La Imprenta Nacional brindó al citado legislador el mismo trato que se le da a cualquier solicitud de impresión de trabajos proveniente de las entidades públicas. En este caso, con mucha atención considerándose que la petición provenía en papel oficial de la propia Asamblea Legislativa, considerado el Primer Poder de la República.
La institución toma nota de que podría haber alguna irregularidad cuando al cancelarse el trabajo ordenado, se notó que la fuente de pago era una entidad privada. Nunca nadie advirtió a la Imprenta Nacional que la cancelación del tiraje del ya famoso calendario se haría de tal forma. Si así hubiese sido, si tal prevención hubiese sido conocida por los responsables administrativos, el trabajo se habría rechazado.
Por tanto ningún trabajador o trabajadora de la Imprenta Nacional puede ser sancionado, aunque se hayan abierto procesos para determinar “responsabilidades” mismas que no cabrían por cuanto nada ilegal se hizo.
Por el contrario, el personal de esta entidad pública pide, con contundente vehemencia, que no se le inmiscuya en el pleito de politiquería barata que se ha originado en torno al citado comentario; rechazando, de manera enfática, las pretensiones de los diputados del Movimiento Libertario para que sean ellos, los trabajadores, quienes paguen los platos rotos.
La clase trabajadora costarricense ya sabe muy bien que los denominados “libertarios” son los grandes defensores de los patronos y es lógico esperar de ellos ataques a los trabajadores.
San José, 27 de mayo del 2003.
