Estimado señor:
En primer término, expresamos a usted el más atento y respetuoso de nuestros saludos.
Nos ha parecido necesario que la entidad contralora a su digno cargo proceda a determinar la legalidad de una decisión adoptada por el Poder Ejecutivo, de tomar la cantidad de C. 1.000.000.000.oo (mil millones de colones), de los denominados fondos de preinversión administrados por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), “para ayudar al proceso que está llevando a cabo el Ministro de Comercio Exterior, señor Alberto Trejos, relativo al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos”.
Así se desprende del Oficio DM-292, fechado el 17 de febrero del 2003, dirigido por el señor Ministro de Hacienda, señor Jorge Wálter Bolaños Rojas; al señor Jorge Polinaris Vargas, Viceministro de MIDEPLAN. Le adjuntamos copia de dicho documento.
Tenemos conocimiento de que tales fondos de preinversión se generan a partir de un Contrato de Préstamo celebrado el 16 de noviembre de 1989, entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto de seis millones de dólares; contrato de préstamo aprobado por la Asamblea Legislativa, mediante la Ley No. 7376, emitida el 23 de febrero de 1994. Posteriormente, se emitió por parte del Poder Ejecutivo, el Reglamento del Fondo de Preinversión, según Decreto No. 24658-PLAN, emitido el 21 de setiembre de 1995.
Aparte de determinar si esa decisión es correcta, jurídicamente hablando y si así lo fuere, nos parece importante que se determine el control del gasto de esos dineros y si el ente contralor ejerce fiscalización y demanda rendición de cuentas sobre ello. Por el contrario, si resultara ilegal de decisión indicada en el oficio que firma el actual Ministro de Hacienda, solicitamos indicarnos cómo se procederá para demandar las debidas responsabilidades, considerando que esos dineros el país debe honrarlos al provenir de un préstamo que todos los costarricenses deberemos pagar.
Las personas a las que hemos consultado sobre el particular, con conocimiento de causa, han opinado entre otros aspectos, que esos mil millones de colones debilitarán los proyectos que sí correspondería ejecutar al amparo de esos fondos de preinversión; por ejemplo, los estudios de catastro y de planes reguladores que tanta falta hacen a los gobiernos locales.
Valga indicar, además, que en la misma carta del Ministerio de Hacienda a MIDEPLAN, se dispone otro traslado de dineros, adicional al que se hace para el asunto del TLC. Se trata de 300 millones de colones “para inversión en el proceso de cultura tributaria”, según se cita en la citada correspondencia. El fin es más que necesario y debemos respaldarlo, pero, ¿es correcto, al igual que en el caso anterior, este tipo de transferencias?.
Con la esperanza de que el señor Contralor General le dé la debida atención a nuestro planteamiento, nos es muy grato suscribirnos, no sin antes reiterarle nuestro mayor respeto y consideración,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
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c.: Lic. Rodrigo Alberto Carazo Zeledón, Diputado de la Asamblea Legislativa.
c.: Junta Directiva Nacional.
c.: Archivo.
