La grave crisis socioeconómica que está viviendo el país, motivada en parte por los altos precios del petróleo en el mercado internacional, obliga a las máximas autoridades del Gobierno de la República a manejar un abanico de opciones de sobrevivencia; dentro de las cuales no puede excluirse las gestiones directas ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo Presidente Constitucional, el Dr. Hugo Chaves Frías, ha mostrado una gran sensibilidad para entender las dificultades de las economías de los países latinoamericanos.
Resultaría inaceptable que por consideraciones políticas transnochadas y por una excesiva servidumbre para con los intereses de los Estados Unidos de América, los y las costarricenses tengamos que sufrir una escalada de precios sin control, la cual se origina justificada o malintencionadamente, en el vaivén hacia arriba de las cotizaciones internacionales del precio del petróleo; precios que se dispararon luego la invasión estadounidense a Irak.
Sería inaudito someterse a cavernarias posiciones ideológicas internas, cuando el propio Gobierno de El Salvador, también constitucional, conocido por su docilidad inquebrantable a los intereses estadounidenses, ha decidido tocar las puertas del Gobierno de Venezuela en tal sentido.
El actual Gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela, es producto de elecciones democráticas y libres, cuya legitimidad está más que certificada por un pueblo que tiene una herramienta constitucional de la cual en Costa Rica se carece: el referéndum revocatorio. El mandatario venezolano Dr. Hugo Chaves Frías se sometió al mismo y fue contundentemente ratificado en el cargo.
Vistas así las cosas, si el Gobierno de la República y, particularmente, el Presidente Dr. Abel Pacheco de la Espriella, realmente están preocupados por la acongojante situación del precio de los combustibles, deben proceder de inmediato a entablar negociaciones directas con el Gobierno constitucional de Venezuela, apelando a la solidaridad del mismo, ya muchas veces demostrada en el escenario internacional.
Paralelamente, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben actuar con celeridad y con real voluntad política, para revisar la injusta estructura impositiva que pesa sobre el precio de los combustibles en nuestro país.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
San José, 5 de setiembre de 2005.
