Por Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Miles de personas trabajadoras asalariadas del sector Público ya han empezado a sentir en sus bolsillos salariales (o están próximos a ello), los efectos perniciosos de la ya (lamentablemente), Ley de la República No. 9635, oficialmente denominada “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”; misma que el pueblo en lucha contra ella bautizó como combo fiscal, convirtiéndose en el proyecto de ley más detestado, popularmente hablando, desde la ley del combo ICE, del año 2000.
La misma situación de afectación a las finanzas familiares del resto del pueblo trabajador de este país, por la entrada en vigencia de dicha legislación, se sentirá en las próximas semanas y meses.
Todo el conjunto de circunstancias político-mediáticas y económico-sociales que rodearon el proceso de tramitación de esta Ley 9635, dentro y fuera del parlamento, no solamente está por escribirse y analizarse como fenómeno sociohistórico; sino que, la herida abierta en la sociedad por tal circunstancia sigue abierta; amén de que producto de toda esta circunstancia, la distancia entre el gobernante y los gobernados no solamente ahora es más larga que antes, sino que más profunda.
En el marco de este complejo estado social confrontativo, todos los especialistas coinciden en el papel más que crucial jugado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema Justicia, al emitir un fallo unánime (sus siete integrantes) que a más de uno dejó perplejo; por cuanto el enfoque oficialista, hegemónico-mediático y político, privó por encima de la solidez pétrea que supone la Constitución Política de la República, como el conjunto de normas fundamentales angulares de la convivencia civilizada de los y de las costarricenses y del resto de las personas habitantes de nuestro país.
¡No fue así! Desde la perspectiva con la cual nosotros interpretamos los fenómenos políticos, sociales y económicos de la lucha sindical y social, hemos estado hablando y planteando sobre la polémica decisión de la Sala Cuarta que ésta emitió el fallo constitucional de compadre hablado; viabilizando así de manera política y jurídico-formal la aprobación legislativa truculenta del combo fiscal, según nuestra visión.
Se le pasó por encima a la Constitución Política en aras de una visión macroeconómico-fiscal de una parte de la sociedad (la mediático-minoritaria, la que controla y hegemoniza el aparato republicano institucional esencial); más no la de las amplias mayorías ciudadanas y trabajadoras que han venido siendo golpeadas por un proceso sostenido de desigualdad económica y de exclusión social.
Recientemente, dos distinguidos costarricenses del campo del pensamiento político-social de la actualidad; académicos que pueden exhibir una solidez en su formación intelectual, se refirieron a la cuestionada decisión constitucional que, repetimos, nosotros conceptuamos como el fallo constitucional de compadre hablado. Dado que son criterios sumamente calificados hemos querido compartirlos con usted.
Por un lado, don Pablo Barahona Kruger, abogado constitucionalista y profesor universitario, quien fue embajador de Costa Rica ante la OEA, escribió este artículo: “Defender la independencia judicial es defender la Constitución”. Leemos en el mismo:
Fallo. Es en ese marco que debe dimensionarse la sentencia de la Sala Constitucional. Un fallo(nazo) que no resiste el análisis como yerro histórico cuyas consecuencias perniciosas para la independencia judicial serán patentes tarde o temprano. Una falla inocultable desde que el propio presidente a.í. de la Sala Constitucional reconoció, al publicar la sentencia y tratar de justificarla, que primó en ellos la consideración política de lo fiscal, desplazando insoslayablemente la criba jurídica, que es a la deberían limitarse como magistrados, y aún más, como juristas, según el principio de legalidad que les alcanza. Ninguna crisis económica -por más “asustante” que se haya propagandeado desde la oficialía que fue acompasada por los grupos de presión interesados en esta reforma –y no en otra más progresiva- valen nuestra Constitución Política. ¡Ninguna! El Estado de Derecho se defiende jurídicamente, no se discute politiqueramente”.
Otro distinguido ciudadano costarricense, don Carlos Araya Guillén, doctor en Filosofía, apuntó lo siguiente en su artículo titulado “Politización de la Sala IV”.
“Cuando el ejercicio de la justicia comienza a servir a los políticos de turno la democracia está en peligro. El control político por parte del gobierno sobre el Poder Judicial, ejercido por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que establezca la ley, acaba con el principio de la independencia absoluta entre ellos… En este año (2018) otro fallo es objeto de críticas por su parcialidad gubernamental. El Viernes 23 de noviembre dio luz verde al trámite de la Reforma Fiscal subrayando que no encontró vicios de inconstitucionalidad de procedimiento y de forma en el proyecto expediente 20580, lo que le permitió al gobierno aprobarlo por 34 votos en la Asamblea legislativa. Nuevamente la Sala Cuarta fue criticada manchando una vez más su credibilidad porque hasta la misma Corte Plena había señalado que el proyecto afectaba su organización y funcionamiento de tal manera que requería 38 votos. La intromisión de la Presidencia de la República en la decisión de la Sala Cuarta es grave para nuestras libertades democráticas. Una Sala Constitucional pro-gobierno nos llevaría a un sentimiento de pérdida de dignidad nacional en la majestad y pureza de la justicia”.
El golpe socioeconómico a la situación financiera de las mayorías ciudadanas del país; y, particularmente, la vulneración de la dignidad laboral de miles de personas trabajadoras asalariadas, fue facilitado por una descarada violación a la Constitución Política generada desde el supuesto santuario del Derecho que la debe proteger: la Sala IV. Más allá de la esfera sindical, como habrá usted notado, en otros ámbitos de la cultura y del pensamiento, se tiene la misma conclusión, la cual dicha con lenguaje nuestro es ésta: se dio un fallo constitucional de compadre hablado.
