La honorable señora Martha Acosta Zúñiga, Contralora General de la República, alza su voz (otra vez), con relación al sensible, polémico, controversial y grave problema de las finanzas públicas.
Lo hizo desde la propia Asamblea Legislativa, hoy controlada por la hegemonía del capital neoliberal, esa misma que, supuestamente, había recibido una derrota electoral en las elecciones nacionales del 2014 y bajo la tesis de “cambio”.
Le hemos puesto buen cuidado al decir de la señora contralora, aunque sea preliminarmente y con base en las principales informaciones de prensa (digital y escrita), de este día, miércoles 10 de junio de 2015.
Desde la corriente sindical que representamos, no solamente la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), sino que desde el colectivo sindical latinoamericanista PATRIA JUSTA, nos interesa, una vez más, señalar varios aspectos centrales sobre el tema, no solamente para compartir con la prensa nacional nuestra visión al respecto; sino con las personas trabajadoras asalariadas del sector Público que representamos y, en términos generales, con la opinión ciudadana que le pone mucha atención a este delicadísimo asunto.
PRIMERO: Para buscar salidas integrales, de corto y de mediano plazo al problema fiscal-tributario del país, se requiere de un gran acuerdo nacional pero no solamente al interior del parlamento, sino fuera de él. La sostenida pérdida de credibilidad en el sistema político representativo (especialmente en momentos en los cuales una cifra superior al 50 % de la ciudadanía no quiere saber nada de partidos políticos), hace necesario que en la búsqueda de ese necesario acuerdo se tome en cuenta a las fuerzas socio-laborales y corporativo-empresariales más representativas; y, en éste caso, considerar especialmente a las representaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas.
SEGUNDO: Considerando los reiterados anuncios de que en esto del déficit fiscal estamos en las puertas del “apocalipsis” y de que ha llegado ya “el fin de los tiempos”, el primer punto de un gran acuerdo sería el monto del déficit fiscal con el cual podremos vivir como sociedad y el monto del déficit fiscal con el cual no podremos vivir como sociedad. Este debate debe incluir la contabilidad pública de toda la estructura financiera del Estado, no sólo una parte de ella (Gobierno Central y sus agregados), pues lo que por años se debate como el “presupuesto general de la República”, es tan solo una parte del presupuesto general de toda la República. Costa Rica siempre ha tenido déficit fiscal pero las visiones catastrofistas y de una inminente debacle al respecto, busca entronizar el miedo y el terror económicos en la ciudadanía, con la finalidad de que “el hilo se reviente por lo más delgado”: el empleo público.
TERCERO: No podemos más que felicitar a la señora Contralora General de la República en, si se quiere, el haber formulado en esta ocasión el señalamiento más fuerte y contundente en lo que lleva de referirse a este tipo de asuntos, cuando hace mención explícita a lo que sí es ya una insostenible debacle y crimen social: el robo de impuestos. Según reporta la prensa ella indicó en este aspecto esta lapidaria sentencia que nosotros no hubiéramos escrito de mejor forma: “La evasión fiscal es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y uno de los principales desafíos en materia tributaria. Sus efectos son graves y alcanzan el campo económico, social, ético y moral. La evasión disminuye los ingresos fiscales, las posibilidades de atención de las necesidades de la colectividad, contribuye al desequilibrio presupuestarios, aumenta la corrupción, incrementa la impunidad si no es sancionada oportunamente e impacto de forma directa en la equidad y la distribución de la riqueza”. ¡Completamente de acuerdo, señora Contralora! (Subrayado nuestro).
CUARTO: En función de ello, y luego del primer punto de un eventual gran acuerdo nacional fiscal-tributario que hemos mencionado arriba; corresponde que como sociedad le entremos al segundo gran tema: EL ROBO DE IMPUESTOS, así en mayúscula. Parece que nos hemos quedado corto en cuanto a su real cuantificación: ya no sería 2.4 billones de colones, sino algo peor: ¡3.7 billones de colones! Es por ello que resulta inadmisible ceder a la presión de los ladrones de impuestos y sus vocerías político-parlamentarias, en cuanto a la necesidad de un poder real en materia de sanciones administrativas que nuevas leyes le den a la administración tributaria para combatir, implacable y eficazmente, la magnitud de semejante crimen contra toda la sociedad.Y al mismo nivel, fortalecimiento integral y a todo nivel de la administración tributaria del país.
QUINTO: Nuevamente debemos reforzar nuestra posición en cuanto a que no son los salarios de quienes laboran para el Estado, en todas sus modalidades de prestación de servicios públicos, los responsables del déficit fiscal. Rechazamos tajantemente la insana campaña de ciertos latifundios mediáticos al respecto; campaña sistemática que busca poner a la ciudadanía en contra del empleo público y del sector público. Pero si siguen insistiendo en el tema de las remuneraciones salariales estatales y en catalogarles como uno de los principales “disparadores del gasto” (muletilla neoliberal de preferencia en el lenguaje del capital neoliberal), definan lo siguiente: A) ¿De cuál tipo de remuneraciones quieren hablar? B) ¿Cuál es el tipo de empleo público que les molesta? C) ¿Por qué no dan el ejemplo y proponen una ley salarial única para regular los niveles salariales de toda la alta cúpula político-tecnocrática y gerencial-corporativa del Estado sin excepción alguna?…
SEXTO: Evidentemente, un diálogo nacional sobre este tema debe incluir nuevas políticas y metodologías para evaluar el desempeño de la persona servidora pública en el marco de reglas claras de gestión y gerenciamiento institucional propiciando que resalte la excelencia sobre la mediocridad; políticas claras para demandar la rendición de cuentas en inoperancia jerárquica en materia de ejecución presupuestaria; variaciones en el sistema de compras para reducir al mínimo la “guerra de las apelaciones” que se promueven desde el sector privado; severas directrices jurídico-administrativas en materia de ejecución de empréstitos, castigando el abuso de consultoría y/o, planillas paralelas de altos salarios en dólares;y otras de similar naturaleza.
SETIMO: Además, un diálogo nacional en el tema debe abocarse, también, a determinar en qué ámbitos de la política pública las restricciones de empleo están llegando a peligrosos niveles de violación de Derechos Humanos fundamentales y de colapso total en diversos programas sociales, producto del fundamentalismo fiscalista neoliberal de recorte presupuestario por el recorte mismo, la austeridad enfermiza y el congelamiento de plazas irracional para generar la parálisis institucional completa. Es decir, ya tenemos déficit de empleo público en áreas vitales de servicio a la ciudadanía y que el sector privado no absorberá jamás porque no hay lucro de por medio.
OCTAVO: Se debe abordar, hacer un gran estudio, una auditoría, de la deuda del país, tanto la que se debe a acreedores internos como a externos. Se debe hacer visible ante la sociedad el impacto fiscal de la misma y cuáles son las entidades, sectores y personas que han venido ganando con esa deuda, con el pago de intereses y con la misma compra de bonos del Estado en el marco de las necesidades de éste de “recursos frescos” para funcionar. ¿Cuánto se está pagando por ella, en contraposición a lo que, por ejemplo se ha dejado de invertir en seguridad ciudadana, en niñez y juventud vulnerables, en población de la tercera edad, en políticas de empleo y promoción del emprendedurismo empresarial, en prevención y atención de salud…?
NOVENO: Y, ¡por supuesto!: Dialogar y buscar acuerdos sobre las primeras medidas que se debe tomar para que cambie, en profundidad, la naturaleza del sistema tributario costarricense que es, como todo el mundo lo sabe, altamente regresivo, de forma tal que se vaya pasando a la progresividad; con medidas tales como la renta global, la renta mundial, el impuesto o Tasa Tobin a las transacciones financiero-bancarias superiores a las 10 mil dólares, entre otras. Digámoslo con fuerza una vez más: la clase trabajadora no roba impuestos. Por un lado, el de ventas (el más injusto de todos, tributariamente hablando), se paga al momento mismo de la compra, en la caja registradora. El otro, el de renta al salario cuando éste supera el monto límite exento, se hace el rebajo de planilla, inmediatamente.
DÉCIMO: Rechazamos, tajantemente, que sea a la clase trabajadora a quien “le echen los muertos” por el problema fiscal-tributario del país; especialmente, a los empleados públicos y a las empleadas públicas que, en su abrumadora mayoría y generalidad, no ganan “sueldos de privilegio”, trabajan con ética y transparencia y que son las “víctimas electorales” de los gobiernos de turno con sus políticas de restricción salarial, de recortes presupuestarios abusivos, de directrices de contención de gasto criminales y de ineficientes gestiones gerenciales de ejecución presupuestaria. Incluso, en el caso de las pocos conglomerados laborales de empleo público con cobertura de derechos vía Convención Colectiva de Trabajo (algo totalmente de orden constitucional como ha quedado claro hasta la sociedad); la mayoría de esos conglomerados laborales están en entidades públicas que no representan carga alguna para las finanzas del Gobierno Central.
A todos ellos y a todas ellas, es que les estamos llamando a que se movilicen, pacífica y sostenidamente, como nunca antes pensaron que tendrían que hacerlo, en defensa de la institucionalidad pública y contra los recortes, en defensa sus propios empleos y de la seguridad de sus familias; y, contra los ladrones de impuestos a favor de leyes severas contra el fraude fiscal.
