Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
El deterioro de la Democracia Representativa es una circunstancia sociopolítica innegable, especialmente al acabarse el histórico sistema tradicional bipartidista, mismo que intentara remozarse o camuflarse con el surgimiento del Partido Acción Ciudadana (PAC), la más grande estafa política de los últimos tiempos.
Ese deterioro de la Democracia Representativa ha sido de tal magnitud que no solamente se ha reflejado en que los partidos políticos tradicionales (ahora 3), están partidos a su interior; sino que, las nuevas colectividades partidarias no muestran coherencias político-programáticas e ideológicas, sino que son personalismos de ocasión sus ejes motivadores centrales.
El vacío de credibilidad que ha venido generando la Democracia Representativa, a partir del deterioro acelerado de la confianza de los gobernados en sus gobernantes, luego de que éstos se muestren en el ejercicio del poder como verdaderos estafadores políticos; empezó a potenciar el surgimiento de otra forma de democracia, la Democracia de la Calle, misma que tuvo su surgimiento potente en la acción pública con ocasión de las protestas cívicas del combo ICE, en el año 2000.
La Democracia de la Calle ha venido prestigiándose y legitimándose, generando la furia, la cólera y la ira de los sectores hegemónicamente dominantes, los del gran capital neoliberal y su prensa oficial; al punto de que ahora pretenden cercenar la crecimiento cuantitativo y cualitativo de la misma, con la proscripción del derecho de huelga y de manifestación; abriendo paso a la imposición de un ejercicio autoritario, totalitario y dictatorial de la gestión pública.
El crecimiento del desempleo, de la precarización de los salarios y la rebaja de los mismos, el potenciamiento de la destrucción de la otrora pujante clase media (hoy acosada más, económica y financieramente hablando, con el combo fiscal-Ley 9635), ha encendido las alarmas y ha puesto en alerta roja a los grupos económicos acumuladores de gran riqueza, siempre dominantes.
La decisión estratégica que han tomado para incrementar su tasa de ganancia con la apropiación final de los bienes públicos de alta rentabilidad que todavía no han podido pasar a ser patrimonio privado y fuente de lucro mercantil, les lleva a intentar, mediando legislación, cerrar las vías democráticas de la protesta social y de la resistencia civil.
Saben muy bien estos grupos dominantes y sus operadores políticos, tanto a nivel del Ejecutivo como del parlamento, que la resistencia a la exclusión social y económica y al empobrecimiento generalizado tiende a crecer, tanto en variedad como en mecanismos de autodefensa civil y obrera; por tanto, les resulta urgente el control social punitivo, con la perversa visión ideológica que la protesta es un acto delincuencial. ¡Han decidido criminalizarla!
Lo que tenemos en puertas es la apertura de una fase de la convivencia democrática y republicana marcada por el autoritarismo, con formas totalitarias y dictatoriales.
Ciertas conciencias ciudadanas, sometidas a la más grande manipulación mediática de los últimos tiempos, estiman que se trata de una acción “necesaria” ante los presuntos abusos sindicales; cuando en realidad, es que vamos a ser insertos en una de las fases más crudas de la imposición total del neoliberalismo en nuestra sociedad, el cual, en esencia, es autoritario per se.
No habrá ley alguna que pare la protesta social, que frene la resistencia cívica, que castre ala legítima defensa ciudadana si sigue avanzando el hambre, el desempleo y el empobrecimiento.
