuesto sobre la renta para financiar las asociaciones de desarrollo.
• Estamos de cara a un altísimo riesgo de erosión gigante de la inversión social, paradójicamente cuando ésta se vuelve absolutamente vital para miles de costarricenses excluidos de los beneficios del crecimiento económico, el cual sigue su impetuosa tendencia hacia mayores niveles de concentración en sectores sociales cada vez más reducidos.
Este proyecto de ley es una incorrecta decisión, amén de peligrosa, al seguir potenciando que se castigue a quienes menos responsabilidad tienen por el déficit fiscal: los sectores sociales, populares y laborales. Sin duda alguna, esta iniciativa, de obtener su aprobación definitiva, abonará el terreno para más desestabilización social.
ANEP formula una llamada vehemente de alerta a todas las personas y organizaciones, ligadas de manera directa y/o indirecta con la prestación, operación y recepción de cada uno de los servicios públicos derivados de estas asignaciones presupuestarias, para que se dispongan a tomar las medidas del caso que estos eventuales recortes se apliquen sin miramiento alguno, como lo tememos en ANEP, pese a que sus promotores diputadiles afirman que: “Hemos sido muy cuidadosos en respetar el financiamiento para las instituciones que tutelan nuestros derechos humanos. El proyecto define que la asignación presupuestaria no podrá ser inferior al presupuesto vigente en el momento de aprobación de la ley”.
En ANEP, sin embargo, creemos que el fundamentalismo fiscalista propiciador de recortes prespuestarios irreflexivos, irresponsables e irracionales, terminará imponiendo, lamentablemente.
San José, viernes 23 de marzo de 2018.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Coordinador, Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
