Estimado señor:
Respetuosamente le solicitamos el debido derecho de respuesta consagrado en nuestro ordenamiento jurídico.
El “pueblo” de La Nación
Con gran desconfianza acerca de la política ética del diario La Nación para la equidad informativa, lo que nos hace dudar acerca de que este comentario sea publicado íntegramente; hacemos alusión a su editorial del miércoles 28 de mayo del 2003, titulado, manipuladoramente como es lógico suponer en este medio periodístico, “Corrupción institucional”; refiriéndose a las últimas actuaciones de la dirigencia sindical nacional, en las actuales circunstancias nacionales de grave confrontación social. Como se aludió explícitamente a la ANEP, no dudamos de que la legalidad nos asiste para invocar el debido derecho de respuesta.
El Grupo Nación, cuya empresa emblema es el diario La Nación, está muy dolido porque uno de los suyos, a quien pusieron como Ministro de Hacienda, ha decido “renunciar” a su alto cargo, a propósito del conflicto ICE; alegando que esta institución nunca le suministró su información financiera, “seria, suficiente y transparente”. Este argumento se ha venido al suelo en varias ocasiones, sin embargo, “tirar piedras teniendo techo de vidrio” descalifica una argumentación que pretende ser sólida.
Por ejemplo, durante la discusión en el seno de la Comisión Mixta para el Pacto Fiscal, a propósito del proyecto, luego Ley de Contingencia Fiscal, fue claro y notorio que el jerarca saliente de la cartera de Hacienda, suministraba informaciones contradictorias, insuficientes, sumamente informales y cambiantes. Esto fue advertido y criticado reiteradamente por diputados y asesores de dicha comisión y así consta en las actas.
Por otra parte ese ministro tan transparente, junto a su homóloga de la Presidencia, hoy saliente también; estuvieron de acuerdo en modificar una ley vía decreto ejecutivo, a contrapelo del dictamen técnico de la propia Dirección General de Tributación; emitiendo un reglamento para variar la metodología legal del cálculo impositivo; con lo cual no solamente se influiría en un proceso judicial en curso que tiene el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), contra fábricas de cerveza y refrescos; sino que estas empresas podrían verse beneficiadas en una reducción de sus obligaciones impositivas de hasta los ¡20 mil millones de colones!.
La visión ideológica dominante en la conducción política del país, de la cual La Nación es su “buque insignia”, la lleva a arrogarse la representación del pueblo, al interpretar que cuando ella habla, habla la gente. Qué clase de pueblo es ese que La Nación cree representar, cuando editorializa sobre una conferencia de prensa de carácter sindical (la convocada por ANEP), que no quiso cubrir; sabiendo como sabe que a través de los sindicatos se expresa la opinión de la clase trabajadora y el sentir de una amplia mayoría ciudadana que ve con simpatía nuestras causas.
Una gran cantidad de pueblo trabajador no lee La Nación, dichosamente. Otra parte importante de la clase media, lo lee críticamente. Un amplio segmento de lo que denominan clase política detesta sus posiciones y nos lo externan muy a menudo, en privado, por supuesto.
Así que el “pueblo” de La Nación está formado por sectores económicos y financieros que ven sus intereses reflejados en el enfoque ideológico-informativo de sus publicaciones, editoriales y columnas; sectores que si bien tienen un gran poder, cuantitativamente hablando son minoritarios. No puede, entonces, La Nación hablar por el “pueblo”.
La perversidad del enfoque ideológico de La Nación contra los sindicatos es más que evidente, cuando hace el enlace malévolo del concepto “corrupción institucional” con los planteamientos sindicales. Es la única vía que han encontrado para descalificar la acción social de carácter cívico de las organizaciones laborales en defensa de una sociedad inclusiva, de solidaridad y de equidad distributiva, con transparencia y rendición de cuentas. Por cierto que este enfoque infamante, calumnioso y difamatorio podría abrir un debate jurídico-penal al que no renunciamos. La Nación tiene ya bastante experiencia en estas lides y, por cierto, no le ha ido muy bien.
Podríamos debatir sobre este tema y para establecer cuántos “corruptos” del sindicalismo están en el poder, el de verdad. Cuántos son los corruptos de la acera de enfrente que han utilizado los altos cargos para tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, favorecimiento personal, evasión impositiva, receptores de exenciones por productos fantasmas, etc., etc. Podemos garantizar que estas personas no proceden, en absoluto, de las filas del Movimiento Sindical Costarricense.
La Nación sabe perfectamente que su visión de país, con todo el derecho que tiene de ostentarla, no es la que posee la abrumadora mayoría de la población costarricense. La Nación “entiende” de negocios, de transacciones bursátiles, de politiquería; La Nación por el poder de incidencia que ostentó y que hoy está bastante disminuido, no entiende la nueva naturaleza del desarrollo de la democracia costarricense; dentro de la cual, algunas de las más importantes organizaciones sindicales, ¡oh herejía!, hemos tenido la capacidad de plantearnos un proyecto de país solidario y de sociedad inclusiva; hemos tenido la capacidad de generar alianzas sociales y multisectoriales impensadas y hemos tenido la capacidad de encontrar apoyos solidarios y comprometidos en las más altas esferas del poder político formal, como la propia Asamblea Legislativa.
Finalmente, nos resistiremos hasta el último aliento de nuestras fuerzas y de nuestras vidas, a someternos a la dictadura ideológica y política que La Nación quiere imponerle a este país. No descansaremos hasta lograr el desarrollo de una sociedad democrática, altamente participativa y de fuerte carácter inclusivo; una sociedad de alta tolerancia en la cual hasta La Nación tenga cabida, pese a su propia intolerancia.
Este sueño, este compromiso, este anhelo, esta esperanza es la de miles y miles de compatriotas; tantos y tantos que el “pueblo” de La Nación no puede igualar, pese a los miles y miles de millones de colones que acumulan las personas que se ven reflejadas en los intereses defendidos por este medio de comunicación colectiva. Si defender la Patria, la institucionalidad y el bien común es un acto “irresponsable”, pues bien, seguiremos siendo “irresponsables”.
Muy atentamente,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
—-
c.: Junta Directiva Nacional.
c.: Archivo.
