Tal percepción se ve reforzada con el otro impactante dato divulgado por el INEC, de que la inflación interanual, julio 2004-junio 2005, fue de un 13.76 %.
Los datos podrían haber sido más dramáticos si los parámetros de medición estuviesen plenamente actualizados. Recordemos que se trabaja con la información de la Encuesta de Ingresos y Gastos que data de 1988.
Estos datos nos llevan a emitir tres conclusiones básicas sobre la política económica vigente; conclusiones que, como es lógico suponer, se elaboran a partir de una perspectiva laboral producto de nuestra naturaleza organizativa:
Primero: La alta inflación golpea, con mayor énfasis, a las personas asalariadas, tanto del Sector Privado como del Público. Los reajustes salariales ni compensan la inflación semestral vencida ni, mucho menos, aumentan el poder de compra del salario.
En el caso del Sector Público, el rezago salarial crece semestralmente; en el caso del Sector Privado, es casi imposible verificar si el empresariado honra, completamente, los porcentajes de reajuste salarial definidos que, a veces, se acercan en el papel (más que en el Estado), a la cifra inflacionaria.
Pero en cualquier caso, tan pronto como el ajuste del mínimo salarial se hace, los salarios son brutalmente golpeados por el incremento inmediato en el costo de la vida. En definitiva, la clase trabajadora asalariada vive un proceso sostenido, sistemático y casi irreversible de empobrecimiento y de deterioro de su calidad de vida.
Segundo: Los responsables de la conducción estratégica de la política económica vigente, inspirados en la filosofía neoliberal y que han servido sin problemas a los sucesivos gobiernos del PLUSC, de los últimos quince-veinte años; siguen sin dar cuentas de sus actuaciones, las cuales, evidentemente, han perjudicado el bienestar de la mayoría de la población.
Han privilegiado la satisfacción de los intereses de ciertos sectores exportadores y de grandes y concentrados grupos financieros, así como de grandes importadores, generando las condiciones macroeconómicas necesarias para apuntalar el odioso y sostenido proceso de concentración de la riqueza que vive la sociedad costarricense y que es la base del abusivo poder político que hoy ostentan tales grupos.
Tercero: Dentro de tal estrategia, hay un tema profundamente tabú en la política macroeconómica de los grupos de poder: la obsesividad por la estabilidad macroeconómica, buscada por medio de mecanismos como el de la deuda interna. Esta situación no sólo ha disminuido los salarios y ha concentrado la riqueza, sino que ha permitido y todavía facilita, la gestación de grandes fortunas altamente concentradas, producto de las necesidades fiscales del Estado costarricense.
Ese mismo Estado que tales grupos han estado controlando en los últimos años y que, paralelamente, tiene diseñada una estructura tributaria débil, laxa y cómplice de tal estado de cosas en lo fiscal.
No hay duda alguna de que la carestía de la vida, las restricciones salariales y la concentración de la riqueza son consecuencias directas de una política económica totalmente equivocada en todos estos años. Sus responsables deben ser objeto del juicio popular y cívico que está pendiente.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
San José, 5 de julio de 2005.
